El fin del peronismo correntino es repetir los resultados del 9 de agosto de 2015 cuando el Frente para la Victoria se impuso a por más de 20% de los votos a la fuerza Cambiemos.

Los justicialistas lograron el 50, 29%, el FpV y así se impuso a Cambiemos que tan sólo obtuvo el 29, 46%.

Lejos se ubicó en tercer lugar, la fuerza política UNA con el 16, 09%.

Los porcentajes, son los resultados provisorios que con un 98, 63% de las mesas escrutadas a nivel provincial.

El interés de la alianza partidaria que gobierna la provincia, Eco-Cambiemos, integrada por la Unión Cívica Radical, el PRO y otros 21 partidos está en demostrar que tiene suficiente caudal electoral para mantener la confianza de quienes por ahora administran la Casa Rosada.

La esperanza de los funcionarios de Balcarce 50 es que la alianza partidaria de Corrientes pueda poner en octubre tres legisladores nacionales afines al PRO en el Congreso para sumar escaños y poder llegar a tener la mayoría parlamentaria que hoy es del peronismo.

En el ámbito provincial, el cúmulo de votos que tenga cada una de las agrupaciones decidirá el rumbo que tome la estrategia proselitista en la elección de octubre, en las que además de Gobernador de la provincia se deberá renovar la mitad de la Cámara Baja y la Cámara de Senadores.

Las mediciones podrían tener credibilidad relativa, ya que el electorado carece de información suficiente respecto de lo que se elige y al estar influenciada por las campañas electorales para las votaciones de octubre expresa apatía y falta de interés en acudir a las escuelas.

Es posible que más del 30% de los votantes habilitados para votar eviten sufragar.

PRESIONES JUDICIALES

Durante la semana una maniobra judicial del gobierno provincial evidenció la connivencia entre los funcionarios judiciales y los dirigentes políticos oficialistas para sostener el poder político de Ricardo Colombi o, lo que es lo mismo, la falta de objetividad y de independencia de los Poderes del Estado.

El hecho revelador fue que un secretario del Fiscal General de la Provincia presionó al ex gobernador y dirigente del Partido Nuevo, Raúl Rolando Romero Féris, para exigirle que su grupo político se adhiera a la alianza oficialista.

El ex gobernador cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 12 años de prisión por supuestos desmanejos financieros durante su gestión. Pero se le otorgó la detención domiciliaria, y desde allí continúa su gestión partidaria.

El mensaje que le habría transmitido el Gobernador por medio de un funcionario del Ministerio Público Fiscal es que “si no firmaba, lo mandaban a un calabozo en la Unidad Penal 1”.

Esto significó el quiebre institucional entre el Partido Nuevo y el Partido Justicialista después que el peronismo le había ofrecido al grupo político provincial proponer un candidato a vicegobernador en el contexto de una coalición para las votaciones provinciales.

Lo que está vigente ahora es un acuerdo en el que el Gobierno garantizaría que un juez le otorgue la libertad ambulatoria a Romero Féris en el caso de ganar las elecciones.

El caso representa un escándalo según el sentido común. Pero en “la república a parte”, lo que en cualquier provincia del país –o en cualquier país democrático- significaría una causal de intervención institucional y sanción administrativa, en Corrientes es una situación que es parte de la normalidad.

FRAUDE

Las votaciones de este domingo se realizarán en un clima enrarecido por una fuerte sospecha de fraude en las últimas elecciones, realizadas el 4 de junio en las que se eligió intendente en la Capital correntina.

La denuncia de las irregularidades las hizo el actual jefe comunal de Corrientes, Fabián Ríos quien había accionado en la Justicia Electoral provincial y Federal.

El juez electoral provincial Gustavo Sanchez Mariño, y su par Carlos Soto Dávila –cuyo hijo es funcionario del gobierno provincial- desestimaron la denuncia al decir que los padrones son fiables.

Pero la sospecha también está en las manibras del titular del Registro de las Personas en Corrientes, Marcos Amarilla que habría evitado informar a la Justicia Electoral de los fallecimientos y de dar de baja el Documento Nacional de Identidad de cada uno de los occisos que aparecieron en la nómina de votantes habilitados.

Lo cierto es que del resultado del cruce de padrones, surge que uno de los electores que figura como fallecido, votó el 4 de junio en la elección municipal de Capital.

Cómo lo hizo, quién votó por él, y quién se lo permitió, debería investigar la justicia electoral, y establecer las sanciones a las autoridades de mesa, y a quien proveyó el documento al muerto.

El caso testigo corresponde a Fernando Ojeda, clase 1943, fallecido el 6 de noviembre de 2015, DNI 5.667.420, quien sufragó el 4 de junio de 2017, por lo cual se emitió el comprobante de validación respectivo.

Todo está en el sistema informático digital de la Justicia Federal y Provincial, por lo que es la fuente oficial la que lo testifica.