Asistieron además los abogados Jorge Barboza, Duylio Barboza Galeano, Diego Missano y Vallejos. Durante el encuentro, los profesionales manifestaron su preocupación por la nueva medida y requirieron intervención del Colegio en resguardo de las garantías para el libre ejercicio profesional.

El Directorio presentó la cuestión ante el Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia de Corrientes, tras los cual, los integrantes del órgano resolvieron realizar una presentación en conjunto, manifestando su inquietud por la medida implementada.

En ese sentido, el Consejo Superior expresó que “los abogados no se encuentran contemplados dentro de la nómina de sujetos obligados, que de manera taxativa enumera la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo Nº 25.246, en su art. 20, por lo que no es deber específico informar operaciones sospechosas a la UIF”.

La reunión fue para analizar el alcance de medida que fue puesta en vigencia por la Unidad de Investigación Fiscal, a principios de febrero.

La preocupación de algunos abogados fue expresada, después que la UIF envió intimaciones a los letrados que intervienen en casos de narcotráfico, trata de personas y lavado de activos.

La objeción que hacen los profesionales es que la normativa podría ser violatoria tanto de los derechos a la defensa como al de ejercer su actividad profesional. También advierten que se atentaría contra el secreto profesional.

Es por ello que hicieron una dura crítica al Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción por evitar intervenir en una práctica que consideran lesiva a la actividad profesional.

Advierten que las consecuencias de lo que pretende implementar la UIF “es muy seria y peligrosa” para el desempeño profesional y para los derechos de defensa.

Según trascendió esta semana la cuestión podría ser analizada en la Federación Argentina de Colegios de Abogado, aún cuando ninguno de los cinco Colegios profesionales de la provincia emitió opinión.

La inquietud está dada porque Corrientes es una de las jurisdicciones más causas relacionadas con el narcotráfico y narcomenudeo, y muchos de los profesionales intervienen en éstas para garantizar el derecho de defensa de los involucrados.

Lo que sostienen es que la normativa sería violatoria al secreto profesional que ampara la relación entre el cliente y el abogado. “La ley dice que los abogados deben explicar el origen de los pagos, pero en el mismo texto que ciertos individuos no podrán ampararse en el secreto bancario o profesional, pero los abogados sostienen que por su actividad no están incluidos entre los ciudadanos obligados a declarar”, sostuvo un profesional especialista en Derecho Impositivo a NOVA.

Pese a esta postura adoptada por los letrados, la Unidad de Investigaciones Financieras ya solicitó que en un plazo menor a los diez días los abogados expliquen cuánto acordaron percibir por los servicios profesionales de defensa, pero también cuáles son los clientes que adeudan esos pago.

Además deberán indicar el número de causa en la que están actuando y por la que percibieron esos montos, la fecha y la forma de pago y el nombre de la persona que les abonó o debe abonar dichos honorarios.

Toda esta información debe estar acompañada de la documentación respaldatoria.

Advierten que este pedido de informes se fundamente en la ley 25.246 que otorga facultades a la UIF.

Dicha norma, en el inciso 1 del artículo 14 dice que el organismo puede "solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley".