A la par de esto, organizaron "grupos de ataque" que arrojan piedras a cualquier unidad de transporte que circule por calles de la ciudad, incluidas las de las firmas que cubren el trayecto entre Resistencia y la capital correntina.

Mientras esto ocurre, la empresa ya empezó a enviar telegramas de despido sin posibilidad de retomar el diálogo con los representantes gremiales. Desde la firma ya habían dicho que el jueves se iniciaría el pago de parte de los sueldos.

Pero lejos de acercar soluciones al conflicto, además de iniciar despidos de obreros que trabajan en negro, los representantes de la firma que recibe más de 100 millones de pesos mensuales en subsidios amenazó a los choferes con sanciones.

El anuncio de castigos los hizo Javier Harfuch, vocero de la Cámara de Empresas de Transporte, integrada por los gerentes de todas las firmas de la familia Romero.

El empleado administrativo sostuvo que “esta medida de fuerza que fue dada en un ámbito de conciliación obligatoria va a provocar descuento en los haberes de los trabajadores, que tienen que ver con sumas que superan ampliamente lo que están reclamando”. Esto caldeó más los ánimos y llevó a que se endurezcan las condiciones del gremio.

El domingo pasado, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia había decretado la conciliación obligatoria, pero los conductores de colectivos igualmente suspendieron los servicios de todas las líneas urbanas, interprovinciales e interurbanas. Debido a esto, analizan sancionar pecuniariamente al sindicato.

En tanto, las firmas que administran las líneas 101 y 110 quieren iniciar los recorridos, pero temen represalias de la Unión Tranviarios Automotor, ya que en ocasiones anteriores la patota sindical ya atacó a trabajadores a golpes.

Por el momento, los pasajeros son rehenes del conflicto en el marco de un paro anunciado por tiempo indeterminado.