El comunicado de la Comisión de Justicia y Paz marcó una postura de la Iglesia respecto de la política que lleva adelante Eduardo Tassano, plagada de denuncias de irregularidades y de actos violentos.

“Reafirmamos la necesidad e importancia de defender los espacios públicos”, indican los integrantes de la institución de la Iglesia.

En este marco convocan a “defender el espacio público de la Playa Arazaty para el uso y goce de los ciudadanos sin limitaciones fundadas en la disponibilidad económica y preservando el ambiente natural”.

Agrega la carta que “coincidimos plenamente con el pensamiento del Papa Francisco, expresado en la Enciclica Laudato Si y en la reciente exhortación Querida Amazonia, en las cuales se afirma que la dignidad humana y el ambiente deben primar sobre la búsqueda de la renta financiera, porque el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables”.

Agregan además que "por el proyecto del plan paradores permanentes y construcción de un shopping en la playa Arazaty,que estaría vulnerando el concepto de Identidad Natural y Cultural de la ciudad de Corrientes y, además, hasta dónde hay conocimiento público, carecería de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, que aborden la consideración de los diversos niveles de contaminación: visual, sonora, ambiental, entre otras".

Esto deja claro que para la Iglesia Católica las maniobras de la intendencia son una clara búsqueda de réditos económicos a costa de los bienes públicos.

Sorpresivamente, tras conocerse el punto de vista de la Iglesia, el Instituto del Agua de Corrientes contestó una nota de los vecinos que reclamaban información sobre el impacto ambiental que representaría la instalación de un shopping en la playa.

La nota del Icaa lleva la firma de la gerente de Gestión Ambiental, Cecilia Gariboglio, en la cual se señala: “Esta gerencia informa que se dio inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo a las normativas ambientales correspondientes a los siguientes proyectos: 1) shopping en la Playa Arazaty II y 2) Marina en Puente de la Batería – desembocadura del arroyo Poncho Verde”.

Según esto, todavía no se ha realizado el estudio de impacto ambiental y aun así las obras avanzan.

El Gobierno provincial por medio del Icaa, sin dar mayores detalles, reconoce que se iniciará "el procedimiento” que culminará en el estudio, sin ofrecer, tampoco, fecha para finalizarlo.

Esto demuestra la connivencia existente entre el Gobierno provincial y la intendencia en avanzar con la privatización de los espacios públicos ya que, en un primer momento Mario Rujana, titular del Icaa, había rechazado realizar el estudio de impacto ambiental.

Argumentó que se trata de una atribución del gobierno local y por tal motivo debía hacerse cargo de tal análisis de la situación; pero ahora cambió de parecer.

La situación devela una misma línea de acción entre Gustavo Valdés y Eduardo Tassano, lo que devela que la interna en el radicalismo tiende a pacificarse. Y es que al parecer, la pacificación en Cambiemos (UCR) sólo se logra a partir de la concreción de negocios.

En la misma línea, el Gobierno de la provincia, que ya avanzó en normativa para la entrega de tierras a privados, ahora busca ampliar la cantidad de terrenos habilitados a ser extranjerizados.

La idea de Gustavo Valdés es instalar fábricas de papel en la provincia, una posibilidad que ya fue debatida y descartada en la década pasada, por los daños ambientales que supone.

Pero, de igual manera Valdés afirmó, en julio de 2019, que tenía confirmada “una inversión importante, de alrededor de 3.000 millones de dólares” y para obtenerla viajó a Finlandia para cerrar un acuerdo con la firma Orión (UPM ex Botnia), dueña de la papelera que generó un entuerto internacional entre Argentina y Uruguay entre 2005 y 2010, debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir dos plantas de pasta de celulosa en su territorio y sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de Fray Bentos (Uruguay) y Gualeguaychú.

Este anuncio había despertado el rechazo de los lugareños que reclaman desde hace tiempo un desmonte arrasador y que podría agravarse si “la industria del papel” se radica allí. Cabe recordar que el propio gobernador encabezó una gira por Letonia y Finlandia a donde mantuvo reuniones con empresarios para “promover al sector forestal y de pasteras”.

El rechazo de los correntinos no le quita el sueño a Valdés quien ya avanzó en la aprobación de La ley 6496 –aprobada el 8 de mayo del 2019- y “reglamenta” el artículo 61 de la Constitución Provincial.

Esta ley era una de las principales demandas de Arauco Argentina -dueña de 255.000 hectáreas en Misiones-. Y ahora esa “seguridad jurídica” que le otorgó el Gobierno con esa ley, significará vía libre para la entrega de tierras.

Asegurado esto, ahora se busca ampliar la cantidad de territorio habilitado para ser cedido a empresas extranjeras, que pasaría de 10 a 15 por ciento, lo que significaría que se aumentará la extranjerización de la tierra o, lo que es lo mismo, la entrega de la soberanía y los recursos naturales.