Panorama Político Correntino
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Inseguridad e hipocresía en el Gobierno provincial

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. (Dibujo: NOVA)

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, participó de la reunión del Consejo de Seguridad Interior donde dejó en evidencia la incongruencia de su gestión y el desinterés por avanzar en la lucha contra el crimen organizado.

El funcionario sostuvo que “en la provincia de Corrientes tenemos nuestra geografía con una gran frontera, limitamos con tres países y tenemos la problemática del tráfico de estupefacientes, con lo que representa y que trae como consecuencia el narcomenudeo”.

Sin embargo, Corrientes es una de las pocas provincias que no adhirió a la Ley de Narcomenudeo. La normativa -a la que sí está adherida Chaco- establece que las provincias deben intervenir en la investigación de la venta de estupefacientes a consumidores, disponer los medios de detención de los responsables y avanzar en el juzgamiento de los involucrados a partir de fueros creados especialmente para tal fin.

En Corrientes esto no pasa. La Policía sólo allana algunos kioscos de drogas y los expedientes se los envían a la Justicia Federal donde se deben hacer cargo del alojamiento de los detenidos y el juzgamiento de los mismos, lo que genera un colapso del sistema federal.

Es que la Policía de Corrientes cuenta con una Dirección de Toxicomanía, pero que desarrolla su actividad casi exclusivamente en la Capital. Y la fuerza de seguridad provincial no investiga la venta de drogas en el interior por carencia de personal capacitado e infraestructura.

Otra de las consecuencias de la falta de una ley de narcomenudeo es que las investigaciones de la Policía de Corrientes carecen de control total del Ministerio Público Fiscal Federal y es por ello que existen sospechas –aunque no pruebas- de posibles connivencias entre efectivos policiales y comercializadores de estupefacientes. Podría ser un mito, pero cuando el río suena, es porque piedras trae.

La suspicacia toma fuerza si se tiene en cuenta que en sólo un año unos doce policías provinciales fueron detenidos por efectivos de fuerzas federales por transporte de estupefacientes y por vínculos con organizaciones criminales.

Esto sin contar que en Buenos Aires es juzgado un ex comisario (de Itatí) por proteger bandas narco y guardar en su oficina importantes cantidades de droga. El mismo funcionario policial había sido ratificado y protegido por el gobierno provincial cuando con una manifestación los vecinos itateños denunciaron sus relaciones con el crimen organizado.

El ministro también sostuvo que “hemos trabajado articuladamente en forma conjunta con gran colaboración entre nosotros para poder tener operativos exitosos y donde esa colaboración se vio reflejada en procedimientos en que las fuerzas federales y de la Policía de la Provincia incautamos un total de 32 toneladas de estupefacientes que fueron incineradas el año pasado”.

La frase es una verdad a medias, ya que el 90 por ciento de la droga incautada en la provincia fue en operativos de Gendarmería y la Prefectura Naval Argentina en el marco de investigaciones federales. El otro 7 por ciento son “hallazgos fortuitos” y un 3 por ciento corresponden a incautaciones en centros de venta al menudeo.

En materia de Derechos Humanos, el Gobierno provincial también está ausente. En los primero dos meses del año se denunciaron al menos tres casos de apremios ilegales en la provincia, uno de ellos a un comunicador social de la Capital quien ahora padece consecuencias físicas de las torturas sufridas en una comisaría.

En Paso de los Libres dos hermanos denunciaron que fueron picaneados y golpeados en una dependencia policial. En Esquina, la Justicia había ordenado la detención (y posterior liberación) de nueve agentes de la Policía de Corrientes, quienes habían sido denunciados por los delitos de “apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” en perjuicio de cinco jóvenes de entre 19 y 21 años.

Estos casos se suman a las investigaciones por muertes de civiles a manos de policías. La más conocida es la de Nino Largueri en Monte Caseros, quien había sido detenido por efectivos, pero luego apareció muerto en un río. La Justicia paró el juzgamiento de los policías.

La ciudad de Corrientes además es una de las capitales más inseguras de región. La tasa de asesinatos mostró un incremento en 2019 y en diez meses sólo en la capital se registraron 19 homicidios, al menos seis por ajustes narcos, pero no fueron investigados como tales.

Queda demostrado así que la política de seguridad en Corrientes apunta a la “espectacularización” de la seguridad, una marca de Cambiemos que no tiene el fin de resolver los problemas de fondo.

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