Judiciales y Policiales
Barrio Molina Punta

Acusan a policías por otro posible caso de violación en una comisaría

Los integrantes del GRIM operan con la cara cubierta y fuertemente armados.

Cinco uniformados que se desempeñan en el Grupo de Intervención Rápida Motorizada de la Policía (GRIM) fueron denunciados por dos adolescentes de 14 y 15 años por haber sido demoradas en la calle y luego llevadas a una dependencia policial donde los efectivos las obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos.

El hecho habría ocurrido hace un mes en el barrio Molina Punta, al norte de la ciudad, en la Comisaría Décima, pero las autoridades judiciales tomaron conocimiento del episodio esta semana cuando las dos chicas fueron indagadas por un magistrado en el contexto de una causa que se tramita en un juzgado de familia.

Los abusos habrían ocurrido cuando las dos muchachas, respecto de las cuales existían pedidos de búsqueda y localización por estar desaparecidas de sus casas, fueron encontradas por dos policías del GRIM 4 en cercanías de un centro comercial del barrio Molina Punta, y luego trasladadas a la comisaría del barrio.

Aparentemente allí las menores de edad estuvieron retenidas sin que se informe de su presencia en esa dependencia policial.

Según lo publicado por el diario época, las adolescentes estuvieron privadas de la libertad por varias horas en las que los policías las obligaron a tener sexo con todos los que estaban de guardia.

Luego de haberse denunciado las violaciones, los funcionarios judiciales ordenaron allanamientos en la Comisaría y la identificación de cada uno de los efectivos que estaban de servicio el día en que supuestamente ocurrieron los hechos.

Respecto al caso, ninguna autoridad gubernamental quiso referirse al tema, aunque afirmaron que los sospechosos recibieron sanciones administrativas, pero siguen en actividad.

Es el segundo caso en que se denuncia abusos sexuales por parte de los integrantes de éste grupo, y actualmente tres efectivos del GRIM 3 están detenidos y procesados por su posible participación en la violación de un muchacho de 20 años en una celda de la Comisaría Cuarta, en el barrio Aldana.

La situación ocurrió en agosto, cuando la supuesta víctima fue demorada frente a un local bailable ubicado a tres cuadras de la unidad policial. Luego, el joven fue encerrado en un lugar apartado donde padeció abusos verbales y físicos, y luego lo violaron.

Por el caso existen tres efectivos acusados de haber sido los autores materiales, una mujer policía sospechada de haber encubierto el hecho y otro integrante de la fuerza sindicado como participe secundario.

Las acusaciones fueron a integrantes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, creado en 2014 como un área “autónoma” de la Policía de Corrientes que operan con motocicletas y camionetas con las que patrullan zonas “conflictivas” con el fin de frustrar hechos delictivos en proceso.

Operan generalmente fuertemente armados, con el rostro cubierto por cascos y en invierno con pasamontañas, por lo que es muy difícil ver sus rostros, pero además carecen de identificación personal en los uniformes..

Quienes integran el primer equipo creado fueron especialmente entrenados por fuerzas de seguridad federales en técnicas de acción rápida a bordo de motocicletas, actividades antimotines y enfrentamientos armados espontáneos.

Actualmente existen cuatro GRIM, integrados por diez elementos estables que tienen sus bases en los extremos de la ciudad, pero su área de intervención es rotativa y abarcan varios barrios al mismo tiempo.

El traslado se realiza cuando se considera que un área está “asegurada” porque se registra una disminución en los actos delincuenciales.

Ciudad insegura

Las violaciones de las dos menores de edad por parte de un grupo de policías trascendieron en medio de una ola de inseguridad que aqueja a la provincia por el asedio de grupos de asaltantes que operan a toda hora, de asesinatos y robos millonarios a casas.

Por estos hechos existieron movilizaciones vecinales en Capital, Goya, Bella Vista, Itatí y Santa Lucía.

Pero la situación fue minimizada por el ministro de seguridad, Horacio Ortega y el gobernador, Ricardo Colombi, quienes aseguraron que los hechos delictivos son “aislados”, y afirmaron que “las estadísticas dan otra situación”.

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