La nefasta decisión gubernamental era un rumor que circulaba desde mayo, cuando los vecinos de San Luis del Palmar advirtieron la falta de ayuda y descubrieron los depósitos colmados de alimentos con custodia policial. Hechos similares fueron denunciados en los barrios Mil Viviendas y Esperanza de la Capital correntina.

Lo que parecía un rumor quedó al descubierto después que Roberto Ibarra, alias “Yiyo”, mantuvo una conversación con el pseudo conductor televisivo Tony Torales, -ambos con prontuarios policiales, este último tiene antecedentes de abuso sexual y agresiones- “punteros” que responden a Gustavo Valdés.

En esa charla contaban que desde el Gobierno se les entrega alimentos que debían ser entregadas en las inundaciones, pero ellos en lugar de distribuirlas las comercializan a kioscos y supermercados de barrio.

Hablan de hasta 50 packs de alimentos por cada negocio.

Lo mismo hacen sus allegados, integrantes de otros grupos de cumbia, a quienes también se les entregan remesas de comida.

La venta es de los productos de primera calidad, ya que los colchones de una plaza, paquetes de polenta y botellas de aceite mezcla, son descartados. “Usalo para aceitar tu cama o tu moto. Y el colchón para que duerma tu perro”, se escucha en la conversación.

También hablan del reparto y comercialización de vales de combustibles entregados directamente por funcionarios de la Casa de Gobierno de la provincia. Los boletos de canje son por $1.500 y los reparten de a 30.

Torales es un allegado de Gustavo Valdés, candidato a gobernador y ex ministro de Gobierno. También tiene cercanía con Juan Carlos Alvarez, actual ministro secretario de la Gobernación y encargado de la administración de los programas Tecové Potí y Corrientes Cumbia, y que contrata todos los fines de semana a los grupos de cumbia a cambio de jugosas partidas presupuestarias estatales.

El postulante a gobernador y el funcionario gubernamental basaron la estrategia de campaña de Eco+Cambiemos en el éxito de las bandas cumbieras en los barrios capitalinos. Y es por ello que se les destina parte de los bienes “reservados” para la campaña electoral a fin de distribuirlos en los recitales. “Anunciá que van a estar Yiyo y Los Chicos 10 y que se regala mercadería, pero a todo ponele el cartel de Valdés Gobernador”, le aconsejó el mismo Valdés a Torales.

Las conversaciones se filtraron y tomaron estado público. Aparentemente, uno de los interlocutores tuvo una desavenencia por una división de dinero y decidió difundirlos.

En vano Torales intentó neutralizar el impacto de los diez audios al hacer circular un mensaje de texto en el que aseguraba que “todo era una joda”.

Desde el Gobierno respondieron que “lo de la joda no se la come nadie. Solucioná esto urgente. Después hablamos”.

Cuando se aplacaba la polémica de la “cumbia puntera”, desde el gobierno pusieron en marcha un operativo de reparto de alpargatas (calzado de fibra de cáñamo, con forma de sandalia, muy común entre la gente de recursos muy modestos o de escasos recursos económicos) con la boleta del candidato de Eco+Cambieos, Gustavo Valdés.

La prevenda fue noticia nacional. Los medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las 24 provincias informaron con indignación el modo en que el oficialismo correntino lleva adelanta la campaña electoral de “esa lista”, al referirse a “Encuentro por Corrientes (Eco) + Cambiemos, integrada por el radical Gustavo Valdés junto a Gustavo Canteros de Proyecto Corrientes. Y es la que apadrina el actual gobernador Ricardo Colombi y también el Gobierno nacional de Mauricio Macri”.

Pero la actitud de bajeza incluye también a los dirigentes radicales provinciales ya que esos calzados son repartidos por funcionarios hasta candidatos a legisladores. Todos, colaboran con la distribución de prevendas, hasta Alejandra María Andrea Seward, esposa del Ministro del Superior Tribunal de Justicia –y confeso fanático del radicalismo- Eduardo Panseri, a quien se la vio en la repartija junto a su hija y llevó con ella a una doméstica que trabaja en su domicilio.

Hasta el eterno funcionario público, Noel Breard –quien alterna entre cargos de legislador y del Poder Ejecutivo desde 1983- fue filmado en la repartición de alpargatas y de dinero en los barrios más humildes del Interior.

Ninguno elude a la exigencia de Ricardo “Lalaca” Colombi de “bajar” para sostener campaña con prácticas de dudosa legitimidad, mientras que el postulante a gobernador Gustavo Valdés pone empeño y accede a tomarse selfies con cuanto peatón se le cruce. Eso sí, siempre en el centro de la ciudad.

Sin documentos

Las arcaicas prácticas clientelistas de reparto de mercadería y alpagatas son acompañadas por otras, aún más deshonestas y lindantes a lo ilegal: la retención de documentos de identidad.

En Goya, por ejemplo, el ministro de industria de la provincia, Ignacio Osella, llega a los barrios para recolectar los DNI de los vecinos con escasos recursos económicos a cambio de mercaderías, medicamentos y hasta dinero. Promete que devolverá los papeles el día de la votación, cuando venga a buscarlos.

Mientras, en Esquina la situación es un poco más violenta. Allí, los hermanos del intendente radical Humberto Bianchi, quien se postula por un nuevo mandato, salen literalmente a “cazar” opositores con armas de fuego.

Debido a esto existe una exposición policial contra Rubén Bianchi, secretario de obras pública municipal quien apuntó con un arma 9 milímetros contra un grupo de militantes justicialistas que repartían folletos con las propuestas de gobierno del postulante de ese partido.

Los damnificados se presentarán este lunes 1º de octubre en el juzgado de instrucción para reclamar la investigación del hecho.

Anuncio inútil

El gobierno provincial anunció esta semana el lanzamiento de un número telefónico gratuito para la denuncia de ilícitos relacionada con el narcotráfico en el contexto de la seguidillas de visitas de funcionarios nacionales que llega a Corrientes para intentar apuntalar al postulante oficialista Gustavo Valdés y a los candidatos a legisladores nacionales.

En el acto que se realizó Salón Amarillo de Casa del martes 26 de septiembre participó el secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad de la Nación, Luis Green, acompañado por el subsecretario de Coordinación de dicha cartera, Vicente Autiero, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, representantes del poder judicial y efectivos de fuerzas seguridad nacionales que fueron obligados a presenciar la reunión como también miembros de la Policía provincial.

En los hechos se trató de un acto preelectoral, debido a que ningún programa antinarcóticos fue puesto en marcha por el Gobierno provincial en 16 años.

Otra evidencia del acto demagógico es que lo presentado es un sistema que existe desde hace más de una década en todo el país y que fue puesto en práctica en todo el país en el gobierno de Néstor Kirchner.

Desde 2002 la Gendarmería Nacional tiene en funcionamiento el 0800-888-8804 y el número 134, números gratuitos asignado en el año 1.999 para denuncias relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

En la provincia, se propuso un sistema similar años atrás cuando, en mayo de 2.014 la Legislatura Provincial aprobó la ley 6.271, que reglamentada por el Ejecutivo en junio de ese año.

La normativa establece el servicio de llamada gratuita para denuncias de narcotráfico, y otorga la administración del sistema al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes.

Para tal fin el Estado había gestionado una línea 0-800 que debería funcionar las 24 horas, con personal estatal que alertaría a las fuerzas de seguridad respecto de los ilícitos denunciados.

En noviembre de 2015, desde la Legislatura solicitaron informes al Ejecutivo para conocer la causa por la que, pese al estar aprobada la ley y a estar reglamentada el Gobierno de Ricardo Colombi nunca puso en vigencia el sistema de alerta. La solicitud nunca fue respondida.

La normativa que creó el 0-800 para denuncias de narcomenudeo y narcotráfico fue redactada por el senador Rubén Pruyas, quien mediados de 2.016 alertó nuevamente que el Ejecutivo estaba incumplió la ley 6.271, y que en los últimos meses se había incrementado la cantidad de centros de venta de drogas en las ciudades correntinas.

Demagogia

La excusa del Gobierno provincial y de los funcionarios nacionales para realizar nuevas erogaciones y montar un sistema telefónico paralelo a los ya existentes (con relativo éxito), es que los nuevos números (0-800-444-4060 y 0-800-555-5060) estarán conectado directamente al Operativo Conjunto Abierto Fronteras.

Esta especie de unificación de fuerzas fue puesta en marcha hace seis meses y subsiste entre internas entre las instituciones y falta de presupuesto.

Los logros más importantes del OCAF en el último semestre tuvieron que ver con el logro de importantes composiciones fotográficas y comunicados de prensa rimbombantes rubricados por la Ministra Patricia Bullrich, con el fin de orientar a la opinión pública, pero sin efecto real en la lucha contra el delito.

Está atribuido al Ocaf el incidente internacional que protagonizaron los efectivos de la Prefectura Naval que ingresaron a territorio Paraguayo, armados y sin autorización para intervenir en la incautación de diez toneladas de marihuana que habían realizado las fuerzas de seguridad del país vecino.

El Comando Fronteras tiene otra debilidad: Carece de practicidad para el desarrollo de acciones relacionadas con investigaciones judiciales. Es que al intervenir más de una institución la información de las causas judiciales se dispersa y se filtran, generando así que se frustre el avance de las causas judiciales.

Es por ello que los tres jueces federales de Corrientes (al igual que en las demás provincias) confían las averiguaciones a una sola fuerza de seguridad.