Judiciales y Policiales
Causa que involucra a funcionarios publicos

Empleado de Anses, profugo y sin abogado

Una veintena de vehículos fueron incautados. Buscan otros en Santa Fe y Misiones.

El abogado de la Administración Nacional de Seguridad Social, Martín Erro, se quedó sin representante legal ante la Justicia Federal debido a que el letrado que lo representaba en las causas judiciales en su contra renunció.

La información la dio el propio letrado Jorge Buompadre a NOVA Corrientes. “Decidimos dejar de representarlo, pero no ahondaré en detalles. Son una sumatoria de razones”, indicó el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Unne.

El profesional del Derecho llevaba la representación del administrativo de Anses sobre el que pesa un pedido de búsqueda y detención de la Policía Internacional (Interpol) en el contexto de dos causas judiciales por lavado de activos y otros delitos financieros que se tramitan en el Chaco y en Corrientes.

Erro está sindicado como la cabeza de una organización criminal integrada también por policías aeroportuarios, y comerciantes de ambas provincias y Santa Fe.

Una de ellas, la iniciada en Resistencia, tiene 40 imputados, algunos de ellos son funcionarios públicos que están privados de la libertad.

La maniobra consistía en captar tarjetas de débito de terceros a quienes la organización les entregaba mil pesos. Cuando disponían de esos plásticos los clonaban, y luego realizaban depósitos millonarios en esas cuentas bancarias.

Con las tarjetas clonadas la organización viajaba a Paraguay, donde simulaba comprar electrónicos que pagaban con dinero de las cuentas “alquiladas”, pero en realidad lo que obtenían eran dólares.

Una vez que contaban con los billetes estadounidenses, uno de ellos viajaba hasta Corrientes o Resistencia, y supuestamente sobornaba a los encargados de los controles policiales para que eviten revisar el vehículo de sus cómplices.

Horas después la otra parte de la organización regresaba a nuestro país con la carga millonaria.

Sospechan que esos fondos de moneda extranjera eran puestos a la venta en el mercado informal.

Entre 2013 y finales de 2015 obtenían $4 de ganancia por cada dólar vendido. Estiman que amasaron una fortuna superior a los $30.000.000.

Allanamientos

En el contexto de la investigación el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió a la Jueza de Primera Instancia, Zunilda Niremperger, que ordene 16 allanamientos en las capitales de ambas provincias.

En esos operativos secuestraron una veintena de autos de alta gama y motocicletas, presumiblemente comprados con dinero proveniente del contrabando de dólares.

También apresaron a 6 integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que participaban de las maniobras financieras ilícitas.

Uno de los pedidos de detención era para Martín Erro, pero ese 18 de agosto, cuando un grupo de uniformados de la PSA fue hasta su lugar de trabajo a buscarlo, el letrado se había ido de la oficina.

Testigos afirman que 10 minutos antes del operativo recibió una llamada de aviso. Desde entonces nadie más lo vio.

Entonces, el abogado Jorge Buompadre pidió una eximición de prisión, pero le fue denegada. También pidió en nombre de su defendido “vacaciones anticipadas” en Anses, pero la solicitud fue desestimada.

Luego de esto el representante legal renunció.

Megacausa

En el contexto de las investigaciones la jueza Zunilda Niremperger se había declarado incompetente porque consideraba que los hechos investigados se concretaron en su mayor parte en Corrientes.

Hizo notar también que la mayoría de los imputados tenían domicilio en la Capital correntina, y es por ello que había remitido el expediente al Juzgado Federal 1 de Corrientes, que estaba de turno entonces.

Pero el fiscal Patricio Sabadini se opuso a esta determinación y elevó una queja a la Cámara de Apelaciones Federal, que fue sostenida por el Fiscal General, Federico Carniel.

El Tribunal de Alzada reconoció que las investigaciones habían comenzado en Resistencia y que los imputados trabajaban en esa ciudad.

Hicieron constar además que esos imputados tenían abierta una causa judicial por operatorias idénticas, investigación iniciada en 2015 por la Policía del Chaco.

Ante esto se mandó a unificar las dos causas. Ahora existen 40 imputados.

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