Algunas de las denuncias tienen más de un año. Unas están vinculadas a causas que involucran al gobernador Ricardo Colombi, otras a investigaciones por lavado y narcotráfico.

Algunas de estas carpetas habían pasado por las manos del diputado Gustavo Valdés, electo gobernador de la provincia por la alianza Eco-Cambiemos, y luego de ser adjuntadas con otros hechos denunciados, quedaron congeladas.

Este freno fue justo después del cambio de gobierno nacional.

Es evidente, a la luz de los hechos, que las intenciones de Mauricio Macri y Ricardo Colombi confluyen en la intención de sostener a un juez que es funcional a los intereses de la alianza partidiaria oficialista.

Uno de los expedientes tiene estricta relación con el caso que la Cámara de Apelaciones de Corrientes mandó a investigar, y por el que se separó de su cargo a un secretario de Soto Dávila.

El hecho fue denunciadoen octubre de 2016 por el fiscal federal general Carlos Schaefer y su par de primera instancia Flavio Adrián Ferrini.

Los funcionarios del Ministerio Público solicitaron investigar a Soto Dávila, a su secretario Pablo Molina y al empleado Zacarias Issolo, a los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano, y a Víctor Manuel Fernández, a fin de determinar si -de forma organizada y mancomunada- realizaron maniobras de simulación o ardidosas para recuperar un vehículo Mercedes Benz 997-C250 que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez, quien fuera procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, para lo cual utilizaba la concesionaria RRVIP para blanquear el dinero ilícito.

En junio de 2016, Fernández sostuvo haber adquirido el referido vehículo de buena fe, por lo que inició -a través de sus abogados Agnello y Barboza Galeano- un incidente de entrega de bienes registrables en la secretaría a cargo de Molina, con la intervención del sumariante Issolio, con el fin de recuperarlo. Ante ello, la fiscalía le solicitó al juez Carlos Soto Dávila que citase a declarar al ex dueño del vehículo, Fernando Gauto, y a Fernández. Sin embargo, antes de que se proveyera la presentación de la fiscalía, la abogada Agnello se presentó nuevamente y pidió una serie de audiencias, las cuales fueron fijadas sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Asimismo, antes de ser notificados los citados a audiencia, comparecieron “espontáneamente” a declarar en el Juzgado.

Ante ello, los fiscales iniciaron una serie de medidas investigativas, que incluyeron peritajes grafológicos y una rogatoria a la titular de la Fiscalía Federal de Eldorado, Lilian Delgado, para que entreviste a Gauto, quien negó haber declarado ante la justicia correntina, como así también desconoció la firma que figuraba en su declaración. También los fiscales Schaefer y Ferrini pidieron informes a la AFIP respecto a la capacidad adquisitiva de Fernández, quien figura como monotributista, siéndole imposible justificar la adquisición de un Mercedes Benz como el que pedía que le restituyeran.

En base a las pruebas recolectadas, los fiscales concluyeron que los imputados idearon y ejecutaron un plan con el objetivo de poder recuperar un bien que forma parte del patrimonio del imputado y procesado Rodríguez, en el marco de la causa N° 1200024/12 del registro de la Secretaría Penal 2 del Juzgado 1 de Corrientes.

"En este sentido, se ha acreditado que se falseó al menos un acta de declaración testimonial de nada más y nada menos que del titular del rodado (Sr. GAUTO) y se convocó a una persona que en principio no podría justificar el origen de los fondos para adquirir un auto de alta gama como el de la incidencia", señalaron en su requerimiento de instrucción. "Es decir: necesariamente los imputados debieron relacionarse para llevar a cabo el plan denunciado, lo que denota una connivencia explícita al menos entre los funcionarios judiciales y el imputado Rodríguez, quien sería en definitiva el beneficiario del recupero del rodado referenciado tenido como objeto en las maniobras de lavado de activos mencionados", agregaron.

Recurso de apelación

El juez de primera instancia, si bien reconoció la presumible comisión de una estafa procesal tendiente a la recuperación de un vehículo secuestrado en una causa penal -lo que podría dar inicio a la investigación acerca de la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento- señaló que la investigación preliminar llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal no permitía atribuir -provisoriamente- las figuras de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento en cabeza del titular del Juzgado Federal n°1 de Corrientes, donde tramita la incidencia de restitución.

Los fiscales Ferrini y Schaefer, con la asistencia de la Procuraduría de Narco-criminalidad (Procunar), apelaron tal resolución, bajo el argumento de que efectuaba un recorte arbitrario respecto de los eventuales responsables por la comisión de aquellos delitos. “El deslinde de responsabilidades deberá darse con el avance de la investigación y no ex ante como pretende el magistrado”, sostuvieron los fiscales. “Al margen de ello, el intento por desvincular a una persona en esta instancia procesal, me refiero al inicio de la instrucción, resulta a todas luces prematuro y exterioriza una posición frente a los hechos que deberá evaluarse a la luz del concepto de 'prejuzgamiento' por temor fundado de parcialidad”, fundamentaron.

El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes convalidó los argumentos del MPF y revocó el rechazo parcial del requerimiento de instrucción formal en cuanto a la imputación de Soto Dávila, disponiendo así la continuación de la investigación a su respecto. El tribunal resolvió además tener por inhibido al juez de cámara Ramón Luis González para continuar entendiendo en la presente causa, debido a que la esposa de este funcionario, defensora oficial, asesorará al magistrado que fue denunciado.