La irrupción ocurrió el lunes a la madrugada, cuando con una retroexcavadora del parque automotor municipal y un grupo de hombres, arribaron al barrio y en plena oscuridad arremetieron contra una vivienda en construcción y la demolieron.

Paso seguido, uno de los encargados de esa movilización, un abogado, Carlos Acosta, ex comisario, y otro profesional, de apellido Encinas, amenazaron con "prender fuego" las viviendas lindantes y amedrentaron a los vecinos para que abandonen ese terreno.

"Luego de votar, a las 5 de la mañana del lunes, entraron con una topadora a destruir las casas de los vecinos y amenazaron con matar a una vecina", denunciaron los vecinos.

Además de voltear viviendas, destruyeron plantíos de vecinos que viven en el lugar hace más de 30 años.

La situación generó una movilización vecinal a la Comisaría 15 para pedir la intervención de la fuerza de seguridad, pese a que advierten la existencia de posibles "connivencias" entre las autoridades policiales y los atacantes.

Algunos de los vecinos dijeron que habían sido "traicionados" por el intendente porque "trabajamos en la campaña para ellos (Eco+Juntos por el Cambio) y al otro día de las elecciones nos mandaron a demoler las casas".

Hasta el lugar se trasladó la fiscal en turno. Según los damnificados "la fiscal dijo que no autorizó ninguna irrupción ni demolición".

En medio de la manifestación llegó hasta el lugar Marcos Hanke, de la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales del municipio, quien se limitó a prometer "transmitir la inquietud al intendente".

Estas irrupciones, amenazas de muerte y agresiones se llevan adelante luego de que el gobierno municipal arremetió contra productores hortícolas en esa misma zona de la ciudad.

Fue la semana anterior de las elecciones, en una clara actitud de abuso de autoridad, que los funcionarios de la Municipalidad de Corrientes apelaron al uso de la fuerza para desalojar un terreno habitado por productores hortícolas en donde se producen toneladas de verduras que son vendidas a bajo costo en las ferias de las plazas.

Es el uso de la violencia fue contra personas de escasos recursos económicos que se dedican a abastecer de alimentos a los vecinos capitalinos.

El motivo del desalojo es que esas tierras pretenden ser entregadas a empresa privadas para la construcción de torres de departamentos, enmarcados en el proyecto Santa Catalina.

Quienes fueron desalojados la semana pasada son productores que integran una cooperativa de producción, familias pobres que se asociaron y solicitaron autorización al anterior intendente Fabián Ríos para plantar verduras en un predio del barrio La Tosquera.

En aquella oportunidad fueron afectadas un total son 80 familias que dependen de la producción de verduras para subsistir. Algunas de ellas, habitaban los terrenos circundantes a las huertas. Son ocho casillas precarias que eran habitadas por estos grupos familiares y donde guardaban semillas y herramientas.

El desalojo estuvo inspeccionado por funcionarios de la Municipalidad de Corrientes y fue ejecutado por la Policía de Alto riesgo.

Los municipales llegaron con topadoras y retroexcavadoras y acompañados de unos 50 efectivos policiales junto con David Moulin, interventor de la Caja Municipal, y autoridad responsable del proyecto Santa Catalina.

La movilización inició el día viernes anterior a las PASO con un fuerte operativo policial cuando la policía destruyó el alambrado perimetral y la casilla de la Coperativa Yvy Maraney, inscripta legalmente con la Matricula N° 56638, y avanzó sobre las plantaciones.

“Lamentamos evidenciar que el derecho de los vecinos antiguos, su derecho al trabajo y la producción de alimentos no tienen lugar en la política municipal hacia el desarrollo de Santa Catalina. Nosotros no tenemos nada que ver con la especulación de terrenos que hacen algunos, loteando y vendiendo ilegalmente. Nosotros hemos solicitado autorización para la siembra en esas tierras en tiempo y forma, pero las necesidades económicas de los vecinos cooperativizados no puede esperar a la lentitud de la burocracia, solo queremos trabajar la tierra”, indicó Pedro Cerdan, presidente de la Cooperativa.

Desde la Cooperativa Yvy Maraney (FeCaGua y FeTraC) reclaman al gobierno municipal” el fin de las acciones violentas que nos despojan de nuestro lugar de trabajo y amenazan la paz de los vecinos”.

"Exigimos el derecho que nos corresponde de tener un lugar para la producción de alimentos sanos, agroecológicos en la ciudad de Corrientes, en el marco del proyecto Santa Catalina. Llamamos a toda la ciudadanía de Corrientes, a las organizaciones sociales, políticas, culturales, ambientales, sindicales y de derechos humanos a acompañar la lucha por la tierra para la producción de alimentos sanos y no para los negociados", expresaron desde la cooperativa.

En la ciudad capital más pobre del país, se estima que un 49 por ciento de la población está bajo la línea de la pobreza, según los sondeos publicados por el Indec.

Quienes habitan la zona de la Tosquera son familias que subsisten con los plantíos que tienen en sus casas, otros son changarines y otros cartoneros. Algunos, además, se dedican a la pesca, pero todos son de condición económica pobre o indigente.