Judiciales y Policiales
Piden la intervención de las autoridad provincial

Denuncian corrupción de las autoridades de la Unidad Regional VII de la Policía

Piden que se investigue a José Luis Romero, jefe de la Unidad Regional VII.

“Queremos denunciar el malestar por el mal desempño de la Unidad Regional de Saladas, José Luis Romero y de l comisario Inspector Carlos Anibal Aguirre, quienes desde que asumieron, en Enero de 2017, nos quitan el dinero que debemos percibir por los servicios adicionales que desarrollamos”

La frase corresponde a un texto en el que efectivos policiales denunciaron que las autoridades jurisdiccionales de la Policía de Corrientes evitarían registrar los ingresos de fondos extras y supuestamente se apropian de ese dinero.

Los mandos de la Unidad Regional VII tienen la función de coordinar y controlar las actividades de las Comisarías y divisiones especiales de las localidades de Saladas, Empedrado, Mburucuyá y Concepción.

En esos lugares los uniformados estarían obligados a desarrollar servicios extras por imposición de sus superiores, sin recibir remuneración.

Las jornadas de trabajo presuntamente irregulares se iniciarían a las 6 cuando se instala una custodia para el traslado de caudales desde las estaciones de servicio ubicadas sobre la Ruta 12 hasta el Banco de la Nación Argentina de la localidad de Saldadas.

Para ello se pondría al servicio de las firmas de hidrocarburo un vehículo con dos efectivos para custodiar a los encargados de las empresas a realizar los depósitos diarios de la recaudación. “Esta actividad de custodia de caudales es un trabajo extra de alto riesgo", remarcaron ante la consulta de NOVA.

En este sentido aclaran que "la normativa establece que el personal debe recibir mil pesos por este trabajo, pero en el caso de Saladas se contabilizan como actividad regular, como una actividad de trabajo normal”, explicaron.

Tras la realización del depósito bancario de los empresarios, se da por finalizado el servicio de cuostodia. Entonces con representantes de las empresas entregan en mano a los policías supuestamente unos $500 en efectivo que deben ser entregados de la misma manera a los directivos de la Unidad Regional VII.

Ese dinero nunca es depositado en las cuentas de los uniformados, sino que “los jefes se quedan con una parte y con otra, abonan servicios de gastronomía que proveen de alimentos a los directivos de la Unidad Regional diariamente”.

Debido a que estos acuerdos se hacen “de palabra” se evita el uso de cuentas bancarias para el abono de esos servicios especiales, pero además los oficiales evitarían informar a la Dirección de Personal, en el área de adicionales, que los efectivos realizan actividades consideradas “extras” en el horario de trabajo habitual.

Régimen de adicionales

Según la normativa la Policía de Corrientes cuenta con un régimen de servicios adicionales por el que cada efectivo cobra 500 pesos por cuatro horas de trabajo.

Esta actividad sólo puede ser realizada en horario de receso laboral. Quienes prefieran trabajar en los días de franco deben inscribirse en una nómina en un área de la Unidad Regional o en la Comisaría en la que trabajan.

Luego, un oficial debe informar quiénes están dispuestos a prescindir de su horario de descanso para realizar custodias.

Por su parte, los comerciantes que necesiten contar con efectivos en sus negocios deben solicitarlos a las Unidades locales y en las oficinas de la Dirección de Personal. Allí debe firmar una solicitud y realizar el depósito de los fondos que corresponden al pago del servicio.

Ese dinero es depositado luego en la cuenta sueldo del uniformado. De esta manera, la Jefatura de Policía se asegura de contar con el registro de flujo de dinero aportado por particulares y también garantiza el abono de los servicios realizados fuera de horario por los policías.

Falta de elementos

Otras irregularidades que denuncian los policías del Departamento de Saladas es la falta de elementos de trabajo. Aseguran que las custodias se realizan “sin armas largas y sin chalecos antibalas”.

Además denuncian la falta de automóviles y vehículos debido a que son utilizados para el uso personal de los oficiales. “Desmantelaron los móviles policiales. Sacaron las identificaciones y hasta las balizas de los automóviles que son usados con fines particulares de los jefes de la Unidad Regional y de la Comisaría de Saladas”, denuncian.

Uno de estos vehículos es una camioneta Chevrolet S-10 que estaba identificada con la sigla C-768 pero que actualmente carece de este número de inventario. Otra camioneta es la que fue designada como móvil policial C791. Se trata de una Toyota Hilux que estaba a disposición de la Comisaría, pero que actualmente sería usado como un bien de uso exclusivo del Comisario, Aníbal Acevedo.

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