Catorce jurisdicciones accedieron. Corrientes aún no suscribió el Pacto Fiscal.

Es por ello que la Cámara de Diputados de la Provincia apura las sesiones extraordinarias en medio de la realización de obras en el Recinto de la Legislatura, construcción que, entre otre otros cuestionamientos que se hicieron, es violatoria a normativas que custodian el patrimonio histórico y arquitectónico, pero que además genera dudas respecto de su necesidad y del monto que demanda.

Desde la hora 11.30 de este martes 6 los integrantes de la Cámara Baja tienen planificado reunirse para analizar las pautas financieras impuestas por la administración central que elegantemente el macrismo bautizó Ley “Consenso Fiscal suscripto entre Nación y provincias”.

Las sesiones se realizarán los días 6, 13, 20 y 27 de febrero, jornadas en las que intentarán sancionar una ley provincial que obligue al Estado correntino a cumplir con las exigencias de la Casa Rosada.

La normativa nacional a la que los legisladores oficialistas de Cambiemos quieren adherir -por imposición del gobernador Gustavo Valdés-, establece que Corrientes se obliga a retrotraer sus gastos reales, con la reducción de personal en la administración pública, la quita de subsidios a servicios, y de ceder la administración de los recursos del Instituto de Previsión Social a la caja previsional federal.

En los hechos, todas estas medidas impactarían directamente sobre el bolsillo de la clase media y los sectores populares, en el presente y a futuro.

Además, de prosperar esta adhesión, la provincia deberá obligatoriamente bajar los impuestos a los Ingresos Brutos y de sellos en forma gradual durante los próximos cinco años, lo que significa que, aunque los contribuyentes paguen menos, el Estado tendrá cada vez menos dinero para afrontar el pago de sueldos.

Sumado a esto, el reconocimiento de la normativa federal implicará que la provincia de Corrientes renunciará a percibir aportes nacionales originados en el impuesto a las Ganancias y el incremento de asignación específica del Impuesto al Cheque, que significa hasta ahora el ingreso de dinero que se puede utilizar para volcarlo al incremento de haberes.

Pobreza a cambio de obras

La presión puesta por el gobierno nacional a los gobiernos provinciales radica en que "hay mecanismos muy específicos establecidos en el Pacto y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, y quienes no cumplen no recibirán su parte del Fondo Federal Solidario, que son las retenciones de la soja que se comparten con las provincias. Los que no se adhieren a la Ley no lo reciben, sino que se reparte entre los que sí cumplen y se adhieren", según explicó el mismo presidente Mauricio Macri, cuando se refirió a la norma que a las claras significa una extorsión a los gobernadores.

El Fondo Sojero (eufemísticamente llamado “Solidario”) es un monto enviado a las Provincias y distribuidos a los municipios exclusivamente para la realización de obras de alto impacto social, como cloacas, viviendas, y agua potable.

Concretamente, el Gobierno Nacional promete cumplir con esas obras, siempre que la provincia tome medidas económicas reduccionistas fijadas por la Presidencia.

Los condicionamientos consisten en congelar salarios y achicar puestos de trabajo en el Estado; bajar alícuotas del Ingresos Brutos y Sellos; y a tomar nuevas deudas para compensar pérdidas generadas por la reducción en los montos transferidos desde el Ministerio de Economía de la Nación.

Es por ello que el año pasado en el Presupuesto provincial se estableció que el Poder Ejecutivo de Corrientes tiene autorización para tomar préstamos por $5.537 millones en 2018.

Consecuencias económicas del Pacto Fiscal

La adhesión al Pacto Fiscal podría garantizar la realización de obras –por montos que aún se desconocen- con dinero del Fondo Sojero en los municipios a los que el Gobierno provincial le gire esos recursos pero, como contrapartida, la Provincia de Corrientes perderá $1.300 millones ($1.300.000.000) porque dejará de recibir la coparticipación originada en el Impuesto al Cheque.

La consecuencia de esto es que las municipalidades dejarán de recibir unos $250.000.000 al año, es decir, el 19% del total de los fondos nacionales del impuesto cobrado por la emisión de los documentos bancarios.

La pérdida financiera será mayor en los municipios con mayor cantidad de habitantes, porque son las que reciben mayor coparticipación, pero el impacto social será mayor en los poblados más pequeños.

En términos numéricos, la que más perderá es la Capital, administrada por Eduardo Tassano (Eco+Cambiemos) quien, además, amplió la cantidad de funcionarios de su gabinete y debe afrontar mayores gastos de salario para cumplir con estos familiares y amigos.

Es que con los ajustes que aplicará la provincia la Comuna más grande de la jurisdicción perderá $90 millones este año.

La segunda ciudad correntina en cantidad de habitantes, Goya, también administrada por Cambiemos, perderá unos $20.000.000 durante 2018.

El tercer municipio más poblado de Corrientes es Paso de los Libres. Esta ciudad, -que además es duramente afectada por las asimetrías con el Brasil- dejará de recibir $9.000.000 al año, por lo que necesitará que los vecinos colaboren con el pago de tasas y compromisos impositivos para afrontar los gastos que demandarán las obras públicas proyectadas y en ejecución.

Otras comunidades que perderán dinero serán Curuzú Cuatiá, Mercedes y Bella Vista que dejarán de percibir unos $9 millones al año en promedio, pero el impacto es más fuerte porque al ser comunidades más pequeñas también existen mayores necesidades de infraestructura.

En tanto, Santo Tomé, otra ciudad fronteriza en desventaja por el transito de mercaderías provenientes del Brasil, perderá de $5 millones.

Mientras que Saladas, San Luis del Palmar, Santa Lucía y Empedrado perderán entre $2.500.000 y tres millones de pesos al año.

Pero el impacto social más fuerte se sentirá en los poblados de la costa del Paraná en Itatí, Paso de la Patria y San Cosme, que dejarán de percibir 1.500.000 pesos y que sufrieron los embates de las inundaciones.

Otras leyes condicionantes

Además, durante las sesiones extraordinarias los Diputados buscan establecer la “Declaración de Emergencia Fitosanitaria en territorio provincial hasta el 1 de enero de 2020”; y aprobar el proyecto de “Adhesión a la Ley de los contratos de participación público-privada”.

Este último proyecto establece que hasta el 67% de las contrataciones para obras públicas y bienes pueden ser del exterior (sólo queda el 33% para las firmas argentinas); pero además le permite a las multinacionales contratadas a interrumpir los contratos y hacer juicios en el exterior en caso de no sentirse cómodas en el país.

El proyecto fue redactado por el asesor de Mauricio Macri en inversión extranjera, Horacio Reyser, y define como contratos de participación público-privada a los celebrados entre el Gobierno y sujetos privados para desarrollar proyectos en infraestructura, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada o innovación tecnológica.

La norma fue votada por el entonces presidente de la Comisión de Infraestructura del Senado, el ex candidato a gobernador (¿kirchnerista?) Carlos Espínola, quien consideró al proyecto como una "herramienta fundamental para la realización de obras de infraestructura que generarán una reactivación económica".