La presentación de plataformas había sido organizada por el Arzobispado de Corrientes desde donde se citó a los tres candidatos a gobernador para el martes 5 de septiembre, el mismo día que jugaba la Selección Argentina de Fútbol.

El lugar elegido fue el auditórium del Hogar Escuela, un espacio administrado por el Gobierno provincial. Es por ello que horas antes del encuentro los encargados del local sólo permitieron la entrada de los referentes y militantes de la alianza Eco+Cambiemos.

Los de otras organizaciones políticas sólo pudieron ingresar media hora antes del horario estipulado para el inicio.

Cuando pudieron entrar al lugar, la mayoría de los espacios ya estaban ocupados.

Esta situación fue el inicio de las hostilidades. Pero el punto cúlmine fue cuando el candidato radical Gustavo Valdés ordenó a sus simpatizantes que generen tal nivel de ruidos a fin de evitar la exposición de los demás candidatos.

Esto llevó a que el debate se suspenda en medio de un clima de hostilidad que continuó afuera, una vez levantada la reunión.

Tras esto, la Pastoral Social Arquidiocesana emitió un duro comunicado en el que exhortó a los candidatos a evitar la violencia. “Dialogar y escuchar es signo de grandeza; es reconocer que todos tienen algo que decir y aportar, y es estar dispuestos todos a trabajar por la consecución del bien común” dice el comunicado.
Remarca que “se hace necesaria y urgente una sincera autocrítica de la dirigencia política y de la militancia, ante la incapacidad manifestada tanto en sectores del público como en algunos oradores, para poder escuchar a alguien que piensa diferente, y expresar con asertividad, sin agresiones, el propio pensamiento”.
Pero además recuerda que “todos debemos aprender a convivir. El mejor y único modo de poder hacerlo es tolerarnos, sostener con respeto el legítimo debate de opiniones, renunciando definitivamente a los gritos, a las burlas y las denostaciones”.
Pese al fracaso del debate de candidatos “la Pastoral Social continúa apostando en colaborar con estos espacios de construcción de ciudadanía, buscando que los correntinos vayamos pasando a ser de habitantes a ciudadanos, y crezcamos en un mayor compromiso y participación en la cosa pública”.

Politica judicializada

La Cámara Electoral de la Provincia de Corrientes prohibió al intendente de Mercedes volver a presentarse como candidato, y así Víctor Cemborain nuevamente deberá apelar el fallo a una instancia superior para poder participar de las elecciones locales del próximo 8 de octubre.

El Tribunal de Alzada rechazó el fallo de la jueza de primera instancia, María Eugenia Herrero que le había dado la posibilidad de presentar su candidatura para renovar la banca, pero los abogados de la Unión Cívica Radical elevaron una queja para intentar impedirlo.

El argumento es que el jefe comunal había sido condenado en 2012 a ocho meses de prisión en suspenso por haber participado de una reyerta con un adversario político. Esta condena había quedado firme en 2014, pero el oficialismo provincial sostiene que la pena sigue vigente.

En un fallo de primera instancia se consideró que había pasado el tiempo y que la condena ya había sido cumplida. Pero ahora un fallo en segunda instancia genera incertidumbre respecto a su futuro.

Fuentes allegadas al jefe comunal anunciaron que en las próximas horas elevarán una queja a una instancia superior. Ya habían presentado un pedido de Per Saltum para que la Corte Suprema defina la cuestión.

Otra de las candidaturas que está en litigio es la de Gerardo Bassi, intendente de Goya quien recibió un fallo favorable en primera instancia, fallo que fue apelado por un grupo de abogados del radicalismo y espera que esta semana se resuelva ese planteo que busca evitar su candidatura.

Lo llamativo es que la Justicia avanza sólo en los casos en los que está en discusión las postulaciones de peronistas.

En el caso de las objeciones a los candidatos radicales, no hubo ningún movimiento de papeles.

Existen objeciones presentadas a la candidatura del oficialista Ramón Camelino en Itá Ibaté; Vicente Fraga en Carlos Pellegrini; Jorge Moreira en 9 de Julio, y José Hechem en Concepción.

También es cuestionada la candidatura de Sandro Pérez a la viceintendencia de Palmar Grande.

En tanto Raúl Pelozo, intendente en la localidad de San Roque, también de ECO+Cambiemos tiene una condena que no está firme, por una causa por desmanejos de fondos públicos. En este caso, la Cámara Electoral le habría dado la posibilidad de presentarse a la reelección.

Además habrían sido impugnados las candidaturas de Eduardo Dualibe y Ricardo Torres, ambos de Caá Catí, quienes aspiran a postularse para la intendencia por ECO+Cambiemos pero que presuntamente hay violado los límites de la re-re.

Pelea por fondos municipales

Los enfrentamientos preelectorales entre radicales y peronistas tiene acarreó serias consecuencias en la administración de la Municipalidad de Corrientes a la que el Gobierno provincial le retiene fondos coparticipables.

El objetivo es generar una crisis económica que obligue a Fabián Ríos a renunciar, y así adelantar el traspaso de mando de la comuna para que quede en manos de Eduardo Tassano, electo el pasado 4 de junio.

En este plan la Provincia retuvo en agosto de 2017 $57.700.000, monto que representa el 44% de los ingresos mensuales del municipio.

Esta suma equivale al 55% de los sueldos del personal municipal.

Además, los recortes irregulares por el Fondo de Desendeudamiento (Profedes) alcanzaron los $12.000.000 el mes pasado, pese a que existe un convenio rubricado con el aval de la Nación para que se eviten esos descuentos.

En tanto que en agosto, las retenciones por aportes al Ioscor sumaron $16.900.000, pese a que existe un convenio para el pago mensual de 6 millones por deudas existentes. Es decir, que se recortaron demás $10.500.000 en forma indebida.

A esto se le suman retenciones por aportes al IPS por $28.800.000.

Las deudas por las que se generan las retenciones se originaron en faltas de pago de la administración del radical Carlos Vignolo, quien estuvo al frente de la Comuna capitalina hasta 2009.

El plan del gobierno es liberar los fondos sólo cuando asuma al radical electo intendente, aun cuando esa maniobra pone en riesgo el pago de salarios de los empleados comunales.

Es por ello que el gobierno municipal hizo una presentación por el "Conflicto de Poderes" derivado de las retenciones arbitrarias y excesivas de recursos.

El trámite judicial incluiye una "medida cautelar" solicitando que "se detenga inmediatamente las retenciones indebida de fondos" y que "se devuelven los recursos recortados demás".

Elecciones fraudulentas

Mientras la Provincia presiona al municipio correntino con medidas económicas para adelantar el cambio de mando, aún quedan dudas respecto a la legitimidad y legalidad del proceso electoral en el que se proclamó ganador a Eduardo Tassano.

Es que, según una denuncia presentada ante la Justicia, habría centenares de personas fallecidas que votaron y miles de votantes afiliados al Justicialismo que fueron excluídos del padrón para las votaciones locales.

Es por ello que los ediles José Salinas, Soledad Pérez, Omar Molina, Mirian Sosa, Agustín Payes, Verónica Navarro, Justo Estoup, Mirta Leiva y Ataliva Laprovitta se constituyeron como “Querellantes Conjuntos” en la denuncia presentada ante la Justicia Federal por los casos de los votos emitidos por personas que constan como fallecidas, incluso años antes de la elección, de las personas fallecidas incorporadas en el padrón y que anteriormente fueron dados de baja; electores que fueron excluidos del padrón, como de aquellos personas que votaron dos veces en la misma jornada electoral.

En el escrito presentado en la Fiscalía Federal de Primera Instancia los ediles hacen notar que las situaciones “representan graves daños al sistema democrático argentino y demuestran la vulnerabilidad del sistema electoral y de confección de los padrones oficiales”.

En este sentido denunciaron que el pasado 4 de junio más de 3.000 personas fallecidas fueron incorporadas al padrón; unos 1.000 electores que ese día sufragaron en Capital, el 8 de octubre volverán a elegir intendente y concejales -por segunda vez en el año- en municipios vecinos.

Otros 2.037 capitalinos no pudieron elegir a sus autoridades comunales porque fueron excluidas del padrón, pero 2.500 personas provenientes de otras comunas ingresaron como electores de la Ciudad antes del 4 de junio.

Los denunciantes aseguran que las anomalías “ameritan un urgente abocamiento de la Justicia a fin de evitar una distorsión entre lo efectivamente determinado por cada ciudadano en las urnas; con el real y presunto engranaje defraudatorio tendiente a cambiar la voluntad popular”.

Adjuntaron a la presentación copias de las constancias de voto de las personas fallecidas, certificados de defunción y copias de los padrones electorales en las que constan las irregularidades.

Un fallo favorable a esta denuncia dejaría al desnudo las maniobras antijurídicas maquinadas por el Gobierno para fraguar elecciones, estratagemas que podrían ser aplicados en las votaciones provinciales del próximo 8 de Octubre.