Las edificaciones están en ejecución con permisos precarios, con trabajadores en negro y además con instalaciones eléctricas clandestinas, todo con el aval de la gestión de Eduardo Tassano, jefe comunal de la capital.

Esta situación fue denunciada por los vecinos que conformaron un grupo para impedir que se violenten las normas que protegen los espacios públicos y costas del río Paraná.

Lo que se pudo establecer es que las edificaciones en proceso fueron dadas en forma unilateral a empresas que pertenecen a un grupo de amistades de funcionarios municipales.

Uno de estos es el secretario Coordinador, Hugo “Cuqui” Calvano, quien tiene vínculos con Matías Piattoni, quien es accionista de los restaurantes “Ginger Restobar” (Junín y Costanera), “Animal Bar con Fuego” (Museo de Ciencias Naturales, Costanera y Quevedo).

Además aparecen como empresarios beneficiados por los negocios municipales la pareja de Nicolás Montanaro y María Clara Montanaro, propietarios de MS Holding Group Sasu. Otro es Jorge Goitia, dueño de una cadena de casinos quien pretende construir un shopping sobre la playa.

La connivencia de este último y Calvano queda clara a través de la maniobra por la que se autorizó la obra. La iniciativa de entregarle el espacio público fue de Fabián Nieves, concejal de la Coalición Cívica, partido de Calvano.

Tanto el edil como el funcionario municipal defienden a capa y espada el proyecto que demandará unos 900 millones de pesos, pero que generará un daño ambiental permanente en la ciudad.

Lo que denuncian los vecinos es que la normativa existente prohíbe la construcción de edificios en la costa del río. Además indican que existen infinidad de irregularidades tanto en la sesión de los terrenos públicos como en la ejecución de las obras.

Esto valió que muchos de los integrantes de los grupos vecinales reciban amenazas y ataques mediáticos por parte de los empresarios y funcionarios del gobierno.

Una de estas víctimas es Belén Frankhauser, una vecina que expuso en la Fiesta Nacional del Chamamé un cartel con la consigna “La Playa No se Vende” y fue sacada por la fuerza del espectáculo público.

Luego, en las redes sociales se la intentó difamar en forma anónima. Ahora la vecina teme por su integridad.

Antecedentes turbios

No es la primera vez que la gestión de Eduardo Tassano interviene en negocios turbios. En 2019 otorgó obras sin licitación a funcionarios nacionales y locales.

La más escandalosa fue la aprobación de la concesión de obra pública para la construcción, mantenimiento, administración y explotación de un puerto a construirse en un parque.

Se trata de la edificación de un puerto para yates -embarcaciones de alta gama- en la desembocadura del arroyo Poncho Verde, un área histórica y de entretenimiento donde, además se pretende entregar a empresas privadas para la construcción de edificios de alta gama.

Esta obra se la adjudicó al grupo de Jorge Alfredo Gutnisky, Pablo Gustavo Chamas, Porfirio Antonio Aquino, y Gustavo Ramón Sicco.

Porfirio Aquino es el coordinador del área de Planificación de Proyectos a Largo Plazo de la Municipalidad de Corrientes. Es quien tiene a su cargo la puesta en marcha de proyectos de gran envergadura que requieren desembolsos millonarios.

Además, es el dueño de la posada La Alondra, donde Mauricio Macri se alojó cuando visitó Corrientes durante su mandato.

El proyecto de puerto, prevé la utilización de 16.000.000 de pesos.

Además Porfirio Aquino fue contratado por la Municipalidad de Corrientes para que ejecute la construcción de un bar y un restaurante en el paseo del Teatro Vera, ubicado en la esquina de las calles 25 de Mayo y San Juan.

Este es un proyecto de remodelación, propuesto por él mismo, y para ello el municipio le entregará 3.000.000 de pesos.

La obra se aprobó mediante la Resolución Nº944 el DEM aprobó los pliegos licitatorios para la remodelación de la plazoleta Teatro Vera y la construcción de una confitería, bar y restaurante mediante una inversión de 3.126.000 pesos.