Luego de que en 2016 el Juzgado Federal de Paso de los Libres dictara sus sobreseimientos, la Cámara Federal de Corrientes dispuso que vuelvan a ser investigados los empresarios Ramón Nazareno Fita, Eduardo Néstor Taratuty, Víctor Hugo Argentino Bonnet, Néstor Juan De Lisio y Esteban Horacio Canteros, el exministro de la Producción Javier Arturo Frattini y el actual ministro de Turismo de Corrientes, Sebastián Ariel Slobayen.

Esta medida está firmada y fue dispuesta por la Cámara integrada por los jueces Luis González, Selva Spessot y Mirtha Sotelo de Andreau, a instancias de un pedido del fiscal federal Carlos “el alemán” Schaefer el funcionario judicial más denunciado de toda la provincia.

En agosto de 2011, Esteban Canteros, presidente del grupo adjudicatario, solicitó la cesión de la totalidad de las acciones al grupo integrado por las empresas Global Victory Group S.A, Searen S.A, y London Supply Group, que se denominó Paso de los Libres Zona Franca, sin embargo, la empresa solicitó su liquidación el 22 de mayo de 2012.

El representante del Ministerio Público sostuvo en su dictamen que “se produjo la compra de la Zona Franca por parte de los empresarios privados que fueron indagados y sobreseídos, y que ellos nunca invirtieron para que la misma funcione”.

“Ello debido a la falta de control del Comité de Vigilancia, provocando un perjuicio a la sociedad y al Estado, al ser adjudicatarios y no explotarla”, añadió.

Previamente, el 1 de marzo de 2002, se creó Zona Franca Paso de los Libres S.A un grupo empresario constituido por Ttamgo S.A., Armando Di Doménico y Asociados S.A, El Corralón el Faro S.R.L, Aníbal G. Curotto y Sorribes y Asociados S.A. Cinco meses después, el 28 de agosto de 2002, este grupo empresario resultó adjudicatario por licitación para la concesión de la administración, explotación y funcionamiento de la Zona Franca por Resolución Nº 81/2002 del Ministerio de Economía.

Carlos “el alemán” Schaefer lidera con su fiscalía el ranking de las más abultadas causas penales y denuncias contra toda la mafia residual del gobierno de Mauricio Macri en la provincia de Corrientes, liderazgo que integra junto a la jueza Cristina Pozzer Penzo, la troupe de fiscales truchos Fabián Martínez, Miriam Benítez, entre otros desaprobados en los concursos y el procurador General interino Eduardo Casal y decenas de funcionarios.

La catarata de denuncias comenzó con la causa armada contra el empresario Ricardo Aguirre, líder del mercado de concesionarias de automóviles desde hace 40 años, cuyo padecimiento se transformó en la punta del iceberg que derritió las máscaras de todos los mencionados.

Allí la jueza no solo no se inhibió por hacer negocios comerciales con la competencia de Aguirre (Alta Gama) sino que le dio la bendición de no allanarle a sus socios su local ni cerrarle la agencia, siendo sus fiscales los que hicieron caso omiso a la diferencia arbitraria y de trato entre la legendaria agencia y la de los flamantes socios (Gerónimo Acebal) de la magistrada.

Entre otras acciones fraudulentas e ilícitas la mafia judicial recibió un lapidario informe de la Comisión Bicameral sobre las Lawfare para apropiarse en forma extorsiva de Juzgados electorales federales (Soto Davila, Molina, Grau) de Fiscalías importantes (Benito Pont) claves, y de empresas para propio beneficio.

También la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación le informó a la jueza Pozzer Penzo que en el Expediente N°115/2019 fue denunciada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación.

Cabe aclarar que hasta la actualidad ese espacio libre de tasas retributivas para la importación no fue puesto en funcionamiento, y solo se realizaron tareas de desmonte, nivelación y enripiado de las vías de ingreso, y relleno del terreno.