Allí, la instalación del asentamiento generó un conflicto que tiende a ser más grave debido a que “existen efectivos policiales en actividad y algunos retirados que están detrás de esta toma”.

Este grupo de uniformados estaría encabezado por un ex oficial de la Policía de Corrientes en inactividad de apellido Cristaldo quien habría garantizado seguridad a cambio de un rédito económico.

Investigadores de la causa hicieron trascender que “habría una mafia policial que pudo haber digitado esta movilización y la instalación de carpas en este terreno privado”.

En estas actividades estarían involucrados uniformados y ex uniformados que están domiciliados en viviendas ubicadas frente a los espacios tomados. Estos les brindaron acceso a la electricidad y al agua potable para que los usurpadores continúen instalados allí.

Tras la instalación de esas personas, el propietario del terreno contrató al abogado Rubén Leiva para que medie en el conflicto.

El letrado denunció que desde el pasado 5 de agosto se sumaron más familias a la toma. “El número de okupas, no supera las 24 familias, tenemos que hablar a estas alturas de la existencia de una mafia que organiza las tomas, otorgando datos sobre terrenos desocupados, tendrían acceso a cierta información”, dijo el letrado.

Remarcó que “estas personas cuentan con recursos porque es difícil sostener en el tiempo la toma de un lugar que no tiene agua ni luz”. Aparentemente serían efectivos policiales los que colaboran en el sostenimiento de la ocupación.

Mientras tanto, los representantes de las personas instaladas en ese espacio dijeron que “este lugar está abandonado hace más de 20 años, comenzamos a limpiar y a dividir los lugares y la gente empezó a entrar, ahora somos más de 100 familias”, explicó y destacó que de manera precaria repartieron los espacios de 10 por 30 aproximadamente”.

Dijeron que llegaron al lugar porque “no nos queda otra” “y aseguraron que temen a que haya un desalojo porque “la mayoría de las personas que están en el lugar tienen muchos hijos”.

Actualmente existe una acción judicial, y según Leiva, “contamos con una Fiscal que ha tenido los reflejos rápidos, accionando de manera realmente novedosa e importante y solicitó a la Jueza de turno una medida cautelar para que no ingresen más personas, y que tampoco ingresen materiales ni cualquier elemento para comenzar a construir en este lugar”.