Crece el descrédito hacia la Justicia provincial por parte de los correntinos
La designación de funcionarios judiciales y fiscales por mecanismos poco transparentes, la total falta de claridad en los fallos de las causas que benefician a los funcionarios públicos en causas penales, sumado a la sesgada publicidad de los actos judiciales, acrecentaron la imagen negativa del Poder Judicial.
Los casos que pusieron en duda la credibilidad de los Jueces se dieron en todos los fueros, pero los que generaron más indignación fueron las sentencias relacionadas con determinaciones tomadas en relación a causas que relacionadas con cuestiones del ámbito electoral y penal.
El descontento llevó a que en la última semana se realicen manifestaciones contra las actitudes de los jueces que ponen objeciones a la candidatura del intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, para un nuevo período de gobierno.
Ocurrió después que la Cámara Electoral rechazara su candidatura al considerar que aún está vigente una sanción impuesta en 2009 al jefe comunal.
Esto derivó en una manifestación de vecinos que se realizó el jueves 14. Comenzó en el predio del Gaucho Gil, a las afueras de la ciudad y se extendió hasta el centro de Mercedes. Los manifestantes cortaron la Ruta Nacional 119 y luego realizaron un acto en la plaza central.
La excusa para pedir su proscripción es un altercado entre Cemborain y un dirigente radical a fines de 2008 por el que un tribunal mercedeño le impuso la pena de un año en suspenso.
El tiempo de pena fijada estaría cumplida ampliamente pero ahora los abogados que responden a Ricardo Colombi reclamaron que se le prohíba participar de las votaciones de octubre, en una clara maniobra de proscripción.
Este reclamo judicial fue rechazado por una jueza de primera instancia, pero fue recurrida a un tribunal superior. Durante la semana pasada la Cámara Electoral dictaminó que Cemborain no podría ser candidato.
El fallo fue firmado por tres juezas que en sus épocas de estudiante militaban en Franja Morada, una agrupación estudiantil del radicalismo. Pero además una de ellas es esposa de un funcionario del gobierno.
Quien firmó en primer término la resolución que proscribe a Cemborain fue María Herminia Puig, esposa del Subsecretario Coordinador de Entes Descentralizados del Gobierno, Claudio Polich.
La otra jueza electoral que no dudó en prohibir la postulación del mercedeño es Nidia Alicia Billinghurst, quien sostiene amistad con funcionarios del Gobierno, al igual que sus hijos. Uno de ellos, además, fue protegido por el Gobierno en un caso de homicidio que lo involucra. Se trata de Eduardo Braun Billinghurst, quien debe ser juzgado en Brasil por el asesinato de Ariel Malvino, un joven platense que murió tras brutalmente golpeado en una playa de Ferrugem.
La otra integrante del tribunal es Martha Altabe de Lértora, esposa de Nelson Enrique Lértora, titular de la empresa Lecon contratada por el Gobierno para la construcción de obras públicas.
Estas circunstancias hicieron que la sentencia sea calificada como “arbitraria”, y es por ello que será apelada ante el Superior Tribunal de Justicia, ya que fue rechazado un “per saltum” para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analice el conflicto.
Cobertura judicial
Una legisladora del radicalismo, Geraldine Calvi fue denunciada por funcionarios municipales de Goya por hacer uso indebido de bienes públicos.
El hecho que se le endilga es la utilización de máquinas de Vialidad Provincial para el retiro de escombros de una obra en construcción en su vivienda particular.
La excusa que puso es que esos escombros debían ser llevados a una vivienda en un barrio periférico para que lo utilicen en una construcción.
Pero el beneficio personal de esos bienes estatales están penados por la normativa, y es por ello que se realizaron trámites judiciales, pero éstos están estancados.
La legisladora es quien hace dos años, cuando era concejal de la ciudad de Goya, pidió que dejaran sin trabajo a un empleado municipal de 20 años porque había posteado un mensaje en su cuenta de Facebook que no le agradó a la edil.
El muchacho le había recomendado a la legisladora a tomar el ejemplo de Mirtha Legrand y Elisa Carrió, que habían dicho que se irían del país si ganaba el Frente Para la Victoria.
Enojada por esa recomendación, Calvi denunció el hecho ante la comisaría de la segunda de esa ciudad ciudad y llevó una presentación administrativa contra el empleado. Luego, en la sesión del Concejo Deliberante reclamó “que se repudie públicamente las manifestaciones vertidas contra mi persona (por las redes sociales) que tipifican actos de violencia de género y constituyen amenazas propias de gobiernos dictatoriales”.
Su pedido no fue atendido.
Otra funcionaria que fue denunciada en las últimas horas es Estela Regidor, actual titular de las oficinas del Anses.
El hecho por el que se le acusa es el cobro de las vacaciones pese a que continuaba en actividad. Esto ocurrió cuando era titular del Instituto de Previsión Social.
Los que se le imputa es el cobro injustificado de unos $100.000, según la denuncia de Félix Manuel Balmaceda, un jubilado de Vialidad Provincial, el dinero se le abonó “en el período comprendido entre su juramento como diputada provincial electa (ocurrido el 1 de diciembre de 2015) y días posteriores a su renuncia al cargo legislativo (días posteriores al 10 de diciembre de 2015), para seguir como interventora del Instituto de Previsión Social”.
La Justicia no se expidió al respecto.
Otro de los casos que ponen aún más en evidencia la connivencia de los jueces provinciales con los funcionarios gubernamentales, es la denuncia contra Pedro Cassani, presidente de la Cámara de Diputados a quien un fiscal federal lo acusó de posible irrequecimiento ilícito, y pidió a la jueza provincial Graciela Elizabeth Ferreyra que lo investigue.
La denuncia del federal Flavio Ferrini y del juez federal Juan Carlos Vallejos se origina en un allanamiento realizado en una cueva financiera donde se descubrió que Cassani tenía dinero guardado pero no declarado.
El descubrimiento fue cuando el magistrado ordenó el allanamiento a la Cooperativa Pyramis, donde hallaron una caja de seguridad identificada como 254-A registrada a nombre del diputado oficialista.
En ese lugar se encontraron 218.971 dólares, en la 60-N, 906.300 pesos y 200.950 dólares y en la B-61, 203.100 pesos y 178.850 dólares.
Además dentro de la caja 61 B se halló un sobre cerrado de color blanco con inscripción “Telecom” que en su interior contiene tres fajos de 100 billetes de 100 dólares cada uno, un fajo de 88 billetes de 100 dólares y un billete de cincuenta dólares contabilizando un total de 38.850 dólares, así como 14 fajos de 100 billetes de 100 dólares contabilizando un total de 140.000 dólares.
La cantidad de dinero está lejos de justarse al perfil patrimonial de Cassani, según lo reportado por la Afip.
El diputado goyano reconoció, en su declaración jurada de 2015 por el impuesto a los bienes personales, un patrimonio de 106.751 pesos en efectivo, un plazo fijo en dólares de 412.855, así como acreditaciones bancarias por 1.094.559 pesos y declaró bienes personales y muebles del hogar por 93.687 pesos.
El fiscal solicitó que se abra la investigación en el fuero provincial teniendo en cuenta que Cassani es diputado provincial, “toda vez que su conducta podría ser pasible de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en la presentación de las declaraciones juradas” .
Pero, desde entonces la jueza Ferreyra no realizó ningún trámite para investigar el posible ilícito.
