En los hechos, la determinación de Valdés de evitar ir a la Justicia para el cobro de esos fondos, pone a Corrientes al borde de un levantamiento de trabajadores que ven cómo sus sueldos se debilitan frente a la inflación.

Algunos factores sociales y económicos son similares a los que existían en 1999 cuando una crisis social y económica hizo implosionar al gobierno, lo que generó una intervención.

Una de ellas es la cantidad de empleados públicos. Al igual que hace 20 años, más de la mitad de los trabajadores correntinos son dependientes del Estado provincial o de los municipios.

Otra de las particularidades similares es la creciente inflación, como también el crecimiento de los índices de desocupación.

Lo que (aún) salva a Valdés de la catástrofe es que por el momento los ingresos generados por cobro de impuestos provinciales y conceptos extraordinarios le permite todavía cumplir con las cuotas salariales.

Existe, sin embargo, incertidumbre por lo que pueda llegar a pasar hasta diciembre. Es que si la escalada inflacionaria continúa y los fondos nacionales son recortados, le sería difícil garantizar futuros aumentos salariales, y pronto los trabajadores podrían expresar su descontento.

Respecto de su decisión el gobernador dijo: “Queremos que la plata llegue al ciudadano, pero eso implica una merma en la recaudación. Esto tiene que ser así, y todo el mundo lo sabía, incluso los gobernadores opositores. La mayor compensación u otro mecanismo será lo que se recibe de este Gobierno que es cerca del 43 por ciento de los recursos, cuando con el anterior apenas llegaba al 25 por ciento”.

Lo que no tuvo en cuenta es que la inflación superó todos los límites establecidos y los índices son muy superiores a los de 2015.

Pero Valdés también tiene a favor que existe estabilidad política, lo que no hubo en 1999. La alianza gobernante, Encuentro por Corrientes pasa por estas horas por una disputa interna debido a la falta de protagonismo de algunos de los partidos integrantes de esa coalición.

Sin embargo, ninguno de ellos tiene la presencia territorial ni la fuerza suficiente como para condicionar al radicalismo. En los hechos se trata de "sellos de goma" que sólo sirven para garantizar los sueldos abultados de ciertos dirigentes políticos, ya que adolecen de adeptos y de caudal electoral.

Así las cosas, Valdés confía en que la burbuja aguante al menos hasta diciembre, cuando comience una nueva gestión gubernamental.

Como plan A, de ganar Macri el 27 de octubre, tendría garantizado mejores recursos a caso como pago por su "fidelidad" en tiempos turbulentos.

El plan B es un poco más complejo: debería echar mano a sus dotes de "poncho yeré" y a la capacidad camaleónica de su adalid, Ricardo Colombi, para infiltrarse en las líneas peronistas y "enchamigarse" con los Fernández y así obtener algunos morlacos que le permitan mantener la estabilidad financiera.

Hasta ahora todo transcurre en una tensa calma y tanto oficialistas como opositores miran atentos el comportamiento inflacionario y los ingresos tributarios provinciales.

Bomba de tiempo

Para revertir la suba exponencial de precios de la canasta básica el presidente decidió quitar el IVA a ciertos productos, en una medida desesperada por abaratar los costos para el consumidor.

Pero la medida es errónea, porque los precios están desregulados y nada obliga al vendedor a fijar los precios por debajo de lo que quiere el Gobierno, salvo en las grandes cadenas de supermercados que firmaron un acuerdo para mantener "precios cuidados".

Tampoco cuenta el Estado con personal y elementos suficientes para controlar todos los comercios instalados, en barrios, ciudades y pueblos del país.

Así, el comerciante, quien también pierde con la inflación, podría comprar productos más baratos, pero el beneficio para el consumidor sólo depende de la buena voluntad de los vendedores al tiempo que no tienen ningún tipo de respaldo por parte del Gobierno.

Además, no todas las mercaderías fueron despojadas de ese 21 por ciento de carga impositiva. Por lo que algunas, necesarias para la elaboración de productos manufacturados siguen en aumento. Y es por ello que, por ejemplo, el pan que antes de la quita del IVA estaba a 60 pesos por kilo, ahora llega a costar 100.

Pero el Gobierno nacional también perdona el cobro de impuestos al monotributo y reduce el impuesto a las ganancias.

Todos esos impuestos son coparticipables y afectan directamente a la economía de las provincias y de los municipios. Por esto es que tres provincias del nordeste (menos Corrientes) y otras 18 irán a la Corte Suprema para obligar a que les garanticen la recepción de ese dinero.

Esa pérdida de recursos le tiene sin cuidado a Valdés y no reclamará.

Es que esta determinación de Macri llevará a que desde septiembre hasta diciembre Corrientes no reciba 1.012,74 millones de pesos derivados del impuesto a las ganancias.

Además Corrientes dejará de percibir 234 millones de pesos en conceptos de IVA y 34 millones derivado del monotributo.

En total son 1.285.360.000.000 pesos los que serán recortados y que no llegarán a las arcas del Gobierno provincial y de ese monto 244 millones tampoco llegarán a los municipios.

El panorama es complejo toda vez que se tenga en cuenta que aumentaron las deudas de la provincia. Desde el inicio el gobierno de Mauricio Macri, Corrientes obtuvo un 395 por ciento más de deuda en comparación a 2015.

Esto es porque en 2016, tomó 3.456 millones de pesos en concepto de adelantos y fondos internacionales, mientras que en 2017 lo que pidió prestado llegó a 4.699 millones.

En 2018, en tanto, la administración de Gustavo Valdés ya había solicitado fondos crediticios que hicieron ascender la deuda a 8.757 millones de pesos y en lo que va del año la suma de dinero prestado llega a 10.461 millones de pesos.

En 2015 la deuda era de 2.113 millones de pesos. Es decir, 8.348 millones menos.

Así las cosas el panorama económico para Corrientes es oscuro en lo macro. Pero el peligro radica en que tanto las decisiones inconsultas y arbitrarias de Macri como la pasividad de Valdés, podrían incendiar los bolsillos de los correntinos y generar un estallido social imposible de contener desde lo político.