Sin embargo consideró que pese a la falta de “noticias” relacionadas con ilicitudes cometidas en la Policía, “puede ser” que existan funcionarios corruptos, porque “pueden haber excepciones y situaciones puntuales y tendrán el trato que se merecen”.

Excusó la situación en que “en todos los ámbitos hay personas que se alejan de los valores y la misión que debe cumplir”, pero buscó minimizar la cuestión a comparar la situación con otras provincias en los que sí se hicieron públicos los casos de actos de corrupción.

“No ocurre como en otras jurisdicciones como en Buenos Aires”, dijo Desimoni al señalar a la fuerza de seguridad al mando de la referente de Cambiemos, y gobernadora de esa provincia, María Eugenia Vidal.

En esa provincia fueron descubiertos cobros de coimas por parte de jefes policiales, y en esas investigaciones secuestraron grandes cantidades de dinero y se descubrieron posibles vínculos de policías con organizaciones criminales.

En este sentido el ministro Desimoni prometió: “si detectamos funcionarios con esa intención no tendremos dudas de apartarlos, porque la Policía está del lado de la sociedad, esa es su misión y todos están comprometidos. No tendremos problemas si se detecta a una situación de un funcionario policial que no sea la que tenga que ver con su misión, vamos a apartarlo”.

Esto ocurre mientras los subalternos de varias unidades policiales realizan denuncian en forma anónima hechos corruptos en la institución. “Es imposible hacer denuncias formales porque corremos el riesgo de ser sancionados o expulsados por nuestros superiores”, aseguran.

Una de estas denuncias se había hecho publica el año pasado cuando NOVA tuvo acceso a una nota escrita por un grupo de uniformados en actividad que expresaron: “Queremos denunciar el malestar por el mal desempño de la Unidad Regional de Saladas, José Luis Romero y del comisario Inspector Carlos Anibal Aguirre, quienes desde que asumieron, en Enero de 2017, nos quitan el dinero que debemos percibir por los servicios adicionales que desarrollamos”

Aseguraron que las autoridades jurisdiccionales de la Policía de Corrientes evitarían registrar los ingresos de fondos extras y supuestamente se apropian de ese dinero. Explicaron que los mandos de la Unidad Regional VII tienen la función de coordinar y controlar las actividades de las Comisarías y divisiones especiales de las localidades de Saladas, Empedrado, Mburucuyá y Concepción, lugares los uniformados estarían obligados a desarrollar servicios extras por imposición de sus superiores, sin recibir remuneración.

Estas jornadas de trabajo presuntamente irregulares se iniciarían a las 6 cuando se instala una custodia para el traslado de caudales desde las estaciones de servicio ubicadas sobre la Ruta 12 hasta el Banco de la Nación Argentina de la localidad de Saldadas.

Para ello se pondría al servicio de las firmas de hidrocarburo un vehículo con dos efectivos para custodiar a los encargados de las empresas a realizar los depósitos diarios de la recaudación. “Esta actividad de custodia de caudales es un trabajo extra de alto riesgo", remarcaron ante la consulta de NOVA.

Allí también denunciaron que los oficiales ordenaron el retiro de todo elemento identificable de móviles policiales con el fin de utilizarlos para actividades personales.

En otras jurisdicciones sostuvieron que se les obliga a realizar guardias en comercios en horarios de prestación de servicios, y que el dinero que abonan los comerciantes es utilizado para compra de equipamiento para las oficinas de los comisarios, por ejemplo.

En localidades de grandes extensiones rurales, como San Cosme, San Luis del Palmar, Itatí, Mburucuyá, entre otras, los mismos jefes policiales intervienen en al organización de carreras cuadreras en las que cobrarían importantes montos para permitir el desarrollo de esa actividad de dudosa legalidad.

Esto, surge además de un expediente judicial federal en la que se vincula a integrantes de una supuesta organización narco con la realización de estas carreras de caballos.

Las denuncias de corrupción se hicieron públicas desde hace tiempo, pero el anterior titular del área de seguridad, el actual ministro de planificación, Horacio Ortega había desoído la denuncia de los pobladores de Itatí –que hasta hicieron una pueblada con marchas de silencio- respecto a connivencias entre organizaciones delictivas y funcionarios pliciales.

Este funcionario respaldó y ratificó en el cargo al entonces comisario de ese poblado, Diego Ocampo Alvarenga quien semanas después fue apresado por orden de un juez porteño en la conocida causa del Operativo Sapukay.

Cuando apresaron a ese oficial y a otros dos subalternos hallaron en la Comisaría panes de marihuana, envoltorios con coaína, armas ilegales y dinero de origen ilegal.

Desde el gobierno también respaldaron a dos acusados de haber robado y faenado vacas en la localidad de Pueblo Libertador, quienes posteriormente fueron sospechados de haber amenazado a un juez. Estos finalmente fueron desvinculados de esas causas por cuestiones técnicas.

También evitaron investigar al menos cinco muertes en las que están relacionados efectivos policiales. El último, el de un chico joven que había sido sacado de un cumpleaños de 15 en Mercedes por dos policías que lo habrían asesinado a golpes.