Lo que se expuso es que la funcionaria judicial mandó a desalojar una casa construida por el Instituto de Viviendas de Corrientes, habitada por una familia. Es que esa vivienda estaba asignada a otra persona, la cual la abandonó, dejando así de ejercer su derecho y contrariando la normativa provincial vigente que establece claramente que los adjudicatarios de las casas deben vivir en ellas en forma ininterrumpida y pagar las cuotas convenidas.

El titular de este inmueble dejó de utilizar la casa y tampoco afrontó el compromiso de pago, aunque permitió a una familia que se aloje en la misma.

Según la denuncia “la vivienda es habitada por el grupo desde el 20 de marzo de 2016, hace más de 5 años, según la demanda promueve que la Resolución, por la cual se pretende desalojar, es contraria a la Ley expresa invocada por las partes, incurriendo en el delito de Prevaricato previsto y penado en el artículo 269 del Código Penal”.

Indica el escrito, además, que “la resolución, que ha dictado la jueza Batalla, para el desalojo, es contraria a las leyes provinciales del Invico, incurriendo en el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal”.

La denuncia fue impulsada por Julio Bernardino Escalante, con el patrocinio del abogado Oscar Ernesto Tovani.

El letrado representante hizo notar además que “dejar sin vivienda a una familia es contraria a las normas constitucionales básicas que garantizan el acceso a la vivienda y además daña los derechos de los menores, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño que tiene rango constitucional”.

Es por ello que en la denuncia acusa a la jueza de “haber dictado resoluciones contraria a la Ley expresa invocada por las partes y subsidiariamente por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal, por haber dictado resoluciones u órdenes contrarias a las leyes provinciales”, esto es, la normativa que regula el uso de las casas del Invico.

La misma normativa indica que “toda persona al momento de ser adjudicada con una vivienda por parte del Instituto de Viviendas de Corrientes, se sujeta a una serie de cláusulas resolutorias entre las cuales está la de habitabilidad regular y continua por parte del titular y su grupo familiar conviviente declarado en la ficha de inscripción, lo que significa que no podrá ceder o dar en préstamo, o trasferir en forma onerosa o gratuita, o en venta o en alquiler esta vivienda (…) el poseedor se obliga habitar la vivienda en forma inmediata, quedando desde ese momento a su exclusivo cargo la custodia de la misma”.

Por último, el abogado remarca que “el único titular registral de la vivienda que posee derecho para solicitar un desalojo es el Invico, por más que la Jueza quiera devolver con una cautelar la vivienda a una persona que el propio Invico le está diciendo que ha perdido todo derecho sobre la misma”.

Actualmente, la familia está en vilo, porque la magistrada había mandado a desalojar la casa, pero cuando las autoridades llegaron al lugar, la casa estaba cerrada y el operativo se suspendió. Lo que se teme es que ahora la jueza mande a sacar todas las pertencias de esa familia y deje literalmente en la calle a los cinco niños y a sus padres.