El funcionario había sido imputado el año pasado por esos delitos, por lo que fue desplazado de la Secretaría Penal y se lo destinó a la Secretaría de Derechos Humanos, pero entonces solicitó licencia a principios de este año y no volvió a presentarse a su lugar de trabajo.

Esta semana se habría emitido una resolución por la que se lo deja cesante en la función. Esto, mientras avanza en el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes una investigación originada en una denuncia del fiscal federal Flavio Ferrini quien advirtió que se intentaba entregar a un tercero y con documentos falsos, un vehículo de alta gama que fue secuestrado.

Las averiguaciones que involucran al juez y a su secretario se originan en una presentación conjunta, derivada de una investigación preliminar que era llevaa adelante por los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, respectivamente a cargo de la Fiscalía General y las Fiscalías Federales de Corrientes

Los funcionarios solicitaron en octubre de 2016 que se investigue al titular del Juzgado Federal N°1 de dicha jurisdicción, Vicente Soto Dávila, a su secretario Pablo Molina y al empleado Zacarias Issolo, a los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano, y a Víctor Manuel Fernández, a fin de determinar si incurrieron en los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento.

En su presentación, los fiscales solicitan que se investigue si en forma organizada y mancomunada, Fernández, junto a los abogados Agnello y Barboza Galeano realizaron maniobras de simulación o ardidosas para recuperar un vehículo Mercedes Benz 997-C250 que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez, quien fuera procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, para lo cual supuestamente utilizaba la concesionaria RRVIP para blanquear el dinero ilícito.

Lo que se sospecha es que los abogados imputados falsificaban documentos de automóviles secuestrados en una causa de narcotráfico y lavado de activos, para simular que los titulares de esos rodados los habían vendido a terceros que, además, carecían de fondos suficientes para adquirir esos vehículos, o bien para que esos autos regresen al patrimonio de los imputados.

En ese sentido, los fiscales consideraron que “los imputados debieron relacionarse para llevar a cabo el plan denunciado, lo que denota una connivencia explícita al menos entre los funcionarios judiciales y el imputado Roberto Rodríguez quien sería en definitiva el beneficiario del recupero del rodado”.

Asimismo entendieron que “deberá ser investigado, correspondiendo además que realice las explicaciones del caso, el juez a cargo del Juzgado Federal N°1, Dr. Soto Dávila, en relación al conocimiento que pudiera tener sobre los hechos ocurridos”.

Este año, también el juez Carlos Soto Dávila fue imputado en esta causa, ya que fue quien firmó los documentos para liberar los vehículos.