Para ordenar el allanamiento, el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 12 de la Ciudad de Buenos Aires justificó que “las constancias recabadas señalan que, además de detentar su influencia sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, (el abogado) también operaría sobre el desempeño de determinados sujetos que prestarían funciones judiciales, exhibiendo un rol activo en este sentido O.A.S. quien estaría ligado al ofrecimiento de dádivas para vulnerar el cometido de aquéllos”.

Las pruebas que existirían lo vinculan con el ofrecimiento de dinero a funcionarios policiales y judiciales para posibilitar la excarcelación y exoneración de los acusados por narcotráfico a quienes defendía.

En términos concretos, sospechan que el representante legal “tendría un rol más activo en este sentido a los fines de beneficiar a algunos integrantes del grupo criminal, en especial a Federico “Morenita” Marín”, sindicado como uno de los líderes narco de Itatí.

Debido a esto, el juez porteño Sergio Torres mandó a que se lo aprese en un megaoperativo en el que se realizaron 46 allanamientos en inmuebles y una cárcel de 4 provincias.

Una de esas intervenciones fue en el barrio Quinta Ferré de la Capital correntina, sobre la calle 24 de Agosto casi en la intersección con la calle Mar del Plata.

Un nutrido grupo de gendarmes arribaron fuertemente armados a la edificación de color blanca de dos niveles, rodeada de rejas metálicas negras donde el profesional del derecho desarrollaba su actividad. Allí quedó detenido.

En ese mismo lugar fueron incautados seis mil pesos y dos cheques y un automóvil Citroën C3.

Dentro del rodado había un chip telefónico, un pendrive, un maletín de color negro y billetes por $6.800, consta en una de las 400 carpetas a las que tuvo acceso NOVA. Pero lo que llamó la atención a los investigadores es la existencia de un papel en el que estaban anotados cuatro números de teléfono y el número de una cuenta bancaria que actualmente estaría intervenida por la Justicia.

El abogado verde

El nombre del letrado detenido intervino casi exclusivamente en causas judiciales de narcotráfico. En 2016, sólo en el Tribunal Oral Federal llevó adelante 16 causas, todas relacionadas con el transporte de estupefacientes.

Además tramitó otros expedientes en primera instancia en las que mayormente logró la excarcelación de sus representados.

El éxito de sus tramitaciones se debería, según se sospecha, a sus vínculos con los funcionarios judiciales que tramitan las causas en las que interviene, según un testigo de identidad reservada en la megacausa narco que investiga el tráfico de 15.000 kilogramos de marihuana por semana desde Itatí a siete provincias.

La revelación fue conocida cuando el declarante fue cuestionado respecto a la existencia del pago de dádivas para cambiar la situación procesal de los imputados.

Ante el juez Sergio Torres el declarante contestó entonces: “sí, el juez (Carlos) Soto Dávila, también su secretario, arreglan cuando caen los narcos. A los dos días salen, por así decirlo”.

Afirmó que a los funcionarios judiciales “les dan efectivo, plata en la mano” pagos que los realizaba el letrado actualmente alojado en la Unidad Carcelaria de Marcos Paz.

En el expediente consta que “el que se encarga de esto es (…) el abogado de todos los narcos, de la mayoría. También hay otros abogados que trabajan o están de acuerdo con él y que hacen lo mismo, arreglan con Soto Dávila”.

Plata negra

El dinero recibido supuestamente por el juez Soto Dávila circularía por fuera del sistema económico legal, por lo que carece de registro en la base de datos de los organismos impositivos.

Esos fondos están en la mira de los investigadores impositivos, al igual que los hallados en 2015 en un “banco trucho” que funcionaba a pocas cuadras de su juzgado.

Esto fue en el contexto de averiguaciones por una causa por lavado de activos y de otra, por evasión fiscal en las que fueron detectados documentos que involucran a un juez con la compra y venta de dinero por fuera del mercado legal.

Los papeles fueron encontrados en el desarrollo de una causa judicial en la que el mismo juez llevaba adelante la instrucción. Se trata de las maniobras llevadas adelante por la Cooperativa Pyramis que funcionaba como banco sin autorización del Estado y donde además se vendían dólares sin tener habilitación para hacerlo.

Luego del hallazgo de esos documentos se denunció ante la Cámara de Apelaciones de Corrientes que el juez federal Carlos Soto Dávila habría comprado y vendido moneda extranjera en negro por medio de la Cooperativa de Créditos Pyramis a la que debía investigar en el marco de una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Demostraron esto con documentos donde están registradas las transacciones hechas sin autorización del Estado.

En una de las computadoras de Pyramis se halló información que involucraría al juez federal Carlos Soto Davila quien se sospecha que compró 63.730 dólares estadounidenses a un precio “diferenciado”, y que además vendió esa moneda por un total de $209.825.

Estas operaciones se habrían realizado en forma personal por el magistrado quien trataba directamente con los imputados de la causa en la que debía intervenir.