Judiciales y Policiales
Amenazas de muerte

Corrupción en la Justicia: imputan a un secretario que espiaba el teléfono de su pareja

Pablo Molina, junto al juez Carlos Soto Dávila. (Foto: NOVA).

El Ministerio Público Fiscal de Corrientes solicitó al juez federal Juan Carlos Vallejos que cite a indagatoria al exmagistrado Carlos Vicente Soto Dávila y a Pablo Molina por estar acusados de “pinchar” teléfonos para espiar a las mujeres que eran pretendidas por el ex secretario federal del Juzgado Federal N° 1.

Ambos están separados del cargo porque, además, están sospechados de cobrar coimas para liberar a narcos.

De la investigación se desprende que Molina, con la firma de Soto Dávila, había ordenado también escuchas a su actual pareja, debido a que sospechaba que ésta lo engañaba con otro funcionario.

En uno de esos audios se escucha cómo Molina amenazó de muerte a la fémina al decirle que sospechaba de sus infidelidades.

El pedido de citación fue realizado el mes pasado, pero trascendió en los medios nacionales esta semana a través de un programa televisivo.

Se trata de una nueva causa en la que el ex juez y su secretario fueron acusados por los posibles delitos de “falsificación ideológica, estafa procesal y amenazas de muerte”.

La acusación es respecto a escuchas telefónicas realizadas en forma ilegal y que quedaron guardados en los 5.000 discos compactos que fueron incautados del despacho de Soto Dávila por orden del juez porteño Sergio Torres, quien los investiga por sus vínculos con los narcos.

Justamente estos audios evidencian que Molina habría amenazado de muerte a una mujer con la que mantenía una relación sentimental. Un investigador reveló que “de los audios se desprenden cuestiones muy delicadas, entre las cuales está el hecho de que el secretario Molina amenazó atentar contra la vida de una persona con términos irreproducibles”. 

La acusación también alcanza al exjuez federal Carlos Soto Dávila, a quien se lo acusa de haber autorizado, con su firma, la intervención de teléfonos pertenecientes a personas que no eran investigadas. 

Los ex funcionarios están sospechados de elaborar oficios judiciales en los que ordenaban “pinchar” líneas telefónicas de mujeres e incorporaban esas órdenes en causas judiciales activas. 

Asimismo, incluían los números telefónicos de personas que carecían de relación con los delitos investigados, pero cuyas actividades privadas eran de interés de los funcionarios.

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