El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) denuncio que fue víctima de un nuevo ataque a la libertad sindical por parte del Gobierno Provincial, que en las últimas horas ejecutó una multa de 1.226.000 pesos por un conflicto docente ocurrido hace más de 6 años y que aún espera resolución judicial de fondo.
En un comunicado dio a conocer que este ataque se suma a otras acciones deliberadas que el Ejecutivo provincial viene aplicando sistemáticamente contra el único gremio docente de Corrientes que viene denunciando los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento en Educación; el avance de la pobreza en las aulas y sus consecuencias; el único sindicato docente que no avaló ninguno de los acuerdos de salarios a la baja el Gobierno local que impuso en los últimos años.
La millonaria multa fue aplicada luego de que Suteco encabezara el paro docente del 29 de mayo pasado -en el marco de la jornada nacional de huelga general y movilización- cuando también se le pidió al gobernador Gustavo Valdés que reabra las negociaciones salariales.
El gremio exigió suba del 40 por ciento al básico docente para equiparar la inflación 2018 y 2019; cerca de 40 puntos de mejoras laborales; refuerzos de partidas alimentarias para las escuelas; inversión en becas estudiantiles y programas de contención socioeducativa para el 75 por ciento de los alumnos y alumnas que se encuentra por debajo de la línea de pobreza en Corrientes .
Respecto a esto, el secretario general Fernando Ramírez recordó que “las medidas de violencia institucional, persecución gremial, intentos de proscripción y anulación de derechos colectivos contra Suteco se vienen intensificando hace tiempo” por parte del Gobierno Provincial.
Incluso denunció “represión policial (como las ocurridas el 25 de junio de 2018 y el 13 de febrero de 2019), denuncias penales contra integrantes de la Junta Ejecutiva y afiliadas de Suteco con intención de acallar los reclamos salariales, laborales; las denuncias por malas condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas; por el aumento de la pobreza en las aulas”, indicó el Secretario General.
Asimismo Fernando Ramírez señaló que las acciones ilegales del Gobierno Provincial “van en línea con las políticas de persecución gremial que aplica el Gobierno Nacional”. Anticipó que “junto a CTERA expondremos nuestro caso ante organismo nacionales e internacionales en materia de derecho laborales y derechos humanos”, anticipó.
Anunció que “por más multas impagables, persecución y represión que apliquen; Suteco seguirá siendo el único gremio que no avale el recorte de derechos. Seguiremos denunciando los recortes en Educación, el alto grade de vulnerabilidad en que se encuentran nuestros alumnos y alumnas por el avance de la pobreza”, añadió Fernando Ramírez.
Multa millonaria
Una millonaria multa por un conflicto de hace 6 años aun espera resolución judicial. El conflicto inició el 26 octubre de 2012 cuando Suteco había convocado a un paro por 24 horas, medida que fue acompañada por otros gremios. La Dirección Provincial de Trabajo, erróneamente, infraccionó a Suteco por la medida. Suteco impugnó la legalidad de aquella infracción.
El 15 de noviembre de 2012 la Dirección de Trabajo realizó una sola audiencia de conciliación y dio por concluido el procedimiento. Luego, en base a un informe del Ministerio de Educación, estableció una multa de 1.000 pesos por cada docente que adhirió al paro. El 16 de noviembre de 2012 la Dirección de Trabajo le aplicó a Suteco una multa de 358.080 pesos Suteco interpuso recursos administrativos y judiciales en rechazo a esa multa irracional.
En octubre de 2016 el gremio promovió demanda contenciosa administrativa contra el Estado Provincial ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 a cargo de María Belén Güemes, donde se solicitó se declare la inconstitucionalidad de la sanción económica; causa que se encuentra en trámite desde febrero de 2017.
El 26 de febrero de 2019, producidas todas las pruebas e incorporados los alegatos de las partes al expediente principal, Suteco solicitó el llamado de autos para sentencia.
En paralelo, en septiembre de 2016 el Gobierno Provincial -a través de la Fiscalía de Estado- promovió un juicio de apremio contra Suteco ante el Juzgado Civil y Comercial Nº1 a cargo de Daniel Borches.
En febrero de 2017 el Juzgado Civil y Comercial Nº1 trabó embargo por 470.410 pesos contra Suteco, medida que fue apelada por ser una acción inconstitucional. La Cámara, siguiendo los lineamientos del juez Daniel Borches, ratificó la multa a la que le aplicaron interés punitorio del 4 por ciento y actualmente asciende a 1.226.301 pesos.
