Las actuaciones tuvieron origen en octubre de 2015 a partir de escuchas telefónicas y tareas investigativas por parte de Prefectura Naval Argentina, luego de tomar conocimiento de distintas maniobras de personas posiblemente dedicadas al tráfico de estupefacientes. Así, se intervinieron los abonados de Jorge Adrián Molina y otro hombre, junto con otras líneas relacionadas a ellos. Así se pudo saber que el primero comercializaba marihuana a ciudadanos oriundos de Chaco y en la capital correntina, con el segundo también involucrado.

Las escuchas permitieron determinar que Molina se encontraría el 5 de mayo de 2016 con una persona -luego identificada como Claudio Esquivel- en una estación de servicio, por lo que se efectuó una vigilancia con personal de civil y móviles no identificables. Pasado el mediodía, pudo identificarse a Molina a bordo de un Renault Clio, al que se le acercó un Fiat Uno con vidrios polarizados. Luego de reanudar su marcha, Molina descendió de su vehículo para luego abordar el otro hasta ser perdidos de vista. Cerca de la tarde de ese mismo día, ambos vehículos fueron identificados y posteriormente detenidos. En el primero de ellos viajaban Molina y Esquivel junto con un menor de edad, mientras que el Fiat Uno era conducido por Juan Sebastián Romero. Este último llevaba en paneles de las puertas y en el motor cuarenta y un paquetes rectangulares de color plateado con un peso de más de 36 kilos con una sustancia que arrojó resultado positivo para marihuana.

Mediante las intervenciones telefónicas se constató que se trataba de una organización delictiva abocada al tráfico de estupefacientes, en la que Molina era encargado de comercializar y organizar el transporte, con la colaboración de otras personas, entre ellas Romero y Esquivel. También se pudo comprobar a través de los mensajes que obtenía las sustancias a través de otro de los hombres identificados, para luego comercializarlas en distintos puntos del país. De esta manera, Molina fue imputado por el delito de organizador de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas, mientras que Romero y Esquival fueron señalados como responsables del delito de transporte, también agravado por la cantidad de intervinientes.

En su alegato, el fiscal Carlos Schaefer solicitó una pena de diez años para el líder de la organización, y cinco años de reclusión para los otros dos imputados. El 29 de abril, el Tribunal Oral rechazó los pedidos de nulidad planteados por las defensas y condenó a Molina a nueve años de cárcel y una multa de cinco mil pesos, mientras que Esquivel y Romero fueron sentenciados con cinco y cuatro años de prisión, respectivamente. Ambos acusados fueron excarcelados por estar detenidos desde mayo de 2016, un planteo que el Ministerio Público Fiscal compartió sólo en el caso de Romero.