Judiciales y Policiales
Venta irregular de terrenos

Esquina: habrían echado a la funcionaria detenida

Una de las detenidas es llevada a la unidad policial. Esquina carece de lugares para albergar a los imputados.

Una funcionaria de la Municipalidad de Esquina fue detenida por su posible vinculación en maniobras por las que se comercializaron terrenos de un empresario en esa localidad.

Se trata de María José Aguirrezábal, encargada de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Esquina, y tras su vinculación en el caso el Poder Ejecutivo habría establecido su suspensión en el cargo.

La abogada, actualmente detenida por orden del Juzgado de Instrucción de Esquina está investigada por supuestamente haber intervenido en maniobras de falsificación de documentos para la venta de predios pertenecientes a terceros.

La causa que lleva el número 8513/19 tiene nueve involucrados, entre los que se encuentra un funcionario de una fuerza de seguridad federal, tres abogadas y un escribano.

En las últimas horas se habría otorgado la prisión domiciliaria a una de las involucradas, Mirta Zulma Ojeda, luego de que el escribano Daniel Alberto Granero fuera beneficiado con la libertad condicional tras el pago de 350.000 pesos de fianza.

Tras esto fueron detenidas las abogadas, entre las que se halla la funcionaria del gobierno local, Aguirrezábal. En línea con el estilo del intendente, la misma funcionaria antes de ser detenida habría “apretado” a un comunicador de esa localidad por hacer pública la existencia de la investigación judicial.

No es la primera vez que la letrada está involucrada en un escándalo. A principios de año había sido vinculada a un escándalo que tuvo trascendencia nacional y en el que también tenía relación el intendente Hugo Benítez.

Fue cuando trascendió la existencia de supuestas irregularidades que fueron difundidas por mensajes de audio y de texto que se filtraron y que, supuestamente, fueron enviados desde el teléfono celular del jefe comunal.

En ellos, también existen diálogos entre Benítez y Aguirrezabal en los que acuerdan el manejo de dólares y euros, supuestamente de fondos locales, como también arreglos de encuentros sexuales, los cuales parecieran ser habituales.

Secreto de sumario

En la causa por supuesta venta irregular de terrenos, el Juzgado de Esquina estableció el secreto de sumario mientras se llevan adelante una serie de medidas para la producción de pruebas.

La causa había sido iniciada luego de que Rubén Teodoro Casares, un empresario esquinense acusó al escribano Daniel Alberto Granero y a Mirta Zulma Ojeda por los delitos de “desbaratamiento de derecho acordado, adulteración y falsificación de documento público o lo que en derecho penal se pudiera tipificar”, maniobras en la que habría intervenido la abogada, entre otras profesionales.

Lo que se les endilga es la venta de 20 terrenos que habían sido adquiridos por el denunciante pero que, posteriormente, se enteró que habían sido vendidos sin su consentimiento y, presuntamente, con documentos falsos.

El denunciante declaró en sede judicial que esos terrenos los había comprado en 2013 a los herederos de un hombre fallecido, propietario titular, en una operación concretada en Buenos Aires. Pero luego, cuando realizó una consulta, descubrió que la misma tierra había sido registrada por la señora Ojeda.

Según el denunciante, para concretar la inscripción y posterior venta “la señora Ojeda y el escribano Granero han falsificado los instrumentos públicos en las escrituras, es decir, han falsificado la firma de un muerto”.

Para fundamentar esto se habría dado a conocer que en el registro de protocolos de trámites inmobiliarios no existían pruebas de la legalidad de los procedimientos realizados para la venta de estos terrenos.

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