Una de las acciones será la distribución de folletos explicativos respecto a las falencias que fueron detectadas y por las que consideran que el titular del Ejectivo debería cesar en el cargo.

Los reclamos vecinales son en respuesta a un fallo del Superior Tribunal de Justicia que dejó sin efecto la suspensión del intendente, mientras se hace el llamado a un plebiscito para poner a consideración el cese en sus funciones.

Las actividades fueron propuestas durante una convocatoria realizada en sábado en el domicilio de la concejal del Frente para la Victoria, Cinthya Magaldi, donde el asesor legal del Concejo Deliberante local, Juan Manuel Cubilla Podestá, explicó las consecuencias del fallo del máximo tribunal provincial.

En la charla el letrado dio a conocer que “este fallo no resuelve la cuestión de fondo, y el plebiscito aprobado por los ediles para continuar con el proceso de destitución del intendente queda suspendido hasta que el Superior Tribunal de Justicia determine que es válido el pedido de los concejales”.

El apoderado del Poder Legislativo local explicó que en la reunión “los vecinos aseguraron que van a continuar trabajando para destituir al intendente, que van a salir a la calle, y van a realizar actividades fuertes para conseguir que más vecinos se preocupen por la situación del pueblo y así se pueda concretar la destitución”.

Denunció que “es una falta muy grave la del intendente, desde hace tres años no presenta los informes de los balances ni los comprobantes”.

Esta falencia llevó a que Cinthya Magaldi y Eusebio Portillo, dos de los tres concejales del pueblo, inicien un de juicio político contra el jefe comunal.

El proceso comenzó en junio, cuando pidieron explicaciones al Poder Ejecutivo por la falta de rendición de cuentas y luego procedieron a su suspensión por 30 días de las funciones del intendente.

La cuestión fue llevada al Superior Tribunal de Justicia provincial que dejó sin efecto esa determinación.

Posteriormente se avanzó en un cese en sus funciones por medio de una norma local y el llamado a una sesión en la que se realizó un juicio político.

El jefe comunal no asistió para defenderse, pero igualmente se lo expulsó del cargo.

Horas después el administrador local cuestionado judicializó nuevamente la controversia y los jueces de la Corte provincial ordenaron su reincorporación inmediata reincorporación.

Así el STJ dio lugar a la apelación presentada por González, quien proporcionó evidencia de las irregularidades que presuntamente se habrían cometido durante el proceso de juicio político que culminó con su destitución el 27 de octubre pasado, además de mostrar los balances que en su momento no habrían sido presentados al Concejo Deliberante y motivaron el conflicto.

En esa oportunidad, el intendente habló con diferentes medios locales y manifestó su preocupación por el desajuste institucional y las consecuencias que este tipo de acciones pudiera desencadenar. “La sanción no es válida. Todo el proceso está viciado de nulidad. Por ejemplo, sometieron a votación una destitución sin antes haber conformado una comisión investigadora. Esto no es algo legal sino parte de una premeditación política por intentar quedarse con un cargo que no ganaron en las urnas”, consideró el Jefe comunal.

Ahora los ediles y los vecinos retomaron las acciones para expulsar al representante de la Unión Cívica Radical que fue electo en 2012 como el primer intendente de la localidad y que continúa en el cargo.

El ingeniero agrónomo desestima todo reclamo y resiste al embate con apelaciones judiciales.