Ambos fueron condenados por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización por un hecho ocurrido en 2010 cuando ambos imputados fueron detenidos por la Gendarmería Nacional en la intersección de las calles Tacuarí y Guyana, luego de una persecución.

En el vehículo los gendarmes hallaron cinco kilos de cocaína y armas.

El operativo fue el 3 de diciembre cuando un vecino del barrio Loma Linda denunció vía telefónica que en una de las esquinas cercanas a su vivienda se realizaban transacciones de estupefacientes.

En su defensa los sospechosos, ambos de la provincia de Santa Fé adujeron que habían venido a Corrientes a “buscar chicas” y que se perdieron en el barrio. Afirmaron que en forma imprevista fueron cercados por vehículos de la gendarmería y sugirieron que les “plantaron” el estupefaciente.

La causa recayó en el Juzgado Federal Nº 1 cuyo titular es el juez Carlos Soto Dávila.

Horas después del procedimiento la noticia de la detención de Mazzón fue conocida en el ámbito político, y los dirigentes del peronismo local se movilizaron para mejorar la situación procesal del familiar de quien ocupaba el cargo de coordinador general de Asuntos Políticos Institucionales de la Unidad Presidente.

El negociador de estas maniobras habría sido un dirigente que por esos días ocupaba un cargo en el Banco de la Nación Argentina y otros referentes “del sello” pejotista.

Las gestiones llegaron a buen puerto ya que el magistrado evitó agravar la acusación al abrir otra causa por tenencia de armas que envió a la Justicia provincial, expediente que fue “cajoneado” y que actualmente está paralizado.

Luego de esto levantó la prisión preventiva y le otorgó la libertad condicional a Mazzón al considerar que el procedimiento en el que se produjo la detención era desconocido para el juez y el fiscal. Sin embargo, Robledo continuó detenido.

La causa llegó a juicio siete años después tras una serie de dilaciones por apelaciones de la defensa. Pera entonces los sospechosos ya habían sido detenidos por otros hechos.

El debate comenzó el martes 2 de mayo y en sus alegatos, el fiscal federal Carlos Schaefer hizo notar que era inverosímil el argumento ya que es poco probable que hubieran realizado un viaje de 560 kilómetros exclusivamente para el fin de hallar pareja.

Pidió que se los condene a 7 años de prisión, pena que fue impuesta por el Tribunal Oral. Los jueces además dispusieron que sean trasladados a una Unidad Penal de Santa Fé, ya que deberán afrontar otro juicio.

Otro juicio

Luego de ser condenado, Nicolás Mazzón fue trasladado a Santa Fé donde será juzgado por delitos en los que fue imputado el año pasado.

Esto es porque el fiscal federal de Rafaela, Federico J. Grimm, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra Cristián Javier Rivadeneyra, Rocío Natalí Núñez, Valeria Marisol Ramondelli y Nicolás Mazzón por conformar una asociación destinada a la comercialización de estupefacientes, entre otros delitos.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se investigue separadamente si cometieron delitos de lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes y conductas afines.

Asimismo, Rivadeneyra y Núñez deberán responder como coautores de los delitos de guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes, guarda de elementos destinados a la elaboración y producción de estupefacientes y privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas. También, se le imputa a Rivadeneyra el suministro de estupefacientes a título gratuito agravado por haberse cometido en perjuicio de una persona menor de 18 años.

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima telefónica ante la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uesprojud) “Rafaela” de la Gendarmería Nacional, que daba cuenta de Rivadeneyra poseía un auto de alta gama y que "andaba en algo raro porque era frecuente ver a distintos vehículos llegar a su domicilio, estar un escaso tiempo e irse nuevamente, como sí fueran a buscar algo al lugar".

Además, una denuncia con reserva de identidad daba cuenta que Rivadaneyra produciría droga y la comercializaría; que tendría una cocina de cocaína en Rafaela y que estaría en pareja con Núñez.

En virtud de ello, se ordenaron una serie de escuchas telefónicas que permitieron verificar la comercialización de estupefacientes por parte del imputado y sus vínculos con Ramondelli y Mazzón, quienes venderían las sustancias ilícitas.

El 3 de marzo de 2016, se allanaron dos domicilios de Rivadeneyra en Rafaela y el complejo “Cabañas El Gordo” –que utilizarían de fachada para los negocios espurios- en los cuales se secuestró 952,2 gramos de cocaína y materiales para su producción, como ser semillas de cannabis sativa y éter sulfúrico y ácido clorhídrico -utilizados como precursores- y dinero, al tiempo que también se lo detuvo junto a Núñez. Por su parte, Ramondelli fue aprehendida cuando concurrió al juzgado el 8 de marzo, mientras que Mazzón fue detenido cuando se allanó su vivienda.

Imputaciones

En su requerimiento, el fiscal Grimm le imputó a Rivadeneyra, Núñez, Ramondelli y Mazzón, formar parte de una organización delictiva destinada a la comercialización de estupefacientes en las localidades santafesinas de Rafaela y Saladero Cabal.

En tal sentido consideró que Rivadeneyra “ejercía un rol predominante en la actividad ilícita investigada, dado que adquiría estupefacientes en gran medida por intermedio de Eduardo Nicolás Mazzón, luego de lo cual los fraccionaba junto con Rocío Natalí Núñez, y comercializaba en esta ciudad, por si mismo, junto con Núñez y a través de Valeria Marisol Ramondelli”.

En relación a Núñez –su pareja- estimó que “participaba de las maniobras de fraccionamiento y comercialización efectuadas por su pareja, Cristian Javier Rivadeneyra, y ejercía un control conjunto del material estupefaciente y los insumos para su producción que este poseía en sus respectivos domicilios”.

Respecto a Ramondelli, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló “que la nombrada comercializaba estupefacientes para Rivadeneyra, quien le proveía de tales sustancias”, al igual que Mazzón “cuyo rol consistía en conseguir proveedores de estupefacientes con los cuales Rivadeneyra pudiera abastecerse de material ilícito, además de comercializar parte de los mismos en la localidad de Saladero Cabal, provincia de Santa Fe, donde residía”.

Además, Mazzón fue procesado por transporte de estupefacientes en una investigación desarrollada en Corrientes, donde fue aprehendido, el 3 de octubre de 2010, con 5.048 gramos de cocaína y 2 gramos de marihuana que transportaba en un vehículo.

Por otra parte, también se le imputó a la pareja Rivadeneyra-Núñez la tenencia de semillas utilizables para producir estupefacientes y la guarda de elementos destinados a elabora y producir estupefacientes, en virtud de haberse encontrado, durante los allanamientos del 3 de marzo de 2016, 164 semillas de cannabis sativa, cuatro recipientes con éter sulfúrico, una botella de plástico con ácido clorhídrico, 67 pastillas de clonazepam, elementos utilizados para la producción de narcóticos, armas y municiones.

Asimismo se los acusa de haber privado de su libertad al hermano –menor de edad- de la ex pareja de Núñez, entre el 20 y el 28 de agosto de 2015, mediante violencia y amenazas.

El joven, que había llegado a las “Cabañas El Gordo”, bajo la promesa de realizar unas tareas de mantenimiento, permaneció en el lugar durante una semana, hasta que finalmente pudo escaparse.

Durante ese lapso, Rivadeneyra lo amenazaba con un arma y también lo hizo consumir alcohol y cocaína, por lo que también fue imputado en orden al delito de suministro de estupefacientes a título gratuito a un menor de edad.

Ahora, los cuatro imputados deberán someterse al juicio oral y público frente al Tribunal Oral Federal de Santa Fe, por los delitos que se les imputa.

Lavado de activos

Por otra parte, el fiscal Grimm requirió que se instruya separadamente una investigación a fin de determinar sí Rivadeneyra, Núñez, Natalia Soledad Rivadeneyra y María Cristina Pogoinza (hermana y madre del imputado, respectivamente), Soledad Margarita Stanchi y otros eventuales partícipes incurrieron en posible lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes u otras conductas afines, ello en virtud del nivel de vida que llevaban, ya que poseían autos y camionetas de alta gama, motocicletas, lanchas y propiedades, que no se condicen con sus ingresos declarados.

En el marco de la causa principal, y a requerimiento del fiscal, se dispuso la formación del legajo patrimonial, conforme las estipulaciones de las Resoluciones PGN N°129 y N°134 de 2009, al tiempo que se secuestraron los automotores y lanchas, y se dispuso el embargo de los inmuebles y el congelamiento de las cuentas bancarias de los sospechosos, todo ello a fin de evitar que los bienes sean evadidos de la investigación judicial.