La Justicia determinó que uno de los jefes de la banda de secuestradores fue Rodolfo Ruso Lohrmann, quien en 2002 ya se había tiroteado con Pedro Schaerer para robarle 80 mil dólares que llevaba encima.

Por el caso hubo dos juicios orales con 12 condenados. El Ruso y José Portillo Maidana, detenidos y condenados en 2018 en Portugal por un robo a mano armada, serían para la Justicia los jefes de la banda.

En el primer debate que se efectuó entre 206 y 2007 fueron sentenciados el abogado Pedro Barbieri y Néstor Barczuk a 25 años y Judith Alvarenga –secretaria del letrado- a 8 años.

En tanto, en 2009, en el segundo proceso, Cristian Carro Córdoba y Raúl Nemesio “Caniche” Salgán fueron sentenciados a 25 años, Gonzalo Acosta a 16 años y Claudio Cornelli Belén a 12 años, mientras que otros cinco integrantes de la banda fueron absueltos.

Sin embargo, en 2013, la Cámara Federal de Casación Penal impuso 17 años para los hermanos Sergio Gustavo y Oscar Antonio Salgán, como “partícipes necesarios” del hecho, y para María Esther Sudo. El hijo de esta última, Jorge Gabriel Sudo, recibió 11 años mientras que el policía Miguel Angel Ramírez, 18 años.

Con NOVA se comunicó Salgán, quien asegura que él y su hermano son “condenados inocentes”, que “así fue reconocido en un juicio oral y público”. Además sostiene que en la “ejecución de la pena se aplica castigo y venganza y no justicia”. “Somos inocentes porque así lo declararon los tres jueces del Tribunal Oral, pero después revocaron dicha inocencia por la corrupción de Comodoro Py”, afirma Salgán y cuestiona los antecedentes de los dos jueces “que revirtieron nuestras inocencias”.

Además, Raúl Nemesio “Caniche” Salgán, falleció el 13 de septiembre de 2017 en la Unidad Penal Federal N° 7 de la capital chaqueña, fue condenado a 25 años de prisión. Se pretende conocer las circunstancias en las que ocurrió su deceso. Sospechan que hubo negligencia y desidia del servicio penitenciario.

“Mi padre falleció el 13 de septiembre de 2017. Por otra parte, en agosto de 2016 cumplió 70 años, y correspondía y por eso se solicitó su arresto domiciliario, con el agregado de que estaba sumamente enfermo y ello coincidía con que había cumplido con los tiempos para las salidas transitorias. Transcurrió 1 año y 2 meses y el juez de Ejecución ni siquiera contestó, lo abandonó y termino falleciendo a pesar de que el doctor Vílchez manifestó todo esto... abandono de persona incumplimiento en los deberes de funcionario público...”, sostiene Salgán.

La familia Salgán además de acudir a la opinión pública por medio de NOVA también lo está haciendo ante los Derechos Humanos y diversos organismos. Actualmente los hijos de “Caniche”, Sergio y Oscar permanecen cumpliendo la pena en la cárcel federal de Resistencia, y están a la espera de conocer las causales de la muerte de su padre.

Carta al Presidente

Oscar Antonio Salgán, alojado en la U.P.F N° 7 de Resistencia, tiene ahora 46 años, padre de cinco hijos le dice al Presidente Alberto Fernández que es “un condenado inocente” ante “los ojos de Dios” y “también lo fui ante la Justicia” y le pide que además de la situación del Covid-19 “se ocupe de un tema tan resonado “como los atropellos por quienes administran la Justicia”.

La casta manuscrita de seis carillas habla al Presidente del “abandono de persona, incumplimiento en los deberes de funcionario público, retardo y denegación de Justicia”, pero además de las enfermedades de su padre que falleció estando preso.

Pero también de lo que considera “ilegalidad e ilegitimidad de los retrasos o posturas para denegar las salidas transitorias y la condicional” y lo que llama la atención, según cita Salgán es que “fuimos condenados por dos jueces que ya condenaron a inocentes”.

Por otra parte, Salgán manifiesta que “más allá de que el delito es aberrante y lo repudiamos absolutamente, eso no implica que debamos pagar por algo que no hicimos. Pompeya Gómez estuvo prácticamente a partir del 28 de agosto de 2009, fecha en que nos absolvieron, hasta el 30 de octubre de 2013, fecha en que estos dos jueces imprudentes e irresponsables revocan la inocencia, hablando continuamente con ellos en Comodoro Py. Entiendo el dolor, lo aberrante y el dolor que implica para esta señora, pero el delito que están cometiendo con nosotros es tan o más aberrante que el que ella atraviesa. ¿Qué parte no se entiende de que somos condenados inocentes?; ¿Alguien sabe lo que es atravesar por esto sin ser responsable?”, pregunta Salgán.

“Agrego: ironía de la injusticia dentro de la presunta Justicia. El juez Soto Dávila el año pasado fue procesado por ser considerado jefe de una asociación ilícita. Lo procesaron y automáticamente le concedieron el arresto domiciliario. Al mes lo excarcelaron. Y él, ¿no tiene contactos ni poder para entorpecer la investigación?”, vuelve a preguntar el detenido.

Causas armadas en la Argentina: las trampas de la Policía y la Justicia

Cuando en la Argentina se está hablando de reforma judicial, vale traer en este caso el dato que publica Red/Acción en julio de 2019 en el que hace público cómo es la vida de quienes fueron encarcelados a partir de pruebas fraudulentas y testigos falsos. ¿Quién investiga a los policías, fiscales y jueces cuando hay sospechas de que la causa pudo haber sido una trampa? Según esta publicación en la Argentina el 46 por ciento de las personas presas no tienen una condena firme.

Hay muchos casos de justicia injusta, dice la nota que firma Javier Sinay para Red/Acción, pero quizás el paradigma sea la causa fraudulenta que tuvo a Fernando Carrera como acusado (y luego condenado a 30 años de prisión), y que fue tan escandalosa que llevó al cineasta Enrique Piñeyro a filmar una película al respecto, El Rati Horror Show, y después a fundar una rama argentina de Innocence Project, una ONG estadounidense que defiende a inocentes presos. Carrera fue declarado inocente por la Corte Suprema de la Nación en 2016, luego de una intensa campaña social.

El 7 de junio de 2007 se conoció la sentencia de 30 años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14, compuesto por los jueces Hugo Cataldi, Beatriz Bistué de Soler y Rosa Lescano, la misma pena solicitada por el fiscal Clorindo Mendieta.

Se cita este caso porque coincidentemente son los mismos jueces que revocaron las absoluciones de los Salgán, quienes hoy insisten en que son “condenados inocentes”, además de buscar “la verdad” sobre las causas de la muerte de su padre dentro de la prisión.

“¿Específicamente cómo podemos como sociedad tolerar que estos dos jueces que volvieron a condenar a un inocente (Fernando Carrera) continúen juzgando?. ¿Qué garantías y eficacia?, ¿Qué seguridad tienen sus sentencias?”, pregunta el detenido.

“Señores estoy pidiendo que divulguen está causa, que funcionarios serios e imparciales verifiquen y constaten sin influencias ni moralismos, porque las pruebas no se evalúan acordé al dolor sino a la responsabilidad penal o a la falta de ella. Si prejuzgan en vez de juzgar sucede lo que pasó con Carrera y con nosotros, por los mismos jueces”, demanda Salgán.

“Una pregunta: ¿Alguna vez alguien vio por televisión, radio o en periódicos que algún juez o fiscal allá pedido disculpas por sus errores? Cuando condenaron a Fernando Carrera, lo procesó el juez de Instrucción, luego condenado por 3 jueces en juicio, y 3 jueces más de Casación, o casualidad que dos de ellos son los que echaron al tacho de basura los 9 meses que demoró nuestro juicio, o sea, 7 jueces dijeron que era culpable”.

“En nuestro caso, en los tres en juicios dijeron que éramos inocentes. ¿Alguien piensa que con la presión que de manera personal cargan los jueces con este tipo de delitos? ¿Creen que si tenían al menos un indicio de culpabilidad, nos hubieran absuelto como lo hicieron?”, vuelve a preguntar Salgán.

“Se convencieron de nuestra falta de participación, esa es la verdad. El fiscal, el fallecido querellante Ernesto González y la misma Pompeya Gómez en el juicio conocieron acerca de nuestras inocencias”, marcó.

Salgán pide al Presidente, a la Justicia, y a los ciudadanos argentinos “la posibilidad de demostrar q nosotros somos tan víctimas como lo es Cristian Schaerer. Al terminar el juicio la jueza Lucrecia De Badaro, ordenó que se investigue al fiscal actuante Oscar Resoagli por ocho (8) supuestos delitos cometidos por él en la investigación, y llamativamente en vez de hacerlo convierten la sagrada inocencia en culpabilidad con la intervención y antecedentes de estos 2 jueces. Las 2 mujeres de misiones, 11 y 14 años, presas y condenadas... Inocentes... Y lo que no se sabe y se tapa”, reflexiona contando algo que se sabe sucede en Argentina, sin embargo muchas veces se naturaliza.

Todas estas preguntas quedan sin ser resueltas hoy en la Argentina con muchas manchas de impunidad, de los abusos, las puertas giratorias, las causas armadas, los “carpetazos”, “perejilazos”. La Justicia injusta no solo para el reclamo de los Salgán, y de los demás presos que están en su misma situación en las distintas cárceles del país, sino también para las madres como Pompeya que después de 17 años todavía no obtuvo todas las respuestas ni la paz necesaria porque no se conoce toda la verdad sobre la desaparición de Cristian.