En este contexto, el Estado Nacional había suspendido toda actividad en la Dirección de Vías Navegables, organismo especializado en el acondicionamiento de los cursos de agua tanto para la navegación como para la prevención de inundaciones.

La institución fue desmantelada, parte de sus empleados despedidos y los terrenos en la Capital correntina, donde están sus oficinas, serán entregados a empresas privadas para la construcción de edificios de alta gama.

Esta paralización de actividades fue propicia para dar lugar a un hecho de dudosa legalidad con la contratación de firmas privadas para que realicen las tareas propias de los organismos públicos. La maniobra comenzó con el Gobierno de Ricardo Colombi, pero se profundizó tras el inicio de la gestión de Gustavo Valdés.

Se trata de las obras que supuestamente tenían como fin evitar las inundaciones en los poblados que se ubican a la vera del arroyo Riachuelo, pero que en realidad solo fueron mecanismos para utilizar la estructura estatal a fin de propiciar negocios inmobiliarios.

En este contexto se estructuró un entramado de negociaciones lindantes a lo ilegal donde confluye la entrega del patrimonio público, la desviación de fondos y los delitos ambientales. Todo esto derivó en la puesta en marcha de un loteo VIP para la construcción de edificios de alto valor comercial en una isla construida exclusivamente para tal fin con recursos del Gobierno.

Estas construcciones serán elevadas en una isla artificial que habría sido emplazada en el Riachuelo con las máquinas usadas para el dragado. De esta forma se dio origen al proyecto privado "Arenas del Riachuelo", que se promociona como "un desarrollo urbanístico ubicado estratégicamente a 20 minutos del centro de la ciudad de Corrientes, desarrollado sobre la costa del Río Riachuelo y pensado para el disfrute de la naturaleza, donde el protagonista es el río y su entorno".

El proyecto se promociona por medio de un blog en el que se evita dar nombres de los inversores y de las empresas involucradas, tampoco de las inmobiliarias que intervienen en la venta de estos espacios. Y, sin embargo, señalan la ubicación del proyecto en una zona de área natural protegida.

Agua para pobres

La localidad de Riachuelo se ubica al borde del curso de agua homónimo. La crecida del río produce que la mitad del pueblo quede bajo agua, situación que afecta directamente a las familias, principalmente a las más humildes, las que viven cerca de la costa.

Esto dio origen a que el Estado provincial contrate a una empresa privada para hacer un dragado a fin de evitar la acumulación de agua en épocas de lluvia, pero la supuesta obra preventiva no tuvo el efecto esperado por los vecinos.

Además, la irrupción de maquinaria causó daños irreparables en la zona costera. Ante esto, los organismos ambientales denunciaron la destrucción de áreas preservadas y patrimonios culturales y naturales para desarrollo ilegal de emprendimientos inmobiliarios.

Utilizando como excusa la problemática surgida luego de las inundaciones en San Luis del Palmar, Riachuelo, San Cayetano e incluso el barrio capitalino Santa Margarita, el gobierno de Corrientes, puso en marcha una obra de dragado.

Para ello activó los mecanismos por medio del Instituto del Agua y el Ambiente (ICAA) -bajo la dirección nefasta de Mario Rujana- para avanzar en obras que derivaron en la destrucción del ecosistema autóctono de la zona.

El caso fue llevado a la Justicia, pero se obvió el amparo de los derechos generales, pese a que los vecinos y organizaciones ambientalistas se opusieron a una obra a todas luces irregular e inútil. Los jueces hicieron caso omiso a las denuncias radicadas en juzgados y fiscalías, ni a las movilizaciones en localidades aledañas.

Todo reclamo fue en vano. Igualmente se destruyó un núcleo de biodiversidad única en la región y se abusó de la necesidad de cientos de familias pobladoras de la zona. "De continuar con este ecocidio y con las obras que ocupan el valle de inundación y significan la destrucción de la selva ribereña, sin ninguna duda no existirá dragado, defensa o plan de contención suficiente para paliar las inundaciones y consecuencias que esta obra irresponsable, ilegal y corrupta trae aparejadas", denunciaron las instituciones ambientalistas.

Así las cosas, los habitantes de la zona costera están atentos a las variaciones del caudal del río debido a que saben que un posible desborde nuevamente los afectaría, como ya ocurrió a principios de año. Mientras a pocos kilómetros se erige un emprendimiento inmobiliario que supone inversiones millonarias, a costa del sufrimiento de la gente.