Judiciales y Policiales
Por desmanejos de fondos públicos

Recta final en el juicio al ex gobernador Arturo Colombi

Sonriente, Arturo Colombi aguarda la finalización del juicio, junto al ex legislador José "Camisón" Roldán y al abogado penalista Jorge Barboza. (Foto: NOVA)

En el contexto del juicio que se lleva adelante contra el ex gobernador de la provincia, Arturo Colombi, y funcionarios de su gobierno por supuestos actos de corrupción, los abogados defensores alegaron este jueves que no están claros los hechos que se les adjudican a los imputados y tampoco qué normas se habrían infringido.

En el contexto de las últimas jornadas del juicio oral y público que se lleva adelante al ex primer mandatario, durante la jornada del jueves 8 de mayo la fiscalía había pedido penas de hasta cinco años de cárcel para los ocho acusados de supuestas maniobras económicas en el Estado por las que se habrían beneficiado económicamente.

Para el fiscal Gustavo Robineau, “todos los enjuiciados, estando en cargos públicos, cometieron de manera sistemática y continuada, abusando de sus funciones, delitos al distribuir la pauta oficial de manera arbitraria e irracional: canalizando así una decisión política”.

Es por ello que pidió que se condene a Arturo Colombi a la pena de cinco años de cárcel; al ex  ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Emir Fagúndez, a la pena de cuatro años; y al ex director de información pública, José Luis Zampa, a cuatro años.  

También se pidieron penas por el delito de “negocios incompatibles”. Por esto está acusado el ex legislador José “Camisón” Roldán, para quien pidieron cuatro años de cárcel, y el funcionario de información pública, Carlos Lezcano, tres años.  En tanto, para Raúl Lértora, se pidió tres años, y por el delito de “incumplimiento de los deberes” solicitaron un año y medio para Héctor Herrero y para Pedro Florida; y un año para Ramón Zacarías.

La acusación que pesa sobre ellos es la ejecución de maniobras, entre enero de 2007 y septiembre de 2009, en las que se habría violado un “marco normativo” (constituido por leyes y decretos) que estimula grosso modo la gestión de publicidad oficial.

Para ello, en connivencia con el ex legislador nacional José Rodolfo Martínez Llano y uno de sus socios, Hernán González Moreno, se constituyó una firma llamada “Agencia Corrientes” por medio de la que se desviaban fondos del Estado provincial que administraba la propaganda oficial.

Debido a la desidia del Ministerio Público Fiscal, la acusación contra Martínez Llano fue desestimada y González Moreno apareció muerto en 2009. Sólo quedó imputado su ex empleado –devenido en funcionario- José Zampa y los funcionarios gubernamentales de la época.

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