El aeropuerto capitalino también estuvo sin actividad ya que los empleados aeroporturarios se plegaron a la huelga. Aerolíneas Argentinas canceló todos los vuelos. Desde esa firma informaron que “los pasajeros afectados ya tienen disponible la posibilidad de cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron”. Sólo partió un vuelo de la empresa Flybondi, pero con menos de la mitad del pasaje habitual.

Esta situación tuvo repercusión en otros servicios públicos y fue tomada por el gobierno para minimizar los efectos de la medida de protesta que en Corrientes estuvo direccionada contra las políticas de Mauricio Macri y de Gustavo Valdés.

El paro se sintió especialmente en las escuelas donde, según el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, en la ciudad de Goya la adhesión fue del 90 por ciento, en Esquina el 90 por ciento, Curuzú Cuatiá 90 por ciento; Monte Caseros 86 por ciento, Itatí 88 por ciento, Mocoretá 86 por ciento; Bella Vista 82 por ciento; Mercedes 75 por ciento; Paso de los Libes 75 por ciento; Santo Tomé 72 por ciento; Ramada Paso 70 por ciento; Saladas 70 por ciento; Virasoro 70 por ciento, Capital 65 por ciento, mientras que en las zonas rurales y subrurales la adhesión al paro docente fue aún más alta que en las zonas urbanas.

Las sucursales del Banco de la Nación Argentina estuvieron cerradas en toda la provincia, por lo que se paralizaron los trámites financieros, al igual que en las entidades bancarias privadas. Sin embargo, el banco de la provincia trabajó en forma normal.

También estuvieron abiertas oficinas provinciales como el Instituto de la Obra Social de Corrientes y la Dirección de Energía. Las sedes de los organismos nacionales como ANSES y PAMI también atendieron, aunque el Correo Argentino permaneció cerrado.

Durante la jornada, una columna de integrantes de organizaciones sociales y sindicales marcharon al Instituto de Vivienda de Corrientes para reclamar la construcción de viviendas sociales y denunciar la crisis habitacional que afecta a la provincia.

Estuvieron ausentes las organizaciones sociales que adhieren al Frente para la Victoria, en un guiño de la conducción histórica del PJ al macrismo.

Participaron la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Federación Obrera de Base (FOB), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Choferes en pie de guerra

Tras el final de la jornada de protesta, se anunció que en dos semanas habrá un nuevo paro del servicio del transporte urbano de Corrientes. La Unión Tranviario Automotor (UTA) adelantó que si las empresas no abonan el salario correspondiente al convenio colectivo de la actividad, los choferes realizarán un cese de actividades el lunes 10 de junio. No descartaron la posibilidad de que en esa oportunidad el paro sea por tiempo indeterminado.

Los trabajadores del transporte llevan adelante conversaciones para conseguir aumentos, pero en los hechos, el titular del sindicato, Omar Suárez, quien también es senador provincial por Cambiemos, busca que se apruebe un aumento en el boleto del colectivo que beneficie a la empresa ERSA, investigada por evasión fiscal.