En ese órgano constitucional el diputado peronista Eduardo “Wado” De Pedro había condicionado la recomendación de traslado a que el tema sea analizado en el Congreso. Posteriormente el pedido de Fresneda debería ser enviado al Poder Ejecutivo, es decir, a Mauricio Macri, para que ordene el traslado por decreto.

El pase sería ilegal e iría incluso contra la Constitución Nacional ya que la normativa exige que un magistrado para ser pasado de un juzgado a otro debe tener, como mínimo, cuatro años en el cargo.

Esto lo denunció la diputada Araceli Ferreyra en el Congreso de la Nación, donde también pidió investigar la relación de los consejeros con organizaciones criminales.

La legisladora advirtió que la Ley establece que el traslado de un juez sólo puede realizarse si éste ejerció en el cargo cuatro años como mínimo, pero Fresneda fue nombrado como magistrado hace menos de seis meses.

El ahora encargado de administrar el Juzgado Federal 1 es un funcionario cuestionado tanto por sectores de la política, la Justicia y hasta la Iglesia, debido a su relación con integrantes de redes de trata y narcotráfico.

Su pliego se aprobó a fines del año pasado con la aprobación del senador -ex peronista- Carlos Espínola y el fallido ex gobernador correntino Pedro Braillard Poccard.

El ex deportista olímpico -quien al igual que los personajes de la sagas policiales ostenta un apodo, “Camau”, el suyo- había acordado con Ricardo Colombi, ex cliente del actual juez, dar su aprobación al pliego pese a que Fresneda ya estuvo involucrado en casos de corrupción.

En los primeros días de enero se promulgó el decreto presidencial con su designación en Paso de los Libres y asumió el primer día hábil de febrero. Tres meses después, ya está esperando su nueva radicación en el poderoso Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, que es la única secretaría electoral federal de la provincia.

En ese mismo juzgado Fresneda trabajó bajo el mando de Carlos Vicente Soto Dávila, juez que renunció por supuestamente haber cobrado coimas, delito en el que también estaría involucrado Fresneda.

Ambos –Soto Dávila y Fresneda- ya habían sido acusados en 2003 de haberse “embolsillado” plata de las fianzas, pero en aquella oportunidad el proceso contra ellos no avanzó.

Tras haber sido designado en Paso de los Libres la fundación La Alameda, que lucha contra la trata de personas, recomendó que se evite el traslado del juez, mientras reiteraba la denuncia de sus vínculos con redes de prostitución de mujeres.

Ahora la misma institución recomienda a los legisladores que eviten su traslado en una nota que sería leída esta semana en el recinto.