El caso que tomó más repercusión en los últimos días fue el del secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, a quien le fueron sustraídos documentación, celular, ordenador y bienes personales, durante una redada dispuesta por un juez provincial de Misiones.

A Lanziani se le achacó haber violado la restricción de circulación, cuando en realidad no está sujeta a ella por su condición de funcionario del Gobierno Nacional. Alicia Arruda, su compañera de militancia y en cuya vivienda de Oberá se realizó el operativo, fue acusada de haber cometido Cyberdelito, simplemente por haber publicado en sus cuentas sociales un video con declaraciones de Carlos Rovira en el marco de un evento donde participaron varias autoridades nacionales.

Arruda destacó que el cacique misionero no había realizado cuarentena después de arribar de un viaje por Tailandia, Italia, Francia y España, y se presentó en un evento con autoridades nacionales y provinciales, poniendo en riesgo la salud de todos, incluso de la primera dama Fabiola Yáñez. Hoy sus libertades civiles se encuentran pendientes de un hilo. ¿La figura del cyberdelito incluye difundir la verdad de lo sucedido? Para las autoridades misioneras parece que sí. Las autoridades nacionales no se expresaron, pese a que la investidura de un miembro del Gabinete Nacional fue violentada.

Pero Misiones no es una isla, y en las provincias vecinas de Corrientes y del Chaco se registraron situaciones similares. En el caso del Chaco, también se aplicó la figura legal del Cyberdelito para encarcelar a un puntero opositor al gobierno de Jorge Capitanich. José Daniel "Telo" Milessi, quien en su momento aspiró a la Intendencia de Barranqueras, fue acusado de difundir fake news a través de las redes sociales con cuentas de falsa identidad. La policía provincial, que responde al gobernador, procedió a detenerlo a partir de "una denuncia con capturas de pantalla donde Milessi aseguraba la presencia de un caso positivo de Coronavirus en Presidencia de la Plaza.

Milessi es hombre de la diputada Claudia Panzardi, y en esa relación pueden rastrearse las razones de su detención por parte de los agentes del Departamento de Investigaciones Complejas, por orden de la jueza Ingrid Wenner. Otro cachetazo para la democracia.

Por si esto fuera poco, también apelando a las restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional, quien está pasando un mal momento es Fernando Rodríguez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y armador del Partido Parte, que lidera el presidente Alberto Fernández. Rodríguez fue detenido en un procedimiento presuntamente dispuesto por la jueza María Mareco por la policía de Mburucuya -ya que durante la acción no se le presentó al acusado documentación alguna-, por difusión de fake news y violación de la restricción de circulación, alegándose que se encontraba en viaje procedente de la provincia de Chaco.

Rodríguez afirma que no estuvo en el Chaco. Las fuerzas de seguridad le exigieron notificar una dirección de traslado para el cumplimiento de la cuarentena y cuando el funcionario del Estado Nacional notificó un domicilio en la localidad de Saladas, se le indicó que la orden de la jueza impedía su ingreso en ese distrito.

Cabe destacar que la jueza Mareco cuenta en su haber con más de veinte denuncias por mal desempeño de sus funciones, y que el intendente de Saladas, Rodolfo Alterats, fue previamente director del Corralón Municipal, registrándose durante su gestión -en 2014- un operativo que permitió secuestrar más de 600 kilos de droga.

¿Funcionarios nacionales detenidos, o a punto de serlo, por disposición de jueces y autoridades provinciales alegando las restricciones que imponen las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional?, ¿Por qué razón no se registra ninguna causa similar contra medios o dirigentes que responden a los oficialismos provinciales? Y, finalmente, ¿cuál es la razón por la que el Gobierno Nacional tolera estos despropósitos y permanece en silencio?