Ese órgano lo había destituido del cargo de Juez de Instrucción y Correccional de la ciudad de Saladas, por la causal de mal desempeño en sus funciones.

Con fecha 8 de mayo, la Corte expresó que quien acude al escrutinio de esa decisión “deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio”.

Por otra parte el fallo asegura que el afectado no logró demostrar que la entidad del agravio que pregonaba permitiera sortear el limitado margen de revisión que se admite en asuntos de esta naturaleza.

Tampoco Ramírez acreditó “de qué modo la intervención de los miembros de la Corte local al disponer –por un lado- la instrucción de un sumario administrativo, y posteriormente, la remisión de copias para que se inicie el trámite de remoción previsto en la constitución local y en la ley respectiva, le habría generado un menoscabo de la naturaleza que invoca”.

Y se advirtió que “(…) la intervención inicial de los miembros de la corte local en este proceso- disponiendo la instrucción del sumario administrativo y luego el envío de las actuaciones al Consejo de la Magistratura- se enmarcaba en el contexto del ejercicio de las funciones de gobierno o superintendencia propia del máximo Tribunal Provincial, y no se demostró que se incurriera en afectación de la garantía que invocaba Ramírez”.

El recurso del juez destituido fue desestimado, resolución que lleva las firmas del Presidente de la CSJN, doctor Ricardo Lorenzetti; y los Ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.