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Violencia infantil

Legislador sospechado de usar políticamente un caso de maltrato

Autoridades judiciales y gubernamentales se tiran culpas. Un político busca réditos. (Imagen ilustrativa).

Funcionarios del Poder Judicial ponen en dudas la legitimidad de los reclamos que realiza el senador radical Noel Breard ante el caso de violencia que padeció un niño de seis meses que está internado en el Hospital Pediátrico, con traumatismo de cráneo.

Los que lleva a la queja es el intempestivo cuestionamiento que realiza a los jueces y fiscales sin conocer los detalles de la causa.

El legislador había cuestionado el proceder de la jueza de menores Rosa Esquivel Iglesia quien resolvió entregar a la criatura al cuidado de su madre biológica quien dos días después lo llevó en graves estado de salud al centro de salud.

La magistrada, por su parte, aclaró que para tomar esa determinación se basó en lo que establece la ley pero además en informes que le entregó el Cuerpo Interdisciplinario de Peritos del Poder Judicial. Y es por ello que puso a disposición el expediente para que sea evaluado.

Por otra parte, desde el Ministerio Público Fiscal dieron a conocer que investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho que derivó en la internación del niño, y remarcaron que por el caso están detenida la madre de la criatura y otra mujer quienes compartían la vivienda.

Ellas están acusadas por “lesiones gravísimas agravadas y abuso sexual”. Lo que trata de investigar el fiscal es la circunstancia en la que ocurrieron las lesiones y si fueron las acusadas las autoras del hecho. Una de las hipótesis es que pudo haber una pelea en la que el niño recibió golpes.

El caso aún está en etapa preliminar, y el juez Leandro Maciel aún no tomó contacto con el expediente. Es por ello que el fiscal Buenaventura Duarte pidió que se lo habilite a realizar la inspección en el lugar donde supuestamente ocurrió la agresión. Además solicitó que se tome declaración a los vecinos y allegados de la madre de la criatura.

Otra de las medidas fue solicitar a la Dirección Nacional de Migraciones un informe respecto a la situación residencial de la madre de la criatura y su amiga, ambas de nacionalidad colombiana.

Victimas del sistema

Aparentemente la madre del niño habría ingresado a nuestro país en una situación de clandestindad con su madre y un padrastro. Este último la habría explotado laboralmente y abusó de ella y como producto de ese maltrato tuvo dos hijos.

En octubre del año pasado, este hombre le habría roto el brazo y la mujer entonces resolvió dar a conocer la situación en la que vivía, aunque ninguna autoridad investigó su denuncia. Ante ello su padrastro y su madre, tomaron al mayor de los niños y salieron del país.

En esta circunstancia una jueza habría accedido al pedido de la madre y entregó a la criatura en forma provisoria a la familia Sosa. Ella, desde entonces buscaría trabajo para instalarse luego en una vivienda con otra mujer que tiene dos hijos. Luego de esto le restituyeron la tenencia de su bebé, pero el niño volvió al hospital lesionado días después.

Tras esto, trascendió la internación del menor de edad con golpes de gravedad, y el legislador del radicalismo Noel Breard se presentó en el hospital pediátrico para pedir explicaciones de la situación médica del paciente.

El senador apeló a su cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y contrariando todas las disposiciones legales dio a conocer a los medios de comunicación detalles de la situación médica del menor de edad luego de haber recibido información reservada por parte de las autoridades del nosocomio.

Anunció que iría a presionar a las máximas autoridades judiciales para que se investigue la situación judicial que envuelve al caso -también por fuera de los mecanismos establecidos por la Constitución Provincial- en lugar de tramitar una solicitud formal al Consejo de la Magistratura como único órgano de juzgamiento de los magistrados.

La aparición de Noel Breard tiñó políticamente un caso sensible, aunque su vehemencia tendría más relación con que la supuesta “madre del corazón” trabajaría en su despacho.

La sospecha es que la mediatización del caso tendría la intencionalidad de forzar una adopción, y de generar presión a los funcionarios judiciales. Pero también posicionar mediáticamente a uno de los referentes políticos de la alianza partidaria ECo.

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