La situación generará la imposibilidad del pago de un bono de fin de año a los obreros municipales y como también la paralización de obras públicas en ejecución y la suspensión de algunos proyectos de mejoramiento barrial.

El gobernador Ricardo Colombi había justificado la decisión de profundizar las quitas en la necesidad de garantizar fondos a futuro y había calificado de “estúpidos” a los funcionarios provinciales que propiciaron el acuerdo.

El decreto 2940 fundamenta sólo en una facultad del Ejecutivo peor no hace mención a las bases técnicas en las que se basa tal determinación.

Los funcionarios comunales, por su parte, hacen notar que la gravedad del hecho radica también en que la avenencia fue posible por la intervención del Superior Tribunal de Justicia que ordenó la audiencia conciliatoria, y la falta de reconocimiento significa, según interpretan, un incumplimiento a un fallo judicial o, lo que es lo mismo, un acontecimiento de gravedad institucional.

Ante la situación planifican volver a judicializar la cuestión. Es por esto que entre el jueves y este sábado el asesor jurídico del municipio, Pio Sierra, participó de largas reuniones con el intendente capitalino y funcionarios del área contable para planificar estrategias.

El jefe comunal capitalino, Fabián Ríos, había dicho que “se defienden los recursos para hacer obras para los vecinos y que nadie que quede sin trabajo porque se garantiza el pago de los sueldos a los obreros”.

La preocupación está en que así como el Gobierno desconoció un convenio es posible que también violente la normativa que fija un techo de retenciones del 20% del total de fondos coparticipables.

Pero, en el plano político la actitud se interpreta como parte de un plan de represalia a los gobiernos municipales peronistas por la caída del proyecto de ley que establecía la necesidad de reforma constitucional y la consecuente prórroga de su mandato por dos años.

Es que antes del tratamiento de esa iniciativa en la Cámara de Diputados había advertido a los jefes comunales que deberían “atenerse a las consecuencias” si los diputados rechazaban su propósito reformista.

Y es por esto que la represalia también se sintió en la ciudad de Goya, donde el intendente Gerardo Bassi anunció que realizó una presentación judicial en reclamo de las partidas de dinero.

Los jefes comunales de Goya y Capital van envalentonados a la Justicia después que se conoció un fallo que favoreció a la municipalidad de Mercedes. Este municipio reclamó la devolución de montos que le habían sido cobrados con tasas erróneas entre mayo de 2014 y junio de este año. Mercedes deberá recibir como devolución 768.000 pesos.

Este tema podría dirimir también en la Cámara de Diputados después que el Gobierno envió el proyecto de presupuesto para el año que viene.

Las proyecciones fueron enviadas a la Cámara Baja el jueves pasado. Por estas horas existen legisladores que ya expresaron que el presupuesto no son del agrado de la mayoría. Esto es porque la administración provincial pretende tomar deudas por 4.000 millones de pesos pese a que ya está confirmado que la administración central nacional incrementará las partidas dinerarias en 1.200 millones de pesos.

Los partidos que no están aliados al gobierno ya anunciaron el rechazo a este proyecto financiero, y además, hicieron notar que las cuentas de inversión, es decir, el resultado de los gastos realizados en 2015 no fue aprobado aún, ya que habría una diferencia de 2.600 millones en las rendiciones contables.

En el transcurso de esta semana la el tema será debatido entre los diputados, y la discusión podría generar aún más tensión entre los municipios opositores y el Gobierno.

Cruces por la intendencia

En el frente partidario que gobierna la provincia transcurren tiempos tormentosos porque la puja por las candidaturas genera periódicos cruces entre los referentes de las organizaciones políticas que integran Encuentro por Corrientes.

En los últimos días el debate estuvo centrado en las postulaciones para las candidaturas a intendente de la Capital.

En el radicalismo impera la idea de presentar una sola lista encabezada por el médico Eduardo Tassano quien insistirá con la candidatura que de concretarse será la tercera.

Respecto a esto el galeno dijo: “no vamos a negar de que hay muchas posibilidades, personalmente estoy realizando mi trabajo, veo muy buenas posibilidades, estamos aceitando los mecanismos. Creo que las decisiones dependen de varias cosas, no solo de encuestas y mediciones, la posibilidad, capacidad, nivel de conocimiento, creo que en altos niveles dirigenciales del radicalismo se están analizando todas estas cosas” expresó Eduardo Tassano

Pero desde Encuentro Liberal consideran que cada partido podría avanzar con una lista propia en el plano local y sumar esfuerzos en lo provincial, y es por ello que ya levantaron pancartas con el nombre de Emilio Lanari para la intendencia capitalina.

Aseguran que este grupo político tiene la misma legitimidad para proponer un candidato que encabece la nómina en la ciudad. Advirtieron que buscarán imponer a su postulante ya que “en política nadie regala nada”.

En tanto, Pedro Braillard Poccard, del Partido Popular, también había deslizado la posibilidad de proponer un referente para competir por la administración local.

Aún quedan pintadas con la leyenda “viene Pedro” y “Pedro intendente” en las paredes de las escuelas de los barrios Aldana y Bañado Norte, como también en los muros de los hospitales Llano y Vidal. Pero “Pedro” es diputado nacional y no tiene interés de “venir” a ser intendente y tampoco, al parecer, de reparar el daño causado a los edificios públicos.

El candidato de esa agrupación podría ser el concejal Juan López Desimoni.

Los del PRO, en tanto, primero quieren resolver los inconvenientes que les genera la intervención partidaria y la desidia de los dirigentes nacionales para con los referentes correntinos. Existe un sector que desconoce al radicalismo como aliado y reprocha a la intervención partidaria de ratificar el acuerdo político de la alianza Eco.

Pero en el plano local se evaluaría la presentación de una lista por fuera de la coalición partidaria. Las intenciones de Sebastian Ríos Brisco son serias, pero sin el apoyo institucional no podría concretar sus aspiraciones.

Aumenta la tensión social

Cerca de fin de año los empleados públicos reclaman mejoras salariales y el abono de un plus de fin de año con montos que, según opinan los sindicalistas, deberían ser de entre 3.000 y 10.000 pesos.

Pero además existen otros reclamos que están relacionados con las condiciones de trabajo. Es el fundamento que tienen los policías, por ejemplo, para movilizarse todas las semanas. Aseguran que tienen los calzados agujereados y carecen de capas para lluvia, con uniformes desgastados y que en las comisarías faltan elementos de higiene.

Respecto a lo salarial piden una mejora para los uniformados de menor rango que perciben menos de 10.000 por mes. Solicitan que se les reconozca con montos remunerativos los cursos que realizan, los títulos que obtuvieron y las distancias que deben viajar para llegar a sus lugares de trabajo.

Los docentes, en tanto, advierten que el año próximo el inicio de clases será conflictivo. Rechazaron la posibilidad de realizar medidas de fuerza este año pero reclaman una mesa de dialogo con el gobierno para convenir mejoras de haberes.

Reclaman el cumplimiento de un acuerdo firmado a fin de año en el que los administrativos gubernamentales prometieron una paritaria para junio, pero a finalizar el año esta reunión aún está pendiente.

Durante la semana los sindicalistas docentes presentaron un urgimiento para que el Ministerio planifique una reunión “está la posibilidad, mientras haya predisposición al diálogo, cuando se ven las necesidades de los docentes, ve temas y puntos que quedaron sin tratarse, no tiene que bajar los brazos” advirtió José Gea, representante de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp).

El docente reiteró que “nos reunimos con el arco docente y decidimos solicitar una audiencia para poder conversar con el Gobierno sobre cuestiones pendientes y otras que tienen que ver con el comienzo de las clases el año que viene”. Aún no tienen respuestas al pedido.

Los médicos, en tanto, están en pie de lucha ya que en los últimos días se realizaron cambios arbitrarios en el sistema de trabajo en los hospitales donde se agregaron cargas horarias de trabajo. En algunos centros de salud los trabajadores de la salud deben cumplir guardias y al mismo tiempo realizar cirujías, por ejemplo, lo que es de casi imposible cumplimiento.

Y en este contexto la Asociación Provincial de los Trabajadores de la Salud de Corrientes (Aprosac) denuncia que los directivos de los hospitales se auto asignan guardias médicas y tareas complementarias que incumplen, pero por las que perciben hasta 52.000 pesos de sobresueldo.

Esta situación derivó en una denuncia judicial contra el Gobernador y el ministro de salud, Ricardo Cardozo, por incumplimiento de sus deberes y el desconocimiento a la normativa provincial que regula las actividades en la salud pública al autorizar por decreto la doble función de los directivos.

Este reclamo fue rechazado por un fiscal provincial que podrían derivar en pedidos de investigación en el Consejo de la Magistratura.

Esta semana los representantes de los médicos pretenden reunirse con los legisladores provinciales para solicitar que se interpele al titular del ministerio y que explique los hechos que se consideran irregulares.

Al tiempo ya se están tramitando denuncias ante el Estado Nacional para solicitar que intervenga en el control de las políticas de salud de las provincias.