Piden el procesamiento del ex juez Carlos Soto Dávila y su secretario por pinchar teléfonos
El Ministerio Público Fiscal Federal pidió el procesamiento del ex secretario judicial Pablo Molina y del ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila por haber pinchado teléfonos de forma ilegal, utilizando para ello su rol de funcionarios.
El pedido lo hicieron el fiscal Carlos Schaefer y el magistrado federal Juan Carlos Vallejos, quien recibió la denuncia del Ministerio Público Fiscal Federal respecto de supuestas "pinchaduras" de teléfonos ordenadas por ambos funcionarios, principalmente a mujeres en quienes los ahora ex funcionarios judiciales tendrían un interés personal.
Lo que se les imputa es que espiaban las llamadas telefónicas de mujeres respecto de las que Molina tenía un interés personal, y hasta de su pareja porque sospechaba que ella lo engañaba.
Ambos fueron indagados con la asistencia de las abogadas Mariana Barbitta -representante de Soto Dávila- y Valeria Corvacho, defensora de Molina, el día 6 de agosto pasado.
Lo que se les imputa es la infracción a los delitos de “violación de secretos y la privacidad”, “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y “falsificación ideológica de documento público”.
Según el expediente, Agencia Federal de Inteligencia (AFI) intervino líneas telefónicas por pedido oficial de Molina, con el aval de su jefe, el ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila.
Pero, los pedidos estaban “sueltos”, es decir, no había una resolución previa que respalden esos oficios.
Incluso, los escritos estaban vinculados a una causa en la que se investigaba el tráfico de droga a Mendoza, pero todos los integrantes de la banda estaban presos.
Al respecto, se presume que Molina sospechaba que su esposa lo engañaba y usó su cargo para intervenir judicialmente el teléfono de la mujer con quien estaba en pareja y el de un antiguo novio de ella, debido a que sospechaba que estaba siendo engañado.
Trascendió también que en una de las escuchas Molina la amenazó de muerte. La acusación de la Fiscalía, sostiene que "de manera ilegal destinaron recursos económicos del Estado, movilizaron al personal de las fuerzas de seguridad y al personal encargado de las interceptaciones telefónicas debido a una mera sospecha de infidelidad".
"Dos funcionarios judiciales, investidos con el mandato constitucional de perseguir graves delitos vinculados por ejemplo con la narcocriminalidad, la trata de personas o los secuestros extorsivos, decidieron poner en marcha un andamiaje estatal en provecho propio", fundamenta el Ministerio Público Fiscal.
Por otra parte, tanto Soto Dávila como Molina se encuentran con procesamiento firme en la denominada causa “Sapucay”, acusados de cobrar coimas a traficantes de marihuana de la localidad correntina de Itatí.
La hipótesis es que los ex funcionarios judiciales de Corrientes cobraban por excarcelaciones o desvinculaciones en procesos por narcotráfico.
