Fiscal Federal de Corrientes repudió el fallo de la SCJ que beneficia a represores
El fiscal federal Flavio Ferrini, quien estuvo a cargo de la investigación de las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad ocurridos en Corrientes durante la última dictadura cívico-militar, expresó su total rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aplicar el beneficio de reducción de penas a los genocidas condenados.
“Seguramente en todo el país permitirá una suerte de efecto cascada y habrá muchos beneficiados. Habrá nuevos planteos, y es posible que a medida que se presenten planteos, ésta gente logre su libertad”, se lamentó.
Además explicó que, a su criterio, se trata de un fallo que encuentra correlato con la normativa vigente. “La ley 24.390, conocida comúnmente como "2x1" no estuvo en vigencia ni en el momento de ocurrir los hechos ni cuando fueron a juicio. Estuvo vigente un tiempo pero no cuando estas personas fueron juzgadas. Los involucrados en ningún momento estuvieron sujetos a prisión preventiva. No estuvieron detenidos con la vigencia de la norma. Es una ley procesal que tuvo muchos reproches en su momento, por eso fue derogada en 2001. Surgió en su momento cuando se cuestionaba mucho la duración larga de los procesos”, evaluó.
Asimismo, se mostró sorprendido frente al dictamen y consideró que podría tratarse de una “amnistía judicial encubierta”, en sintonía con el giro ideológico que se explicitó con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional que, aparentemente, “intentan flexibilizar cuestiones vinculadas a estos casos”, dijo.
Flavio Ferrini recordó que “nos enorgullecíamos como país al juzgar estos hechos. Es un golpe certero a los DDHH. De ninguna manera se había lesionado conceptos institucionales, muy por el contrario”, en relación a los fundamentos presentados por la Suprema Corte al momento de emitir la sentencia que favoreció a un represor condenado.
La polémica
La ley 24.390, conocida comúnmente como "2x1" y que ayer volvió al centro del debate por una fallo de la Corte Suprema de la Nación que la aplicó a un represor, se votó sobre el final del período ordinario legislativo de 1994. Entonces gobernaba el país el peronista Carlos Menem y esa norma fue la polémica salida que encontraron los diputados y senadores de entonces para descomprimir la situación de las cárceles, llenas de presos sin condena. Como recordó hoy Clarín, esa situación había quedado expuesta en la carnicería del motín en el penal de Sierra Chica, donde hubo casos de canibalismo.
Pero en mayo de 2001, ya con la Alianza y Fernando de la Rúa en el poder, la norma fue modificada por una nueva ley, la 25.430, que quitó el beneficio del 2x1 para los procesados. Y así, a los dos años de prisión, los procesados sin sentencia pueden pedir y obtener sus excarcelaciones.
