Enjuician a un ex gobernador por desmanejos de dinero público
La disputa por el poder que los primos Arturo “Rubi” Colombi y Ricardo “Lalaca” Colombi iniciaron hace poco más de una década tiene su correlato en causas judiciales que aún están en desarrollo.
Una de ellas es la conocida “Causa Publicidad”, expediente iniciado por una maniobra cavilada por Ricardo Colombi contra su pariente, el entonces gobernador de la provincia, a quien acusó de desviar fondos públicos a través de publicidad oficial.
La denuncia fue primero mediática, pues un conductor de radio se había quejado que era discriminado en la recepción de pauta publicitaria y esto motivó la investigación a los manejos de la pauta oficial.
Las averiguaciones quedaron en manos del fiscal Gustavo Roubineau quien solicitó un allanamiento a las oficinas de una agencia de noticias embestida de aparente legalidad, el 30 de septiembre de 2009.
Tras ésto el juez de Instrucción Nº 3, Luis Cochia Breard, ordenó la suspensión del pago de publicidad por parte del Poder Ejecutivo de ese entonces. El dictamen se basó justamente en las pruebas reunidas hasta ese momento en la causa.
Luego de nueve años de dilaciones por las apelaciones de los involucrados, la causa llegó a juicio oral y público.
La primera audiencia se desarrolló este martes 5 de diciembre, en el Tribunal Oral Penal 2 de Corrientes, pero por inconvenientes del proceso judicial fue diferido hasta el próximo 19.
El inconveniente fue que José Antonio Barreto, uno de los imputados informó que estaba imposibilitado de asistir debido a su delicado estado de salud. Esto fue corroborado con certificados médicos y verificaciones realizadas por funcionarios judiciales.
Acusación publicitada
Lo que se le endilga a “Rubi” Colombi es la distribución de millones de pesos a páginas web, radios y medios de comunicación desconocidos a quienes se los incluía en la nómina de proveedores del Estado.
La sospecha es que los dueños de estas firmas –algunas fantasmas- realizaban un “retorno” de fondos a los funcionarios.
En esta causa también se investiga la creación de una especie de Dirección de Información pública que funcionaba en una firma con aparente legalidad conocida como “Agencia Corrientes”.
Esta firma estaba registrada como una agencia de servicios periodísticos y contaba con un equipo de al menos veinte periodistas, fotógrafos y técnicos que además cumplían funciones en otros medios de comunicación de la Capital.
Esta empresa recibía fondos superiores a los $35.000.000 mensuales para la redacción y difusión de información oficial, pero también intervendría en la “tercerización” de la pauta publicitaria oficial.
En los hechos, los directivos de Agencia Corrientes pasaron a decidir qué medios serían esponsoreados por el Gobierno, y también determinaban los montos a distribuir.
La empresa estaba dirigida por Hernán González Moreno, un joven de 27 años testaferro del ex legislador nacional José Rodolfo Martínez Llano quien habría cavilado la operación y que también se habría beneficiado por las maniobras financieras realizadas con fondos públicos.
El coordinador de las actividades era José Luis Zampa, entonces Director de Información General de la Casa de Gobierno, imputado en la causa, además de Arturo Colombi.
También son juzgados José María Roldán (ministro secretario general de la Gobernación); Carlos Emir Fagúndez (ministro secretario general de la Gobernación); Carlos Aníbal Lezcano (Sucesor de Zampa en la Dirección de Información Pública);José Antonio Barreto (subdirector de Información Pública); Carlos Lértora (subsecretario general de la Gobernación); Ramón Rufino Zacarías (subcontador de la Provincia en 2008); María M. Romero (fallecida) y Pedro Iván Florida, ambos integrantes de la Asesoría Legal que depende del Departamento Legal de la Gobernación.
En el banquillo también está el actual contador General de la provincia, Héctor Herrero quien por aquellos años también era funcionario gubernamental.
Muerte dudosa
Como respuesta de la denuncia por el desmanejo de la pauta oficial, González Moreno presentó una denuncia judicial en el fuero federal contra Ricardo Colombi.
Esta causa es conocida como la de “La Casita Regalada”, y refiere a la recepción de Ricardo Colombi de una casa valuadaen una cifra millonaria pesos por parte de Marcelo Laslo, un empelado administrativo de bajo rango del PAMI.
La escritura fue firmada en un día que no existe, 31 de noviembre, en una escribanía de Santo Tomé.
La causa fue iniciada en el juzgado federal de Paso de los Libres, entonces subrogada por la abogada Mabel Borda, una persona de confianza de José Rodolfo Martínez Llano.
La causa número 34020343/2009 fue registrada en julio de 2009, cuando Hernán González Moreno denunció que Colombi junto a María Helena Haddad y Hernán Marcelo Laso –quienes son matrimonio- habrían ejecutado maniobras irregulares para que el ahora mandatario provincial y máximo referente de la UCR provincial adquiera por interpósita persona y por valores irrisorios una propiedad valuada en $3.000.000.
En agosto de ese año, ante las presiones por la “Causa Publicidad”, el denunciante aportó mas pruebas y amplió su declaración. En 2015 se confirmó el procesamiento a la pareja.
La acusación fue que Laslo habría adquirido a favor de Colombi un inmueble ubicado en la esquina de 9 de Julio y Perú, en la Ciudad de Corrientes. La transacción fue el 31 de noviembre de 2006, un día que no existe.
El pago fue una suma de $150.000 que no se condice con su verdadero valor, y luego el comprador, Laslo cedió todos los derechos sobre la propiedad a Colombi.
Para la Justicia con esto se buscaba ocultar la identidad del verdadero dueño y evadir el pago de impuestos por parte de éste.
En octubre el denunciante iba a realizar una ampliación de la denuncia, pero apareció muerto con un tiro en la cabeza.
