Remarcó que para avanzar realmente en resultados positivos contra la venta de drogas y los delitos conexos “es necesario el diálogo inter y multidiscimplinario para que el abordaje deba ser integral, para generar prácticas en el marco de la ley”.

La descripción de la situación del funcionario del máximo órgano de Justicia provincial devela la falta de compromiso del Estado provincial para enfrentar al narcotráfico porque, por un lado eleva al grado de Dirección General la división de Drogas Peligrosas, pero no genera normativa que permita a los jueces provinciales castigar el delito.

Esto es claro, ya que Corrientes no adhirió a la ley de narcomenudeo que permitiría a los jueces provinciales castigar el delito de comercialización de drogas, tal como lo hacen Chaco, Entre Ríos, Santa Fé, Buenos Aires y otras provincias.

Esto ocurre en la provincia donde un gobernador frenó un operativo antidrogas donde se pretendía detener a dos hombres vinculados a Cambiemos y que eran investigados por un juez santafesino por tráfico de marihuana.

El dato no es menor, porque el Gobierno provincial debería avanzar en una ley de adhesión a la normativa nacional que faculta a las justicias provinciales a investigar y castigar la venta de estupefacientes.

Pero, el magistrado de la Corte provincial advirtió respecto de ciertas dificultades para atacar el delito de narcomenudeo, y sostuvo que para tener eficacia “se debe contar con herramientas del Estado basadas en la cultura ética, la colaboración internacional y la política criminal”.

Explicó en este marco que “la cuestión del narcotráfico, por su complejidad y porque la problemática abarca no solamente más de una provincia o país, es uno de los fenómenos delictivos conocidos como transnacionales, y ha sido siempre considerado un delito cuya investigación y juzgamiento el Congreso de la Nación Argentina atribuyó al fuero federal e incluso por el carácter transnacional se ha visto superado. Hoy ningún estado unilateralmente sin la cooperación y el intercambio de experiencias, información, y también de prevención podría enfrentar la problemática”.

Sostuvo que los Estados deben contar con “herramientas” basadas en “una política criminal eficaz a la altura de los tiempos y de las circunstancias. Esto rebasa la estructura diseñada para combatir la delincuencia convencional, como un robo, por ejemplo. Porque todo lo relacionado con el narcotráfico responde a una logística y a una organización e ingeniería pensada hasta en los mínimos detalles, por lo que enfrentarse a ese fenómeno requiere como mínimo estar con herramientas eficaces”.