La causa judicial iniciada está relacionada con la expropiación de una playa que constituye un balneario público a un grupo empresario vinculado a una red de casinos, hecho que para el denunciante fue realizado por fuera del marco legal.

Según la denuncia, el Poder Ejecutivo municipal cedió en forma unilateral a un grupo empresario los derechos sobre un terreno público emplazado en la costa del Rio Paraná, en la Capital correntina. Además, se autorizó a instalar allí un shopping, pero se sospecha que el fin real es montar una sala de juegos.

La demanda fue presentada el miércoles 26 de febrero en la Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Ciudad de Corrientes y está firmada por el concejal Fabián Ríos, quien ya había dado a conocer estas irregularidades públicamente.

El edil expuso ante la Justicia que "la Administración Municipal, autorizó la construcción de un Centro Comercial en la Costanera Sur de la Ciudad de Corrientes”.

También, lo que cuestionó es la existencia de un convenio la Empresa Hoco S.A, vinculada al zar del juego, Jorge Goitia. En este contrato, el Municipio se comprometió a “realizar las gestiones administrativas necesarias” para que esta empresa construya un centro comercial en un inmueble ubicado en a Costanera Sur, sobre el balneario.

Litigio inconcluso

Este terreno, si bien pertenece al municipio, originó un litigio judicial en relación al precio que se debía pagar por la expropiación. La tierra pasó a manos del Estado, pero había un juicio para determinar cuánto debían abonarle por ese lugar a los hermanos Augusto Pablo y Leopoldo Gustavo Bayol.

Durante el proceso judicial, el señor Goitia había pagado una suma de dinero a los hermanos Bayol y adquirió el derecho de tomar su lugar en el litigio contra el municipio y así cobrar la indemnización. Pero tras esto, constituyó la empresa Hoco y acordó desistir del reclamo a cambio de usar esa tierra para construir un shopping.

Según la denuncia, respecto a esto, "en una entrevista realizada el 30 de diciembre de 2019, en la emisora Radio Dos, de la Capital, el intendente Eduardo Tassano expresó que 'el convenio se firmó en el marco de un juicio de expropiación, cuya instancia jurídica estaba perdida y se estaba atrasando nomas la solución'".

Sostuvo además que "la Municipalidad otorga los permisos para construir el centro comercial y que la empresa cedería a favor del municipio los terrenos en los que se construyó la Avenida Juan Pablo II, y también el 70 por ciento del inmueble ubicado al lado del Club Boca Unidos y otro inmueble de calle Lamadrid".

La misma explicación fue sostenida el 13 de febrero de este año en una reunión con autoridades de la Región 1 Capital del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social.

Según expone Fabián Ríos, "este convenio, constituye un perjuicio a los intereses confiados y el reconocimiento por parte de la Municipalidad de una deuda inexistente a favor de la empresa Hoco S.A.".

Justifica entonces que "la firma Hoco S.A., adquirió solamente derechos litigiosos, respecto de la posible indemnización derivada del objeto del proceso de expropiación iniciada por los hermanos Bayol".

Según esto "Hoco S.A., como compradora, no pudo adquirir un derecho mejor que el que tenían los Bayol al tiempo de la transferencia". Explica además que de concretarse el traspaso de la tierra a la firma se estaría configurando un delito y un daño a la economía del Municipio.

Expone que el 12 de diciembre pasado "el señor Eduardo Tassano manifestó en el medio de comunicación Radio Dos que el juicio por 'la mala expropiación' de esa propiedad privada es arriba de los quinientos millones de pesos”. Según esto, en forma unilateral la intendencia hizo una tasación de un terreno público sin esperar la resolución de un juicio que aún está en desarrollo.

Playas financiadas

Según el denunciante también se configura un daño al Estado debido a que tanto el terraplén que se pretende entregar como las playas habían sido construidos con dinero enviado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

El balneario, instalado con un trabajo de regulado y acondicionamiento de terreno, al igual que la avenida Juan Pablo II y los terrenos mejorados cercanos a la costa del río fueron parte de un “Proyecto de Protección contra Inundaciones". Para ello se expropiaron los terrenos y al no llegarse a un acuerdo, se inició un litigio judicial por el pago.

La obra se concretó y para ello se adquirió un préstamo a través de los expediente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento N° 4117-AR y JEXIM N° 03830- AR, caratuladas "Obras de Defensa Sur de la Ciudad de Corrientes y para ello se convocó la Licitación Pública Nacional N° 05/00 por Decreto N° 1882/00 de la Intervención Federal de Corrientes en el año 2000.

La obra se culminó en tiempo y forma, inaugurándose la vía de tránsito como también el balneario público, constituido por 600 metros de playa.

Es por ello que se acusa de fraude al intendente Tassano, "como máximo responsable de la administración de los bienes del Estado Municipal, interviniendo en la firma del convenio en la cual aceptó una propuesta de pago de indemnización gravemente lesiva para el patrimonio del Estado Municipal".

"Este funcionario, por imperio legal y constitucional, tiene a su cargo la administración de los bienes de la Municipalidad de Corrientes y aceptó un acuerdo irrazonable aceptando la propuesta de la firma Hoco S.A, sin tener la autorización del Concejo Deliberante", indica el expediente.

Según esto, con la maniobra "intentan beneficiar a la empresa a costa de las arcas de la Administración Pública".

Ahora la Justicia Ordinaria debe analizar el contenido de la denuncia y evaluar si corresponde la imputación por delitos penales al intendente.

Mientras esto ocurre, existe en otro fuero un amparo judicial solicitado por un grupo de vecinos que frena las obras hasta que se resuelvan todas las cuestiones relacionadas con el conflicto.

Pero, además, un periodista habría iniciado una demanda debido a que la intendencia habría contratado una empresa de dudosa legalidad para custodiar un evento público.

Se trata de los carnavales barriales, evento en el que el comunicador Marcelo Burchiski fue agredido por los patovicas contratados por el gobierno municipal, razón por la que ahora tiene serios daños físicos. Esto habría derivado en un trámite judicial en el que se pide la investigación de la posible responsabilidad del intendente en los hechos que derivaron en la agresión.