Judiciales y Policiales
Apuntan contra Ricardo Colombi

Médicos elevan denuncias a la Nación por irregularidades en Salud Pública provincial

Denuncian malversación de fondos, aprietes y negligencia de los organismos de control.

Representantes de los médicos que prestan servicios en los hospitales estatales de Corrientes presentaron una denuncia ante la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación en la que dan a conocer irregularidades en la salud pública dependiente del Estado provincial.

Según informaron a NOVA, la presentación de la Asociación de Profesionales de la Salud de Corrientes (Aprosac) fue “en el marco del programa nacional de lucha contra la impunidad, como bien lo establece dicho programa, fue creado en el año 2013 con la misión específica de detectar la impunidad y ofrecer alternativas para combatirla”.

En el escrito remitido al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Bernardo Avruj, informan que “los hechos que venimos a poner en conocimiento de esta Secretaría tienen que ver con gravísimas violaciones a los Derechos Humanos en la provincia de Corrientes y la impunidad reinante ante la intromisión del Poder Ejecutivo en la esfera del Poder Judicial arrasando el principio republicano de división de poderes y logrando así que no avancen o se desestimen denuncias contra el gobierno de turno de Ricardo Colombi”.

Denuncias

El informe presentado hoy en Capital Federal detalla de manera pormenorizada algunos hechos puntuales que, según manifestaron los denunciantes, “configura una violación al más elemental de los Derechos Humanos que es el de tener acceso a una justicia proba e independiente”, siendo que, a pesar de las insistentes presentaciones que se realizaron en la justicia local, hasta el momento han quedado impunes.

Entre otras irregularidades, representantes del gremio presentarán ante las autoridades nacionales material probatorio referente a malversación de fondos en distintos centros de salud de la provincia, precariedad laboral de los trabajadores, abuso de autoridad y hasta amenazas realizadas por directivos y, principalmente, falta de respuestas por parte de las autoridades competentes de la región.

San Roque

Uno de los casos que más llama la atención es el de Mariela Viviana Domínguez Kener, una enfermera, oriunda de la localidad de San Roque, quien, el 3 de julio de 2014, falleció tras haber sufrido un accidente de tránsito en la avenida 3 de abril de la Capital correntina, mientras acompañaba a dos menores embarazadas que eran trasladadas en ambulancia hacia el Hospital J.R. Vidal.

Tanto las autoridades locales, como las provinciales no atendieron a los reclamos de los familiares, quienes además, expusieron la situación de precariedad laboral en la que se encuentran los trabajadores de la salud de San Roque, quienes, en su gran mayoría, no cuentan con ningún tipo de seguro, cobertura sanitaria, cobran salarios “en negro”, entre otras irregularidades.

Hospital zonal de Goya

Otras denuncias de similar naturaleza se han realizado en Goya, donde el director del hospital zonal “Camilo Muniagurria”, Dr. Raúl Martínez, obliga a profesionales y practicantes a realizar labores fuera de los horarios preestablecidos y prácticas para las que no se encuentran capacitados.

“El Director del Hospital de Goya amenazó, hostigó, intimidó a los médicos de guardia de dicho hospital como represalia a la negativa de éstos -14 en total- de cubrir dos servicios (Emergencias y Cirugía) los días de guardia debido a la responsabilidad que ello implica y la deficiente atención que se brindaría a los pacientes. Esta decisión es totalmente inmotivada, sin fundamentos, y sin precisar objetivos y finalidad de la misma. Totalmente arbitraria”, puntualiza el informe.

Asimismo, desde el gremio informaron que existen denuncias por amenazas realizadas por el directorio de la institución sanitaria a los profesionales y residentes que no se encuentren predispuestos a cumplirlo. Según manifestaron, el Director Martínez habría sentenciado a los profesionales que “todos los que hayan firmado la nota van a pagar por ello, y el vuelto no serán caramelos”.

“Las amenazas son en el marco del conflicto suscitado a raíz de la arbitrariedad manifiesta con la que la Dirección del Hospital impone mediante un comunicado a los médicos de guardia cubrir dos servicios de manera simultánea. Esto, además de significar una tarea físicamente imposible de realizar, significa un atropello a los derechos de los trabajadores”, explicaron los médicos querellantes.

De esta manera, “se perjudica a la población entera impidiendo el acceso a un Servicio de Salud de calidad, dado que se ve disminuido físicamente por una administración ineficiente que por un lado regala Guardias Activas no efectuadas; y por el otro explota y sobrecarga al resto del personal”.

Esquina

Por otra parte, en Esquina se multiplican los reclamos por supuestas irregularidades en la disposición del personal para cubrir los diferentes servicios y, desde Asprosac, señalan al ex director de la institución, Dr. Carlos Rima, como el principal responsable.

“El saliente Director del Hospital "San Roque" cubrió los servicios acéfalos con médicos Residentes, luego de la renuncia de varios especialistas cansados del maltrato, acoso laboral y hostigamiento por parte del Dr. Rima”, puntualizaron desde el sindicato y expresaron su disconformidad con la medida paliativa impulsada por el Jefe de Personal de dicha institución, Ricardo Cuenca, siendo que los residentes son profesionales en proceso de formación, que deben actuar siempre bajo supervisión de un matriculado .

Monte Caseros

Las demandas expuestas por los trabajadores casereños, que, según informaron a este medio, han realizado varias presentaciones formales ante las autoridades locales y provinciales sin éxito, fueron anexadas al informe de Asprosac.

Desde el Hospital Samuel Robinson, denunciaron la falta de insumos básicos y de personal para cubrir las diferentes áreas.

Según informaron, existen en esta institución gran cantidad de personal no registrado y profesionales trabajando más horas de las que corresponden, generando un déficit importante en la calidad de la atención.

“Debido a falta de recomposición salarial, a la falta de respeto constante o directamente al no nombramiento de profesionales que trabajan gratis se produjo la emigración de profesionales con disolución de servicios como los de clínica medica y el servicio de rehabilitación en salud mental, siendo en los últimos 8 años cerca de 18 profesionales universitarios los que nos abandonaron”, afirmaron.

La falta de insumos y de mantenimiento del edificio complicaría aún más el buen desempeño de los trabajadores, quienes afirmaron que algunas de las carencias son cubiertas, eventualmente, por los propios profesionales que se organizan para reunir fondos para comprar insumos y otros bienes indispensables. “Desde el laboratorio la queja permanente es la falta de lavandina para la esterilización o de fósforos para hacer andar los mecheros. Los bioquímicos juntan dinero y compran estos materiales con recursos propios para poder trabajar”, se lamentaron.

Persecución gremial en Paso de los Libres

Ignacio Cabral, un médico, dueño de una reconocida clínica de Paso de los Libres y Secretario General de Asprosac, recibió amenazas del director del hospital “San José”, Julio Mórtola y del contador Juan Manuel “Mimo” Ferrer, ambos amigos del gobernador Ricardo Colombi.

Cabral habría denunciado en reiteradas oportunidades irregularidades en la salud pública de la localidad, lo que habría desatado la reacción desmedida por parte de los responsables del hospital.

Según consta en la denuncia presentada ante las autoridades del Ministerio de Salud, el 3 de noviembre pasado Cabral habría sido citado en el despacho del director Mórtola, dónde recibió amenazas.

Una semana después, la Clínica del Yatay, propiedad de Cabral, habría recibido la visita de personal del Ministerio con el objeto de realizar inspecciones de sanidad. La misma contó con el total apoyo de su propietario.

Si bien se pudo constatar que la institución privada se encontraba en óptimas condiciones para su funcionamiento, Cabral denunció que esta visita responde a un plan de hostigamiento por parte de personas cercanas al gobierno provincial, ya que, afirmó, las inspecciones fueron mucho más exhaustivas que en otras oportunidades, además que sólo su clínica fue visitada a tal fin.

Obstáculos judiciales

Los abogados representantes de Asprosac incluyeron en el informe elevado a Nación las dificultades que se presentaron en el marco de la presentación de la causa judicial.

En este sentido, los letrados denunciaron un accionar negligente por parte de la Justicia local, presuntamente en connivencia con el Ejecutivo provincial.

El escrito explicita un mal desempeño por parte del Dr. Raúl Pasetto, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de la ciudad de Corrientes, quien intentó “cajonear” la presentación en diversas oportunidades, aunque sin éxito. También presionó a los representantes de la querella para que desistan en su accionar.

No conforme con ello, realizó las gestiones necesarias para que la causa no prospere. “Antes de las 24 horas de esto, desestimó la denuncia. No tuvo ni tiempo para leerla y mucho menos se tomó la molestia de investigar mínimamente o producir alguna de las extensas medidas de prueba solicitadas por nuestra parte”, explicaron desde la Asociación.

Finalmente, la presentación fue desestimada y la causa se archivó.

Presentación a la Legislatura

Ante la intransigencia del Poder Judicial, los representantes gremiales de los médicos elevaron el reclamo a la Comisión de Salud del Poder Legislativo, a fin de obtener respuestas inmediatas a la crisis que atraviesa a la salud pública de la provincia de Corrientes.

“La Asprosacpresentó ante las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Corrientes un amplio y detallado informe sobre los delitos denunciados y el mal desempeño del Fiscal interviniente, solicitando se cite al recinto de la legislatura provincial al Ministro de Salud para su debida interpelación en relación a todas las irregularidades detectadas”, explicaron.

Solicitaron a la Legislatura que el informe sea elevado a autoridades de Presidencia de la Nación, a fin de poner en su conocimiento de manera detallada la situación de los trabajadores de sanidad de la provincia y la falta de respuestas de las autoridades locales competentes.

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