En tanto los ex funcionarios radicales Jose María Roldan, Carlos Lezcano, Raul Alfredo Lértora, Héctor Horacio Herrero, Rufino Zacarías, Pedro Rafael Iván Florida, fueron absueltos de los delitos de los que se le acusaba.

La causa por la que fueron juzgados se originó a raíz de una denuncia respecto de la supuesta ejecución irregular de maniobras -entre enero de 2007 y septiembre de 2009- en las que se habría violado un “marco normativo” (constituido por leyes y decretos) que ordenaba la gestión de publicidad oficial.

Con el fin de concretar las maniobras el entonces gobernador actuó en connivencia con el ex legislador nacional José Rodolfo Martínez Llano y uno de sus socios, Hernán González Moreno quienes constituyeron una firma llamada “Agencia Corrientes” que recibía fondos del Estado provincial y administraba la propaganda oficial.

Tras la denuncia, y debido a la desidia del Ministerio Público Fiscal, la acusación contra Martínez Llano fue desestimada y González Moreno apareció muerto en 2009.

Es por ello que sólo quedó imputado su ex empleado -devenido en funcionario de la Dirección de Información Pública- José Zampa y los funcionarios gubernamentales de la época.

Estos, junto a otros ocho administrativos estatales fueron procesados y llevados a juicio. El debate había iniciado en diciembre del año pasado, pasó a un cuarto intermedio y continuó este año, por lo que el proceso de juicio oral estuvo abierto durante seis meses.

Este lunes 21 de mayo finalizó el proceso con una sentencia de carácter político, ya que ninguno de los imputados irá a la cárcel, nadie devolverá el dinero público desviado, pero todos los implicados quedaron fuera del juego de la política, al menos desde lo electoral.