Sin orden judicial, media centena de efectivos policiales de los equipos de choque, con cascos, palos, armas y escudos cercaron la zona y reprimieron la protesta.

Una beba de seis meses debió ser hospitalizada al ser afectada por las granadas de humo arrojadas por los efectivos enviados a reprimir por orden del ministro de Seguridad.

"Chicos que salían de una escuela resultaron heridos, también había ancianos que estaban internados y que tuvieron ataques respiratorios por inhalar el gas lacrimógeno que tiró la policía", afirmó José Sabao, delegado de la empresa de la San Lorenzo del grupo Ersa.

Los disparos dieron en las espaldas, las piernas y los brazos de los afectados quienes denunciaron además que los policías dispararon desde atrás, cuando abandonaban la zona.

Tras la feroz represión, las organizaciones de Derechos Humanos realizaron una denuncia penal en la Justicia Provincial para que se investiguen las responsabilidades políticas y materiales del hecho.

La protesta se había iniciado por un reclamo de los choferes sobre el pago de sumas adeudadas desde 2018 y acuerdos salariales firmados hace ocho meses. Tras el ataque, se levantó la huelga y la Subsecretaría de Trabajo provincial ordenó a la empresa que reincorpore a 17 empleados que habían sido despedidos durante la jornada de paro.

En un acuerdo firmado entre los representantes gremiales y la firma, se acordó también que desde este jueves ERSA comenzará a pagar la escala salarial acordada el año pasado con aumentos de viáticos, y pago de sumas no remunerativas prometidas hace casi un año.

El gremio, por su parte, acordó el cese de medidas de fuerza por 60 días. Pero "no podemos descartar que de acá a 60 días no ocurra nada", dijo Jorge Rivolta, subsecretario de Trabajo de la provincia.