Las condenas fueron dadas a conocer este 9 de mayo al finalizar el debate en el que se ventilaron los hechos ocurridos hasta 2015 en relación al funcionamiento de cuatro prostíbulos en esa ciudad del centro de la provincia.

En la resolución los jueces Victor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas condenaron a María Yolanda Casco a la pena de ocho años de prisión al ser hallada responsable de ser coautora del delito de Trata de Personas agravada por haber sido más de tres las víctimas, y de aprovecharse la situación de vulnerabilidad de ellas.

La misma pena por ese delito fue impuesta a Beatriz Cerri y a su esposo, Ismael Piñeiro.

En tanto, Claudette Krewer Ramos, conocida como “Carla”, fue condenada a una década de prisión como coautora del delito de trata, agravada por haber explotado sexualmente a una menor en situación de vulnerabilidad.

En tanto, Mirian Cáceres fue absuelta y recuperó la libertad en forma definitiva.

Las penas son las que había pedido el titular del Ministerio Público Fiscal, Carlos Schaefer y la fiscal adjunta, Gabriela López Breard quien además pidió que se investigue la posible existencia de responsabilidades de funcionarios municipales de Mercedes en la habilitación de estos locales nocturnos.

En la causa se investigaron los hechos ocurridos en los locales “Casanova”, “Capricho” y “Tango” que funcionaban en la ciudad correntina de Mercedes.

En esos inmuebles fueron rescatadas 21 mujeres -una de ellas menor de edad- que ejercían la prostitución y debían garantizar ingresos económicos a los dueños de los locales.

En el debate los representante del Ministerio Público Fiscal -al fundamentar la solicitud de penas- hicieron notar que los imputados tenían comportamientos planificados en relación a las víctimas con el fin de explotarlas al aprovecharse de la vulnerabilidad de éstas.

En este contexto hicieron notar que todas las mujeres sometidas a la prostitución debían cambiarse el nombre por uno de fantasía, hecho que “erosiona la identidad” toda vez que “llegan vulnerables y se aumenta la fragilidad porque les ponen nombres de fantasía para ocultar su verdadera identidad, y separan así el cuerpo del alma, para que no recuerden lo vivido o porque la familia no sabe en qué situación se encuentran”.

Remarcaron que las víctimas “llegan vulnerables a los prostíbulos, y se genera un contexto para que se ejerza violencia de género (de un sexo a otro) que tiene como consecuencia daño psíquico, físico y sexual”.

Además advirtieron la existencia de violencia física y violencia simbólica permanente por la comercialización de los cuerpos de las víctimas y la “estigmatización mercantil por extraer dinero de sus cuerpos y de su sexualidad”.

Indicaron que los acusados se habrían aprovechado de la situación de las víctimas quienes son madres de varios hijos y están a cargo de la manutención y el cuidado de los mismos pero en una precaria situación económica.

En el debate se expuso la situación extrema de una de ellas quien había sido captada para ejercer la prostitución luego del fallecimiento de su marido y la necesidad de hacerse cargo de tres de sus hijos.

Otra de las víctimas había relatado que se inició en el círculo desde la minoría de edad junto a su hermana, también menor, debido a que en su casa “faltaba la comida”.

Y otra víctima señaló que su madre se hallaba enferma de cáncer, por lo que debía afrontar los gastos de atención médica y medicamentos.

Ninguna de las mujeres rescatadas terminó el ciclo de educación básica.

La menor, en tanto, había sido traída a Corrientes por una tía que ejercía la prostitución y la ofreció en uno de esos locales sin posibilidad de regresar a su hogar.