Causa "Obreros": a ocho años de la tragedia, la Justicia frena el avance de la investigación
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El 22 de marzo de 2012 ocho obreros murieron al desplomarse un edificio en la ciudad de Corrientes. Por el hecho ningún empresario, funcionario o responsable está detenido y la Justicia frena el avance de la causa.
El aniversario de la tragedia de San Martín al 652, del barrio Cambá Cuá, ocurre en una situación particular en la que, además del dolor del recuerdo, las familias de las víctimas lamentan no poder realizar un oficio religioso para poder honrar la memoria de los albañiles que murieron en plena tarea.
“Por la situación no puedo hacer que se celebre una misa por ellos, pero por siempre estarán en mi corazón”, dijo Rosa Urbina, madre de Diego Rodríguez, una de las víctimas fatales y de las pocas familiares que sostiene la acusación legal.
Por el hecho están investigados cuatro empresarios, algunos de ellos ligados a otras causas en las que se investigan maniobras financieras a través de entidades de sospechosa legalidad. Habían sido procesados y hasta se les había dado fecha para un juicio, pero el Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes suspendió el debate y mandó a que se haga una nueva junta médica para examinar al imputado Elías Cohen, para “determinar si se encuentra en condiciones psicológicas y físicas para asistir a las audiencias de debate”.
Los jueces explicaron, además, que el aplazo del inicio del juicio es debido a la existencia de “cuestiones que hacen al normal desarrollo de la audiencia de debate, presentadas por las partes y ajenas al Tribunal, pero que no pueden desatenderse dada la complejidad de la causa y multiplicidad de partes en el proceso”.
Debido a estas circunstancias están impunes las muertes de Diego Rodríguez, Ramón Zacarías, William Valenzuela, Marcos González, Pablo Medina, Enrique Sosa y los hermanos Jorge y Eduardo Acevedo, y las lesiones del único sobreviviente, Nelson Valenzuela.
Por estas muertes están imputados el ingeniero Walter A. Bruquetas; el arquitecto Marcelo Javier Mayer; el ingeniero Elías Cohen y el capataz Carlos Valenzuela.
A todos se les endilga el delito de estrago culposo, que prevé una pena de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, la defensa planteó al tribunal cuestionamientos que aún no han sido subsanados. Una vez cumplidos estas instancias podría comenzar el juicio.
El contexto actual no es alentador, ya que se ha suspendido el proceso y recién en 2021 podría comenzar el debate. Las dilaciones generan suspicacias debido a que el empresario involucrado tendría vínculos políticos, pero además se investigan maniobras financieras realizadas por medio de empresas de dudosa legalidad para lavar dinero a partir de construcciones de edificios.
El edificio de la calle San Martín se había desplomado debido al peso de la construcción. La obra estaba autorizada para tres pisos y se edificaron muchos más de los permitidos, sin que las autoridades municipales intervinieran para impedir esta transgresión.
