Judiciales y Policiales
Cobro de coimas en el Juzgado Federal 1

Defensa de Soto Dávila cargó responsabilidades a los secretarios penales

Mariana Barbitta, defensora de Carlos Soto Dávila.

La abogada Mariana Barbitta se sumó al equipo de la defensa que representa al ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila en la causa en la que se lo acusa de encabezar una asociación ilícita con el fin de cobrar coimas a narcotraficantes para mejorar su situación procesal o liberarlos.

La letrada advirtió que desde su punto de vista “la base de la imputación se sostiene con pruebas absolutamente irregulares, como por ejemplo declaraciones de testigos de identidad reservada; arrepentidos que desconocemos su identidad, y que han declarado bajo situación de extorsión encubierta. Uno de esos arrepentidos es Marin respecto de quien, fue el propio juez federal quien pidió su captura estando su mujer detenida". La causa contra el juez, es un desprendimiento del expediente 'Operación Sapucay' que arrastra las deficiencias investigadas por el ex titular del Juzgado Federal 12 con asiento en Comodoro Py; Sergio Torres. Indicó además que “según el expediente existirían escuchas telefónicas que fueron transcriptas, pero nadie de la defensa tuvo acceso a esas grabaciones, es decir, se nos prohibió el acceso a las pruebas”.

En referencia a los hechos que se le imputan a Soto Dávila, sostuvo que “al revisar las sentencias que ha firmado Soto Davila es evidente que las decisiones de libertad, fueron tomadas a raíz de los criterios impuestos por la propia Cámara Federal de Corrientes. Por otro lado, la doctrina especializada sostiene la existencia del principio de confianza que habilita por parte del Juez, el derecho de confiar que los equipos de trabajo que tiene por debajo de su estructura, actuarán en forma debida y diligente. Hay que pensar que se trata de un Juzgado Federal multifuero con 8 secretarias que simultáneamente deciden distintos temas y que en el caso de la secretaria de ejecuciones fiscales, por ejemplo, trabajaban con un volumen de 40.000 expedientes. Pudo haber actuado de buena fe, avalando el trabajo de sus secretarios en quienes confiaba”.

Según esto, se carecerían de elementos para imputar al ex magistrado como cabecilla de la organización. Es imposible la figura de asociación ilícita un delito inconstitucional que adelanta la punibilidad a actos preparatorios no punibles y que afecta el principio de acto.

Menciono que al igual que sucede con la causa Sapucay, donde Mariana Barbitta defiende a Francisco y Corina Noguera, y a Federico Neme, “el modo en que fueron construidos estos expedientes evidencian una total manipulación de pruebas y un claro direccionamiento hacia intereses que nada tienen que ver con lo jurídico"

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