Incautaron bienes de los detenidos en el Operativo Guasón
El Juzgado Federal N°1de Corrientes ordenó la medida para decomisar los bienes que son producto de operaciones de tráfico ilícito de estupefacientes que es investigado por la Fiscalía Federal n°1 de Corrientes con la colaboración de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes.
Los activos pertenecen a una narco bonaerense que era abastecida por tres organizaciones de narcotráfico que operan en la localidad de Itatí y que son investigadas por el juez porteño Sergio Torres en el marco de la causa del Operativo Sapucay.
La incautación de activos son en el marco de las actuaciones se investiga a una organización dedicada al transporte ilícito de estupefacientes. Las medidas fueron decretadas con el fin de asegurar el decomiso de los activos que son el producto del delito, así como también cubrir el monto de la pena pecuniaria fijada en $3.000.000 dictada en el auto de procesamiento del 12 de agosto de 2016 contra el imputado Javier Radaelli, a quien se le atribuye haber traficado en la modalidad de transporte, junto con su padre Edgardo Radaelli y el prófugo Walter Ojeda, un total de 2.608,15 kilogramos de marihuana en un camión que había sido cargado con drogas en la Capital correntina y tenía como destino el partido de la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires.
El vehículo fue incautado en una playa de estacionamiento de un hotel situado sobre la ruta nacional 12 en Corrientes, cerca del barrio Ponce, gracias a las tareas de investigación practicadas en la causa por la Delegación Corrientes de la Policía Federal Argentina en coordinación con las unidades bonaerenses.
En línea con lo solicitado por el fiscal federal N° 1 de Corrientes, Flavio Ferrini, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General, el titular del Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción, Carlos Soto Dávila, dispuso medidas cautelares de orden patrimonial sobre los bienes del imputado y de terceros que habrían intervenido como prestanombres y se habrían beneficiado a título gratuito, a efectos de asegurar el decomiso del producto de los delitos que se investigan y las penas pecuniarias.
En ese marco, el juez ordenó el embargo de nueve automotores (cinco de los cuales se encuentran a nombre de presuntos testaferros) y un inmueble valuado en $2.592.000 ubicado en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, por haber sido utilizado como instrumentos del delito (fue donde los imputados cargaron el camión con la droga) y que si bien estaba a nombre de un tercero, éste no era de buena fe y habría actuado como testaferro del acusado Ojeda.
Finalmente, el magistrado ordenó el congelamiento de “toda cuenta corriente, caja de ahorro, depósito bancario y/o todo otro producto bancario cuyo titulares o cotitulares” sean del imputado o alguno de su allegados.
