Pero también existen causas por robo de ganado en las que están involucrados efectivos policiales y políticos. En éstas el Gobierno aplica su influencia sobre los jueces lo que hace más evidente la falta de independencia de Poderes del Estado o, lo que es lo mismo, el vínculo entre los administradores gubernamentales con organizaciones delictivas.

Es verdad que también está involucrado en un caso de narcotráfico el intendente de la localidad de Itatí. Este fue detenido por orden de un juez federal de Buenos Aires, en un caso donde también fue apresado su vice intendente quien es referente del PRO.

Este caso significó una oportunidad del Gobierno provincial para sacar réditos políticos ante las inminentes elecciones para elegir intendentes, legisladores y gobernador.

Pero a medida que fueron avanzando las averiguaciones quedaron más expuestas las relaciones entre los organismos provinciales de seguridad con las bandas de narcotráfico.

Expuesto, y con todos los argumentos expuestos ante los medios de comunicación de alcance nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha un plan para intentar mejorar la imagen de su aliado político.

Las acciones consisten en difundir los procedimientos relacionados con el narcotráfico por medio de las gacetillas oficiales, pero tergiversando los hechos y los datos (en términos simples, mintiendo) con el fin de otorgarle los méritos a los funcionarios provinciales, y no a las autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad federal.

El caso testigo es la investigación por venta de droga y lavado de activos que se lleva adelante en la ciudad de Mercedes, de donde es oriundo el Gobernador y donde concentra su “poder real”. Allí operaba una banda delictiva apañada por los policías que custodiaban los bienes de la familia Colombi.

La Justicia Federal ordenó a una fuerza de seguridad federal que intervengan en los kioscos de droga y que apresen a los 12 involucrados. También se inició una averiguación respecto a los vínculos policiales.

Lejos de poner en evidencia el vínculo del gobierno provincial con el narcotráfico, el Ministerio de Seguridad de la Nación le atribuyó el “resultado positivo” a los funcionarios provinciales, siendo que son éstos los investigados y sospechosos.

El hecho no sólo pone de manifiesto la poca claridad en los actos de gobierno (nacional y provincial) sino que revela que “la lucha contra el narcotráfico” es un slogan para generar buena imagen, pero está muy lejos de ser una política de Estado.

Temor a las máquinas

Durante la semana se debatió en el ámbito político y en los estrados judiciales la utilización de la Boleta Única Electrónica, un sistema de votación que el gobierno de Mauricio Macri aplicó (a la fuerza) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fue propuesto para las elecciones nacionales, pero recibió el rechazo del kirchnerismo y sus aliados.

Como Corrientes es “país aparte” -como dice el dicho popular- la propuesta para utilizar el voto electrónico en la capital provincial fue impulsada por el kirchnerismo. Pero lejos de apoyar la medida, los referentes del PRO y la UCR elevaron sus quejas en los tribunales ante la reglamentación del sistema que sería aplicado en las próximas votaciones del 4 de junio, cuando se vote para intendente y concejales.

La aplicación de la Boleta Unica Electrtónica había sido propuesta y aprobada en el ámbito municipal, donde además se reglamentó su utilización. Pero el radicalismo fue a la Justicia, y el jueves una jueza provincial María Herrero consideró inaplicable el método de votación.

Esto llevó al intendente capitalino Fabián Ríos a poner en dudas la independencia judicial. “Siempre la casualidad de que siempre en este tipo de situaciones considera que los apoderados del partido oficialista son los que esgrimen mejores argumentos. Yo en esto no quiero agredir a nadie, quiero buscar en esto acuerdos y consenso para construir el futuro”.

El viernes, cuando el municipio se aprestaba a tramitar la apelación del fallo el jefe comunal telefoneó al Ministro General de la Gobernación, Carlos Vignolo para intentar un acercamiento. La idea fue llegar a un punto medio para que se pueda instalar el voto electrónico pese al fallo de la Justicia.

Debido a que en Corrientes las determinaciones judiciales carecen de peso frente a las decisiones políticas, el fallo de la jueza Herrero quedó sin efecto luego que los referentes del Justicialismo y del Radicalismo (sin la participación de otros grupos políticos) acordaron instalar las máquinas de votación en “dos o tres escuelas”, mientras que en los demás centros de votación los electores utilizarán el sistema tradicional.